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1.
Introducción
2.
La lucha política
3. Los avatares de la política
fiscal y la economía
4. Las negociaciones comerciales
5. La inseguridad
6. Las limitaciones del
gobierno de GANA
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Introducción
El arte de gobernar debe siempre estar acompañado de un
programa, que contengan los pasos para realizar una buena administración,
esto debe ser entendido, como el diseño e implementación
de políticas públicas que sostengan el discurso.
Sin embargo y lamentablemente, para los políticos guatemaltecos
esto es recurrentemente irrelevante, ya que, como se pudo comprobar
durante el período de gobierno del Frente Republicano Guatemalteco,
FRG, el Presidente Alfonso Portillo intentó sostener, a
través del discurso populista de la campaña, cuatro
años de gobierno, en el que las características
principales fueron: la improvisación, el enfrentamiento,
la corrupción y el desfalco de la "cosa pública".
Es necesario señalar que por primera
vez, desde la Revolución de Octubre de 1944, desde el Gobierno
se cuestionó al poder económico tradicional y, aunque
limitadamente, se le obligó a cumplir con obligaciones
tributarias que históricamente se ha negado a cumplir.
Lo lamentable fue que el enfrentamiento, se produjo en aras del
beneficio de una clase económica emergente, con un poder
económico de dudoso origen, que durante el gobierno del
FRG, se benefició grandemente y contribuyó al desfalco
del Estado.
La característica fundamental del
anterior período, fue la lucha por el control del Estado,
entre el poder económico tradicional y el emergente. El
resultado de este enfrentamiento no se tradujo en beneficio para
la población.
La falta de coherencia entre el discurso
populista del Gobierno de FRG-Portillo y los constantes enfrentamientos
contra los sectores de poder, propiciaron una derrota anticipada
del candidato presidencial del FRG, Efraín Ríos
Montt.
De esta manera las elecciones fueron tomando
otro matiz y la disputa quedó entre el actual presidente
Óscar Berger, candidato de la Gran Alianza Nacional, GANA,
y Álvaro Colom de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE.
La contienda se polarizó y el sector empresarial que apoyaba
a Berger, insistió en señalar las semejanzas entre
el discurso de Colom y Portillo, con lo cual logró algún
nivel de incidencia en la población que se tradujo en apoyo
a Óscar Berger, haciéndolo triunfar en la segunda
vuelta. Eso nos permite afirmar que a pesar de la aceptación
de Berger, se votó en contra del FRG y no a favor de la
GANA, que en el escenario político tan polarizado por unos
y otros, representa aunque con notables matices, a la vieja oligarquía
explotadora, excluyente y racista.
El proyecto de la GANA, fue construido de
prisa, sobre la base de privilegiar la creación de un generalizado
y único (lo que no fue logrado), frente común en
contra de Ríos Montt y el FRG. Todos los candidatos con
posibilidades y los partidos que los respaldaban, fueron presionados
por el gran poder económico para integrar GANA, la presión
fue efectiva con la mayoría de ellos, excepción
hecha de Álvaro Colom.
Debido a estas presiones, GANA tiene como
principal debilidad, la ausencia de un proyecto político,
la dispersión de sus integrantes, el que se expresen intereses
particulares de manera exacerbada y el desapego de la mayoría
de sus miembros a un plan de Gobierno bastante bien elaborado,
pero que resulta ajeno a sus propios miembros, pero también
a la capacidad y posibilidades del Estado.
GANA responde a iniciales intereses políticos
comunes de fracciones del empresariado guatemalteco: que se reduce
a ganar las elecciones; y ¿después? ya veremos.
Es evidente la debilidad institucional de GANA (lo que es válido
para la gran mayoría de expresiones políticas),
y su falta de arraigo, incluso en sectores importantes del poder
económico, esto se comprueba si se analiza su composición
político partidista. El Movimiento Reformador, MR, liderado
por Jorge Briz, quien en repetidas ocasiones ha sido Presidente
de la Cámara de Comercio de Guatemala, representa a un
numeroso grupo de empresarios, aunque marginales en cuanto a poder
económico se refiere.
