Opinión

Si en Guatemala, a partir de la instalación de los gobiernos civiles se hubiera iniciado un real y efectivo proceso de democratización y los diversos sectores hubieran pujado y empujado la construcción del Estado de Derecho, otro gallo cantaría. Pero todos sabemos que tanto el poder económico como militar condicionaron y obstaculizaron el proceso e intentaron deponer varias veces al primer Gobierno civil porque no respondía a sus intereses, y porque la paz y la justicia no les interesaba. A ello hay que agregar la falta de faroles del Gobierno. Quien fuera presidente del país en ese momento, sabe perfectamente por qué no hizo nada, absolutamente nada para cumplirlos y los demás gobiernos y partidos, las razones de por qué no les dio la gana convertirlos en su agenda de Gobierno. Por eso, a las organizaciones de la sociedad civil y especialmente a las de derechos humanos, no les quedó más que clamar a la comunidad internacional y proponer a través del Procurador de los Derechos Humanos, la creación de un instrumento que contribuyera a sacar al sistema de justicia de su parálisis, y ayudara a este pueblo a construir barreras contra la impunidad. Los de siempre pegaron el grito en el cielo y han insistido en la “defensa de la soberanía”. Pero ni modo, la CICIG es contra la impunidad, y su prórroga no puede ser bien vista por quienes están acostumbrados a hacer lo que quieran, a enriquecerse como sea y a jalar el gatillo contra cualquier ser humano, sin que les preocupe de que les vaya a caer encima el peso de la justicia. No pidamos peras al olmo si no somos capaces de presionar y denunciar con pelos y señales a quienes obstruyen la aplicación de la justicia. Pienso en las organizaciones sindicales que no deben defender corruptos y contribuir a desbaratar estructuras paralelas en las instituciones. (EP)