Con motivo de la visita del Secretario General de Naciones Unidas Sr. Ban Ki Moon, que tendrá lugar en Guatemala del 15 al 17 de marzo de 2011, las organizaciones abajo firmantes, como integrantes de la sociedad civil organizada, ante el incremento de los feminicidios en Centroamérica, especialmente en el triángulo norte, formado por El Salvador, Honduras y Guatemala,
CONSIDERAMOS:
Que los feminicidios son crímenes de lesa humanidad y resultados directos de la desigualdad entre hombres y mujeres.
Que el incremento de la violencia de género, en especial de las formas más extremas: los feminicidios, es un problema regional que se produce en el contexto de discriminación y pobreza que sufre la gran mayoría de las mujeres de Centroamérica.
Que la violencia contra las mujeres tiene como base la estructura de dominación patriarcal que alienta la reproducción de los delitos por razones de género como una forma de coerción infringida al cuerpo político colectivo, a través de los cuerpos individuales de las mujeres.
Que los cuerpos de las mujeres son y han sido los campos de batalla de las diferentes modalidades de conflictos armados –convencionales y no convencionales- en la historia de Centroamérica: en ellos se ha ejecutado y exhibido la capacidad de crueldad, peligrosidad y poder de muerte que detentan los grupos armados, como una estrategia sistemática para aterrorizar a la población.
Que en el contexto actual de la violencia contra las mujeres en Centroamérica, nuevos tipos de violencia instrumentalizada a favor de grupos criminales organizados conviven con la forma más conocida y extendida: la violencia en las diferentes etapas y modalidades del ámbito de la pareja.
Que en los escenarios bélicos no convencionales que configuran la actualidad en Centroamérica se oculta y minimiza la violencia feminicida tras el panorama generalizado de la violencia.
Que la economía criminal convierte a miles de mujeres, todos los años, en la mercancía de las redes de trata y del mercado de la prostitución, también en cobradoras de los impuestos de guerra establecidos por establecidos las pandillas, en transportistas de droga, en úteros productores de niños y niñas destinados a las adopciones (la mayoría de ellas ilegales) y a la trata, en un mercado que, favorecido por la posición geoestratégica de Centroamérica, en especial del triángulo norte y por el desorden neoliberal, recrudece todas las formas de violencia contra las mujeres.
Que los feminicidios son el resultado final de un continuo de violencia donde “los hombres matan a las mujeres porque pueden.” (Rashida Manjoo, 2010) Y que esa impunidad de los delitos por razones de género fomenta y reproduce comportamientos misóginos que suponen graves obstáculos para la consolidación de la democracia y de la gobernabilidad en Centroamérica.
Que la seguridad de las mujeres y de las niñas no ha sido priorizada en las agendas políticas de la región centroamericana. Las mujeres, de todas las edades, continúan siendo un blanco estratégico de los ataques de los diferentes grupos armados, ante la debilidad de los Estados, que son responsables -por acción y por omisión- de la violencia ejercida contra sus cuerpos.
Que la situación que viven las mujeres de Centroamérica es de inseguridad y riesgo permanentes, por el solo hecho de ser mujeres.
Que los feminicidios son un crimen de Estado.
ANTE ESTA REALIDAD SE HACE NECESARIO REFORZAR:
Los pronunciamientos y recomendaciones de la ONU, a través de diferentes y reiterados llamados, en los cuales se ha manifestado a favor de establecer políticas de Estado, en los diferentes países de Centroamérica, para tipificar el asesinato de mujeres y niñas como un delito particularmente grave y condenable. Así como de la necesidad de crear unidades especializadas en la investigación y enjuiciamiento de los feminicidios y otras formas de violencia, como las violaciones sexuales y el acoso sexual, la trata y el tráfico de mujeres, que prevalecen en la zona.
El cumplimiento de los compromisos adquiridos por los Estados centroamericanos a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 (CEDAW) y su Protocolo Facultativo de 1999 (que no ha sido ratificado por todos los países de la región), y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará) de 1994, así como las Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre otros.
TENIENDO EN CUENTA ALGUNAS SITUACIONES ESPECÍFICAS DE GRAN RELEVANCIA:
Según datos del Parlamento Centroamericano (PARLACEN): “Sólo en esos tres países (Honduras, El Salvador y Guatemala) fueron asesinadas el pasado año más de 1.530 mujeres y la nación con más casos fue Guatemala, con 685 muertes violentas”.