El Partido Solidaridad Nacional, PSN, de
Ricardo Castillo Sinibaldi, poco representativo aunque sea miembro
de una de las familias tradicionales de la oligarquía guatemalteca;
el Partido Patriota PP, encabezado por el General Otto Pérez
Molina, financiado por la familia Bosch-Gutiérrez, y con
los ex paramilitares de las Patrullas de Autodefensa Civil, como
base partidaria más importante. Que no duró ni los
primeros seis meses en la Alianza.
Por último el grupo M-17, la principal
fuerza política, aunque no es partido, está compuesto
por grupos de empresarios de distinto tipo, el círculo
de amigos más cercanos del Presidente Berger, financistas
y disidentes, todos, del Partido de Avanzada Nacional, PAN, entre
los que se incluye a varios ex funcionarios del gobierno de Álvaro
Arzú.
Destaca la capacidad del Presidente Berger
y Vicepresidente Stein, de lograr incorporar a su Gobierno a personalidades
como la Dra. Rigoberta Menchú que funge como Embajadora
de Buena Voluntad de los Acuerdos de Paz; Frank Larue, Comisionado
Presidencial para los Derechos Humanos; Héctor Centeno,
Comisionado Presidencial para la Ciencia y Tecnología y
Edmundo Urrutia, entre varios importantes personajes.
No obstante, el Gobierno de Óscar
Berger, es en suma y de manera genérica, la expresión
del empresariado guatemalteco, por lo que su conformación
carece de experiencia política lo que se ha evidenciado
en estos primeros doce meses al frente del Gobierno.
Es importante destacar que, dentro de la
dinámica de transición de un gobierno a otro, los
primeros meses son de exploración reacomodo, durante los
que se goza de una “luna de miel” con la opinión
pública. Esto se hizo especialmente evidente en el caso
del Presidente Óscar Berger dado que su partido heredó
un gobierno desprestigiado debido a los altos índices de
corrupción y a la permanente conflictividad que se dio
entre las autoridades anteriores y los grupos de poder y la sociedad
civil en su conjunto y, durante los primeros meses de gobierno.
Esto le permitió gozar de cierto optimismo hacia el futuro.
Sin embargo, no se pudo disimular la improvisación
y la falta de un plan de gobierno realista y con identificación
clara del monto y origen de los recursos que necesitaría
para implementarse, que permitiera desarrollar políticas
para hacer frente, tanto a las problemáticas que demandan
soluciones inmediatas como a las históricas estructurales
del país, que finalmente, son las que hacen de Guatemala
un país pobre, con bajos niveles de educación, con
enormes debilidades, como desigualdades sociales, económicas,
culturales y con un frágil sistema político que
no termina de transitar el camino hacia esa democracia liberal
promovida arduamente por los organismos internacionales.
El discurso oficial ha estado en buena parte
del primer año, impregnado de críticas al gobierno
anterior; hubo persecución y captura de algunos ex funcionarios
acusados de cometer actos de corrupción durante su gestión,
causantes de las deterioradas condiciones económicas y
administrativas en la que se encontraban las entidades del Estado.
Todo esto, con el fin de darle una nueva imagen a la función
pública y agenciarse de legitimidad ante una creciente
crítica por la composición mayoritariamente empresarial
que domina las esferas de poder político.
Al mismo tiempo inició una persecución
contra los líderes de los partidos opositores por supuestos
financiamientos ilícitos para sus campañas electorales,
ligándolos al antiguo titular de la Superintendencia de
Acción Tributaria SAT, Marco Tulio Abadío, y al
ex Contralor General, Óscar Dubón Palma, ambos recluidos
en el Centro Preventivo de la Zona 18, por señalamientos
de corrupción y enriquecimiento ilícito.
La
lucha política
De esa forma se buscaba debilitar, desde el inicio, toda oposición.
El escándalo del uso ‘irregular’ de fondos
arrastró con el Partido de Avanzada Nacional, PAN y al
líder de la Unidad Nacional de la Esperanza. El caso lo
utilizó el oficialismo como distractor para encubrir la
falta de conocimiento del aparato del Estado de la mayoría
de sus cuadros y las limitaciones que expusieron al pasar de puestos
de gerencia en empresas a dirigir el Gobierno y la administración
pública. Destaca, como es usual, las carencias programáticas,
falta de plan realista y aplicable de gobierno, que anticipara
el desarrollo de políticas de solución integral
a la problemática del país a corto, mediano y largo
plazo.
