Si no se aprobara el proyecto de presupuesto, entonces el 1 de enero de 2011 entrará en vigencia el mismo presupuesto de 2010 que, a su vez, es el mismo presupuesto de 2009, puesto que el año pasado no hubo consenso para su aprobación. Cuando no se aprueban los presupuestos, la política fiscal sufre retrasos y una mayor opacidad como consecuencia de las transferencias y modificaciones que se deben hacer para adecuarlo a la realidad. Además, los programas operativos elaborados por los técnicos de cada institución se convierten en letra muerta y junto con ellos las metas a alcanzar. Como consecuencia de estos problemas, los beneficiarios de la producción de bienes y servicios públicos también padecemos. El Congreso de la República tiene en sus manos la responsabilidad de aprobar el presupuesto de la nación para 2011, pero es evidente que la sociedad debe tener una postura clara sobre los argumentos a favor de esta aprobación. Las manifestaciones que organizaciones sociales y empresariales han hecho a favor de más recursos, ya sea para salud, educación, seguridad o infraestructura, deberían ir acompañadas de una idea clara de cómo se van a financiar sus exigencias. La política fiscal es una ecuación clara en la que, por un lado, si se desea más inversión, se debe pensar también en las fuentes de recursos posibles. En este momento es urgente la aprobación del presupuesto para 2011, pero el próximo año, que es electoral, la sociedad debería aprovechar la oportunidad para obligar a los candidatos a la presidencia a que definan sus planes de gobierno, que serán sus cartas de navegación, y a que nos cuenten cómo se va a pagar la factura de dichos planes. Porque estoy seguro de que todos querrán un país más competitivo, más seguro, más educado y más sano. Usted y yo, los ciudadanos de este país, debemos estar claros en que no hay un proyecto de nación sin una política fiscal que le dé vida. (DCA)