En el Salvador, 580 mujeres fueron asesinadas durante el año 2010: el 31% fueron víctimas menores de 25 años. La mayoría de estas muertes fueron antecedidas de agresiones sexuales, consumadas con arma de fuego; muchas fueron cometidas con extrema crueldad. Algunos cuerpos fueron cercenados y abandonados en la vía pública. Las principales preocupaciones y mayores problemáticas que aquejan a las mujeres en El Salvador son: los feminicidios y el irrespeto a los derechos sexuales y reproductivos, incluida la penalización absoluta del aborto, situación que se empeoró con la no ratificación por parte de la Asamblea Legislativa de este país del Protocolo Facultativo de la CEDAW.
En Honduras: una mujer ha sido asesinada cada día durante los dos primeros meses de 2011. Los feminicidios incrementaron 160% a raíz del Golpe de Estado. El 80% de las víctimas fueron ultimadas con armas de fuego y los femicidios ocurrieron como resultado de crímenes múltiples cometidos sobre los cuerpos de las mujeres. Según las estadísticas de las Unidades de Delitos contra la Vida de las Mujeres, de 944 casos de muertes violentas de mujeres, entre 2008 y 2010, sólo se han obtenido 61 sentencias (6.4%). Honduras tampoco ha ratificado el Protocolo Facultativo de la CEDAW.
En Guatemala, los datos del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica (COMMCA), indican que entre 2000 y 2009 murieron de forma violenta 5.027 mujeres. Sólo en 2010 se reportaron 784 asesinatos [1], 50.000 denuncias anuales por violencia intrafamiliar (CENADOJ) y 10 mil violaciones sexuales [2]. El índice de impunidad, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es del 98%. La discriminación contra las mujeres está presente en las mismas estructuras del Estado, donde están mínimamente representadas en los cargos de decisión: no hay una sola Ministra en el Gabinete del Gobierno, únicamente hay 18 diputadas para un total de 158 diputados; sólo hay una magistrada en la Corte Suprema y una en la Corte de Constitucionalidad. El último censo poblacional, en 2002, indicaba que la población estaba compuesta por el 51.07% de mujeres.
ANTE LO EXPUESTO, DEMANDAMOS A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU:
Que, como principal órgano deliberativo de formulación de políticas y representativo de las Naciones Unidas, priorice en la agenda política el debate multilateral sobre la violencia feminicida, sus vías de prevención, sanción y erradicación.
Promover sanciones a los países que incumplan con las recomendaciones formuladas para combatir los feminicidos en Centroamérica.
Promover, en consonancia con todo lo anterior, un compromiso real y efectivo de todos los países parte en la Asamblea General, referido a la concesión de protección internacional a las mujeres que huyen de la violencia de género, cuando sea razonable entender la ausencia de seguridad en sus países de origen.
Que exija a los organismos nacionales y regionales, en especial los creados por mandato de la ONU, como la CICIG y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), así como al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), entre otros, la implementación de mecanismos de investigación destinados a reducir la impunidad de la violencia feminicida y la implementación de políticas de Estado a favor de la lucha contra la violencia de género.
Que los órganos subsidiarios de la Asamblea General se sumen de forma activa al tratamiento y abordaje de la violencia feminicida, en especial del Comité contra la Tortura, la Comisión de Derecho Internacional y el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer.
Que exija a los Estados Miembros el aumento del apoyo financiero, técnico
y logístico a las actividades de adiestramiento destinadas a sensibilizar en materia de género, incluidas las que llevan a cabo los fondos y programas pertinentes, como el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
AL CONSEJO DE SEGURIDAD:
Que, como encargado de velar por la paz y la seguridad internacionales, determine la existencia de las amenazas a la paz producidas por los conflictos armados de bajos niveles de formalización que se disputan actualmente en Centroamérica y recomiende qué medidas se deben adoptar por parte de los Estados miembros, incluyendo sanciones económicas y otras medidas que no entrañen el uso de la fuerza, con el fin de impulsar soluciones regionales contra la violencia feminicida.