Por otro lado, la debilidad y fragmentación
de los grupos políticos que integraron la GANA, se evidenció
prematuramente, dándose la primera crisis interna al momento
de la repartición de puestos para el Gabinete de Gobierno,
ya que los menos favorecidos fueron los partidos: Patriota, PP,
Solidaridad Nacional, PSN y Movimiento Reformador, MR, mientras
que el grupo M-17, sin registro partidario pero la mayor fuerza
política afín al mandatario, fue el que asumió
la mayoría de cargos.
Esta crisis se agudizó, provocó
enfrentamientos y casi de manera inmediata la desarticulación
de la GANA en los primeros meses de gobierno, evidenciada con
la salida del PP por no estar de acuerdo, tanto con la cuota de
poder que le designaron dentro del aparato estatal, como con la
forma en que se manejaron las negociaciones con el FRG para la
aprobación del paquete tributario. ¿Excusas?, no
puede dudarse. El secretario del PP, tiene sus propias aspiraciones
presidenciales (como las tiene el Canciller, Jorge Briz, de MR
y Ricardo Castillo del PSN), éstas colisionan con los mismos
intereses de Eduardo González, actual Secretario Ejecutivo
de la Presidencia, y precandidato de uno de los segmentos empresariales
del país.
Luego de que se rompiera el pacto de gobernabilidad,
que realmente no pasó de ser un acuerdo político
para distribuirse cuotas de poder en el Congreso, que GANA mantenía
con UNE y Partido de Avanzada Nacional, PAN, respaldando su política
de negociación en la necesidad de acuerdos, no importa
mucho con quién, ni la forma, la GANA llegó a pactar
con el ex golpista, líder del FRG Efraín Ríos
Montt, circunstancia que dificultó el proceso de transición,
tanto en lo económico como en lo político y administrativo.
Lo anterior porque, aunque es cierto que
en el juego político de la democracia es válido
negociar entre partidos de distintas posiciones, para nadie es
un secreto el rechazo generalizado que representa en la historia,
lejana y reciente de Guatemala, el General acusado de genocidio,
así como las condiciones de despojo en que el Estado quedó.
Pero tal vez el elemento que generó más rechazo
a la acción del Presidente Berger de negociar con Ríos
Montt, es que lo haya hecho casi en secreto y que él haya
acudido a la residencia del ex dictador.
Los
avatares de la política fiscal y la economía
La intención de impulsar una limitada reforma tributaria
que, no se animaba a afectar a la clase económicamente
poderosa, porque la reinstalación de un impuesto a las
empresas era de un peso tan ligero que no tenía mayor importancia;
pero la reforma sí presentaba componentes novedosos para
aumentar los mecanismos cruzados de control destinados a limitar
la enorme evasión del Impuesto al Valor Agregado (cercana
al 50%). En el paquete se cometía la torpeza política
de afectar las prestaciones de los trabajadores, lo cual además
de ilegal es absolutamente impopular; y fue la excusa para que
los sectores populares, aunque sea de manera inconsciente, hicieran
el trabajo de calle y de protesta que resultó a favor del
gran poder económico, al que de manera general e imprecisa
se identifica con el CACIF, para debilitar la iniciativa.
Las primeras movilizaciones de parte de
las organizaciones populares sirvieron para medir fuerzas con
los nuevos gobernantes, lograron frenar en primera instancia la
Implementación pura e inmediata de las medidas fiscales,
comprometiendo a las autoridades a revisar las medidas que más
perjudicaban a la población de escasos recursos. Lograron
frenar de manera parcial la puesta en marcha del paquetazo fiscal;
tambien se acordó la pronta implementación del plan
de atención social, y el compromiso de frenar los desalojos
violentos.
Lo que dejó muy claro este corto
período de tensiones por el tema fiscal, es que el poder
económico seguía estando reacio a pagar los impuestos
que le corresponden y así contribuir al financiamiento
del desarrollo del país. Muchos pensaban que siendo éste
un gobierno pro empresarial, su actitud sería diferente,
de mayor apoyo. Pero el tiempo demostró que esto no es
así.
