Hace tres años, la CICIG advirtió que el programa “no ofrecía las condiciones de seguridad para los testigos y tampoco tenía personal calificado”. Bien haría Colom en instruir al Ministro de Gobernación para que garantice la protección de las personas que colaboran con el sistema de justicia. Siendo la razón de ser de esta oficina prestar “las debidas garantías de protección a los sujetos procesales, a fin de que éstos no se vean afectados por amenazas, intimidaciones, tráfico de influencias ni otro tipo de presiones”, son insoportables e inaceptables las carencias que rodean a tan importante entidad. Tres años después del diagnóstico de la CICIG, es evidente la incapacidad para arreglar el problema, la cual ha llevado al ente que dirige Carlos Castresana a proveer protección a sus testigos. Para tratar de justificar lo que parece una muestra de indolencia, las autoridades recurren al mismo pretexto: no hay dinero, respuesta que ha colmado la paciencia de los contribuyentes. (SV: 14)