Formular planes para el establecimiento de un sistema de reglamentación de los armamentos en la región, así como de análisis de las nuevas modalidades de conflictos armados, basándose en los aspectos contemplados en las Resoluciones 1325 y 1820, relativas a las mujeres, la paz y la seguridad.
Recomendar que se depuren las responsabilidades internacionales estatales, mediante litigios e investigaciones relativos a la lucha contra la violencia feminicida a la Corte Internacional de Justicia.
Instar al fiscal general del Tribunal Penal Internacional para que investigue y decida sobre la necesidad de abrir una causa contra los responsables individuales de la comisión, por acción u omisión, de feminicidios tipificados como crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, según en contexto en que se cometan.
AL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL:
Que, como garante del impulso mejoras en las condiciones de vida de los pueblos del mundo mediante y del logro de más estabilidad y más justicia, ejecute la transversalización de la perspectiva de género en sus Comisiones Orgánicas, en especial en la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, en la Comisión de Población y Desarrollo, al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y la Comisión de la Condición Jurídica y social de la Mujer.
A LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA:
Que se planteen demandas interestatales ante la Corte Internacional de Justicia para depurar las responsabilidades de los Estados, por acción y por omisión, ante los crímenes de Estado que suponen las violaciones sistemáticas de los derechos de las mujeres, en concreto los feminicidios.
Que se plantee una Opinión Consultiva ante la Corte Internacional de Justicia para que se pronuncie sobre si los feminicidios o la falta de investigación sobre la comisión de los feminicidios supone un hecho ilícito internacional atribuible a los Estados y qué consecuencias internacionales comporta.
A ONU MUJER, A TRAVÉS DE SU DIRECTORA EJECUTIVA, SRA. MICHELLE BACHELLET:
Dando la bienvenida a la creación de esta entidad fruto de años de negociaciones entre los Estados miembros y el movimiento global de mujeres, la instamos a abordar como una prioridad impostergable la lucha contra los feminicidios en Centroamérica y a fortalecer y unificar el trabajo de Naciones Unidas en ese campo.
Velar por el cumplimiento de los mandatos de su creación, fomentando y fortaleciendo la participación y el liderazgo de las mujeres y luchar por el fin a la violencia de género; así como se enfocarse en mejorar la situación económica y –principalmente- en abogar por hacer de la igualdad entre los géneros una prioridad para los gobiernos.
A LA SECRETARÍA, A TRAVÉS DE SU SECRETARIO GENERAL, SR. BAN KI-MOON:
Mantener su compromiso con la paz y la seguridad, de acuerdo a las prioridades por Vd. mismo expresadas respecto a “fortalecer la capacidad de las Naciones Unidas para que pueda cumplir su función con la mayor eficacia en la prevención de conflictos y el establecimiento, mantenimiento y consolidación de la paz”.
Fortalecer el combate contra todas las formas de violencia hacia las mujeres, en especial contra los feminicidios, manteniendo la vigencia de sus palabras: “Debemos asegurarnos de que la comunidad internacional está unida en la lucha por los derechos de la mujer, porque el mundo solo logrará su pleno potencial cuando se haya empoderado a las mujeres. Un elemento crítico en esa lucha es poner fin a la epidemia de violencia contra la mujer en todo el mundo —en el hogar, en el trabajo y en otros lugares. Este tipo de violencia va contra todo con lo que se identifica a las Naciones Unidas, y debemos poner fin a la cultura de silencio que únicamente sirve para proteger a quienes perpetran tales actos.”
Transmitir las peticiones arriba formuladas a las diferentes instancias de la ONU, para la el abordaje y tratamiento de la violencia feminicida como una problemática internacional de dimensiones, cada vez mayores, con graves efectos sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad en Centroamérica.

“El aumento alarmante de asesinatos de mujeres y niñas en el
triángulo negro se asienta en una cultura de odio contra las mujeres
y en el fracaso de los sistemas judiciales.”
Rashida Manjoo.

Comisión de Redacción:
Colectiva Feminista de El Salvador
Centro de Derechos de las Mujeres de Honduras
Asociación de Mujeres de Guatemala AMG
Organizaciones firmantes: adherirse escribiendo a contacto@mujeresdeguatmala.org o llamando al +34 911623028

[1] Las cifras de asesinatos de mujeres no coinciden porque no existe un sistema centralizado, como el que ordena la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer.
[2] Según Médicos sin Fronteras.