Por su parte, las organizaciones sociales
se comprometieron a no realizar más protestas en un plazo
de 90 días, situación que llegó a su fin
el 20 de julio cuando miembros de la Plataforma Agraria tomaron
las instalaciones del Ministerio de Agricultura, exigiendo la
puesta en marcha del Plan de Atención Social derivado de
la crisis del café, condonación de deudas, crédito
para arrendamiento de tierras y la destitución del ministro
de agricultura.
Estas protestas a su vez aglutinaron una
serie de demandas de distintos grupos, dentro de los que se encontraba
el sector campesino que, en los primeros días de la gestión
de Berger, realizó una multitudinaria concentración
frente al Palacio Nacional, entregando al Presidente un pliego
petitorio en el cual, en términos generales, se solicitaba
al gobierno definir una política agraria, poner en marcha
el plan de atención social y frenar los desalojos violentos
que se iniciaron inmediatamente con el retorno de la clase económica
tradicional al gobierno, al control del Estado hecho que contrasta
con la política del gobierno anterior en la materia, ya
que en los últimos dos años se dieron únicamente
5 desalojos, mientras que en los primeros 4 meses del gobierno
de Óscar Berger, se utilizaron recursos estatales para
ejecutar 20 desalojos.
Por otro lado el tema económico se
centró en la intención de impulsar dicho paquete
tributario, planteado por el Ejecutivo como la salida a la crisis
financiera del Estado, a raíz del grave déficit
fiscal heredado, ya que el Congreso anterior, dominado por el
FRG, no aprobó la entrada en vigencia del Presupuesto 2004;
obligando a que se trabajara con el presupuesto del año
anterior, como legalmente se plantea en la Constitución.
A esto se suma el desfalco al Estado, por los actos de corrupción
en los que se estima que más de Q10 mil millones fueron
extraídos de las diferentes dependencia y ministerios,
según estimaciones del propio empresariado aglutinado en
el CACIF.
Es evidente que el Estado ha encontrado
dificultades para enfrentar las necesidades de inversión
y las políticas sociales. El ligero pero seguro repunte
de la recaudación tributaria en el 2004 fue un importante
alivio. Otro de los éxitos presentados por el Presidente
Berger en su primer informe al Congreso, se refiere al déficit
fiscal del 1%, importante porque se supera una situación
que podría haber traído inestabilidad macroeconómica,
pero discutible en términos de la cantidad de obra física
y social que no se realizó. Aquí es necesario destacar
que la estabilidad macroeconómica no puede ser un fin en
sí mismo; está claro que los indicadores de estabilidad
e incluso relativo crecimiento no se han traducido en mejoras
para el nivel de vida de la población.
En ese mismo sentido, aunque algunos indicadores
hablan de la relativa reducción de la pobreza, indudablemente
influenciada por el aumento exponencial de las remesas que llegan
de Estados Unidos, (US$ 2.550,6 millones) a contramano también
puede hablarse del aumento de la desigualdad y de mayor concentración
de la riqueza. Guatemala, es después de Brasil, el país
con más desigualdad de América Latina.
En ese marco de dificultades resulta contradictorio
que los grupos económicos que contribuyeron para el triunfo
de la GANA, se desentiendan de la necesidad de invertir en el
país. No se percibe una actitud de apoyo al Presidente
Berger, de parte de quienes más posibilidades tienen para
hacerlo.
En algunos casos, resulta comprensible si
observamos que algunos de los más poderosos han no son
precisamente quienes apoyaron más decididamente a Berger,
ya que están financiando otras opciones políticas
y lo han seguido haciendo. Éstos quienes tampoco forman
parte del CACIF han colocado su inversión en grandes negocios
del extranjero, un ejemplo claro es la cadena de restaurantes
Pollo Campero.
