Opinión

Han transcurrido más de 12 años de la firma de los Acuerdos para una Paz firme y duradera y se cumplen 10 años del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, CEH. Estos 2 hechos no se pueden separar, como no se puede separar el desarrollo económico y la justicia social de la ampliación y consolidación de la libertad para todos; una cosa presupone la otra. Para ser más precisos: no habrá desarrollo económico incluyente con justicia social, sin libertad; y no habrá libertad sin justicia. Por ello es imprescindible integrar al debate y a las tareas de lograr una vida mejor para todos, la necesidad de terminar con la impunidad. La recuperación de la memoria histórica, la condena social a los crímenes del terrorismo de Estado, la identificación y el juzgamiento de los culpables, no son solamente componentes de la justicia histórica, son también requisitos indispensables para la construcción de una sociedad verdaderamente democrática y, además, condiciones imprescindibles para lograr el desarrollo integral como sociedad. En Guatemala el informe de la CEH, las exhumaciones en cementerios clandestinos, el reciente pedido de perdón del Estado e incluso la decisión de hacer públicos algunos planes militares de exterminio de población civil son, sin duda, pasos importantes, pero no alcanzan. El mantenimiento casi sin fisuras de la impunidad deja vigentes y prácticamente intactas estructuras que manejan cuotas de poder que se le quitan a la sociedad, son bolsones de oscurantismo y despotismo, son agujeros negros para la democracia, son zonas de “no libertad”. (PL: 18)