Por: Byron Morales
Guatemala, 16/02/2012
La incapacidad del Estado de Guatemala y sus instituciones de brindar respuestas a los requerimientos sociales sigue sustituyéndose con advertencias de persecución y uso de la fuerza pública.
Los recién estrenados funcionarios del Ministerio de Gobernación están utilizando su mejor retórica para lanzar calumnias y retorcimientos de importantes acciones sociales, a la usanza de los más intensos tiempos de la contrainsurgencia. Pareciera que no están tan lejos de hacerse realidad los escenarios -en apariencia alarmistas- de algunos grupos sociales que a principios de año miraban con pavor el cambio de gobierno.
Como sea, la olvidadiza y pasmada democracia guatemalteca sigue de piernas cruzadas frente a crudos problemas nacionales, abonando a la inestabilidad y la protesta popular en amplias zonas del país. Estamos ahora, ya no frente a una incipiente democracia sino ante la consolidación de una ‘democradura’ (como le llaman algunos científicos sociales a la existencia de constituciones progresistas y gobiernos con prácticas muy reaccionarias y oligárquicas).
La política sigue manteniendo a los ciudadanos en el olvido, incapaz de dar respuestas satisfactorias a viejos reclamos. La esencia de las denuncias sociales sigue siendo la misma: las instituciones estatales y sus agentes permanecen a disposición de poderosos intereses de terratenientes convertidos hoy en nuevos socios de la producción e interconexión eléctrica en el país y de actividades extractivistas y agrícolas que sustituyen la producción de alimentos por agro combustibles. Para más muestra, la denuncia campesina de lo sucedido en febrero 2012 en aldea El Regadío, municipio de Cunén, Quiché.
El Estado nuevamente da la espalda a los procesos sociales y persiste en su intento de ocultar lo que verdaderamente hay detrás de las controversias que movilizan la protesta popular. Al menos eso indican las últimas versiones oficiales que han declarado a cincuenta y ocho municipios como amenazantes e ingobernables, entre ellos el de Cunén.
Las autoridades están presentando las luchas ciudadanas como signos interesados de desestabilización provenientes de obscuros intereses de narcos y criminales o de extranjeros revoltosos. Sostienen sin empacho que se trata de ‘luchas falsas’, vinculando y también generalizando en forma peligrosa actividades ilegales con la legítima acción colectiva de grupos indígenas y campesinos.
Tales elucubraciones y manejo de la opinión pública se hacen con pequeñas mentiras que ocultan grandes verdades. La población se moviliza porque tiene razones poderosas, porque su supervivencia no está garantizada ni siquiera en lo más elemental, porque los dueños, los finqueros, los grandes empresarios privados están atropellando los intereses y la dignidad de las comunidades.
No puede obviarse que la población ya no es la misma, está más preparada; en alguna medida quizá despolitizada, pero más convencida que nunca que debe luchar por su entorno vital, por el lugar, por la naturaleza. No es necesariamente una lucha con hondos componentes políticos sino una lucha por la vida, porque es la vida la que está en juego. Ojalá pusiéramos empeño en que eso cambie: hay que politizar las luchas, politizar a la población.
Cuando a finales del 2011 y principios del 2012 se expresaban temores por la llegada de un gobierno compuesto en buena medida por militares retirados, algunos insistimos en que era una exageración que mostraba un encuadre mental en el tiempo, como si la historia se repitiera en forma mecánica. La posición sigue siendo la misma: los gobiernos oligárquicos y neoliberales de Arzú y Berger, se diferencian únicamente en los discursos panfletarios de Portillo y Colom, pero la manipulación de las carencias de la población, los negocios obscuros y corruptos, las comparsas criminales y los oídos sordos a los reclamos populares, siguen siendo los mismos.
Existe un entramado institucional cuya fisonomía describe y protege el proyecto capitalista hegemónico y los intereses de grupos reducidos que se enriquecen a su amparo. Esto colisiona de frente con los más agudos problemas y rezagos nacionales que afecta a extensas mayorías. Cualquier gobierno, incluido por supuesto el de Pérez, cuenta con todas las herramientas legales y los medios para sofocar la protesta popular, a lo que debe agregarse una ingente necesidad de mostrar en todo su esplendor ‘la mano dura’, al menos con los sectores más vulnerables. Otro, habría hecho lo mismo.
Los sectores populares no se pueden cruzar de brazos sino darle forma todos los días a la esperanza y convencerse que ésta depende de la fuerza organizada del pueblo, hoy día decaída en unas regiones, pero creciente y acumulándose en otras partes del país.