Las
negociaciones comerciales
El Tratado de Libre Comercio TLC, fue otro factor de importancia
en el año pasado. La culminación de las rondas de
negociación evidenció, una vez más, la desarticulación
del área en el tema. Eso sumado a la desigualdad de las
negociaciones con el gigante del norte, convierte a estos tratados
en cartas abiertas para que los productos y productores estadounidenses
se adueñen del mercado interno y no sólo releguen
a los pequeños y grandes productores del país, sino
impongan sus reglas, ya que de muy poco sirven las rondas de “negociación”
puesto que se imponen los criterios del mas fuerte.
Es bien sabido que Estados Unidos EEUU,
se opone a los subsidios y a la protección de los productos
nacionales, aunque por largos años, ha subsidiado a sus
productores (primordialmente a sus agricultores), este recurso
es utilizado para mantener artificialmente bajos los productos
agrícolas que utilizan las grandes transnacionales de la
alimentación, que son las verdaderas beneficiadas de los
subsidios. Esto hace que en lugar de un tratado de libre comercio,
este sea un tardado de libre acceso a las economías pequeñas
por parte de la potencia mundial y sus productos, es decir, un
tratado entre desiguales.
Lo lamentable de esto es que, una vez más,
la imposición de modelos económicos que privilegian
intereses extraños nos deja relegados, en última
instancia, a ser consumidores y productores especializados de
algunos productos necesarios para las grandes transnacionales.
Lo cierto es que el papel de este nuevo gobierno debió
estar enfocado a buscar el equilibrio en las negociaciones, ya
que esta vez no sólo afectó a los sectores más
pobres del país, sino también a sectores comerciales
y productores, como los ganaderos, que se ven afectados con la
puesta en marcha del tratado.
Un factor que podría resultar favorable,
al final, podrían ser las dificultades del gobierno norteamericano
para que el tratado con América Central sea aprobado en
su Congreso, por los temores que despierta acerca de la pérdida
de empleos en EEUU, ya que una de las mayores ventajas para las
transnacionales, es el empleo tan barato que pueden contratar
en nuestros países, hacia donde trasladan algunas fábricas
buscando pagar sueldos de miseria.
En términos laborales, el tratado
comercial entrará en vigencia sin que exista protección
a los trabajadores guatemaltecos ni respeto a sus derechos, tal
y como ha sucedido durante años con las maquilas.
Respecto de la política ambiental,
no se percibe la voluntad política de las autoridades para
hacer respetar los tratados internacionales y las leyes nacionales
en la materia. Muestra de lo que sucederá es la explotación
de la minería de metales a cielo abierto en los departamentos
de San Marcos y Huehuetenango, la construcción de hidroeléctricas
en distintas partes del país, sin que se tome en cuenta
los daños irreversibles a la naturaleza y los pocos dividendos
que aportan a la nación.
Abundantes han sido los comentarios, estudios
y sugerencias, incluso personales que se le han hecho al presidente
sobre lo dañino y poco rentable que resulta para la población
y para el Estado la explotación minera a cielo abierto,
pero él ha demostrado poca preocupación acerca del
tema. No obstante, le ha acarreado serios enfrentamientos con
el sector religioso.
La
inseguridad
El tema de seguridad es el que más
ha llamado la atención de la opinión pública
ya que, si bien es cierto que el gobierno a través del
ex titular de la cartera de Gobernación, Arturo Soto, planteó
que en términos reales la violencia había descendido,
los datos publicados diariamente en los medios de comunicación
siguen siendo elevados y con características de mayor degradación.
A pesar de que en el Ministerio de Gobernación se dio el
relevó de sus autoridades, en este sentido debe decirse
que la naturaleza de la problemática de la inseguridad
no es algo que pueda resolverse con planes parciales o improvisaciones.
Sentar las bases de la solución de
la inseguridad, demanda un proceso de mediano y largo plazo, que
incluye la reforma del sector seguridad, para lo cual los Acuerdos
de paz establecen tres entes institucionales que puedan trabajar
en conjunto para resguardar la seguridad interna, a saber: un
Departamento de inteligencia civil, en el Ministerio de Gobernación;
un Consejo Asesor de Seguridad, y la adecuada reconversión
de la inteligencia militar. Hasta ahora, se ha bloqueado permanentemente
el establecimiento de la inteligencia civil. Mientras el CAS,
fue instalado hace ocho meses y, en el tema de inteligencia, además
de la militar, se sabe que hay esfuerzos privados por hacer inteligencia,
lo que es grave ya que se subordinaría a intereses sectoriales.
Para desarrollar interlocución entre
la sociedad y el Estado, así como promover la operativización
del Paradigma de la Seguridad Democrática, el instrumento
más idóneo es el Consejo Asesor de Seguridad, con
el apoyo de las organizaciones sociales; hasta concluir con la
creación de un sistema nacional de seguridad.
Actualmente, lo preocupante del caso es
que miembros de aparatos de seguridad no solo delinquen, sino
que el crimen organizado también se han infiltrado a todas
las esferas del sistema de justicia (PNC y sistema de justicia)
eslabones primordiales en la cadena de justicia, que han sido
corrompidos lo que imposibilita, que se de una pronta y justa.
Por todo eso se veía como prioridad
para los grupos de derechos humanos la aprobación de la
Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y
Aparatos Clandestinos de Seguridad CICIACS, por parte de la Corte
de Constitucionalidad, lo que fue apoyado el actual gobierno,
sin embargo, en un proceso que deja muchas dudas, por la forma
en que fueron analizadas la consultas que el Ejecutivo realizó,
por parte de un magistrado de la CC que tres días antes
de presentar su informe aún no tenia nada sobre el tema,
por lo que lo envió a sus asesores, para que éstos
analizaran la pertinencia o no de la puesta en marcha de la Comisión.
Finalmente la CICIACS fue declarada inconstitucional,
para ello se emitieron múltiples opiniones y análisis
legalistas, incluyendo desgarradas de vestiduras que invocando
el patriotismo y espíritu nacional ¿cuál?,
se pronunciaron en contra de la intromisión extranjera
en nuestro sistema legal. Queda como una tarea pendiente la creación
de un sistema similar en capacidades a la CICIACS, sin el cual
será imposible desmontar los aparatos clandestinos.
La delincuencia común significa un
problema mayúsculo para el gobierno, ésta no es
la única forma ni la más fuerte que tiene que combatir,
ya que el crimen organizado en la mayoría de casos se aprovecha
de la delincuencia común, para operar y se beneficia del
control que tiene en los cuerpos de seguridad del Estado para
delinquir libremente con lo que la CICIACS, podría significar
un freno y combate a las diversas formas de operación que
tiene el crimen organizado. Sin embargo, el dictamen de la CC
frena todo tipo de esperanzas por investigar y combatir al crimen
organizado, por esta vía.
El tema del Ejército, resultó
ser una sorpresa durante los primeros meses de gobierno. El presidente
inició la reducción de las tropas castrenses, esta
reducción, aunque no signifique, lo plasmado dentro de
los Acuerdos de Paz, en los que se plantea la Reconversión
de la Institución Armada en todo los ámbitos, ideológicos,
educación, funciones, etcétera, es muy importante.
En términos históricos, la
medida aunque no signifique todo lo esperado, constituye un primer
paso, importante resaltamos, para reducir el poder del Ejército.
Se habla también de la modernización de la institución,
sin embargo ésta debe ser emprendida, desde la propuesta
de los acuerdos de paz por lo que la reducción debe ir
acompañada de medidas en relación a la función
del Ejército en una sociedad democrática, dejando
la seguridad interna a las instituciones civiles.
Por todo ello, debe insistirse que en el marco de los acuerdos
de paz, en temas de seguridad o combate al narcotráfico,
las tareas deben de ser asumidas por el Ministerio de Gobernación,
y no como sucede, en el que el mismo gobierno Estadounidense,
solicita la intervención del ejercito de Guatemala, para
combatir al narcotráfico llegando incluso a enviar tropas
del Ejercito norteamericano a nuestro país, en tanto que,
en el territorio de EEUU, no es el ejército el que se encarga
del combate al trafico de drogas, sino una agencia bajo control
civil, la DEA.
Las
limitaciones del gobierno de GANA
Derrotar al FRG se convirtió en el objetivo central de
una gran mayoría de la ciudadanía, las formas en
que este interés se expresó son diversas. Desde
la participación ciudadana, con un inédito incremento
de la participación en las elecciones pasadas, incorporando
importantes acciones de reflexión para emitir el voto;
esto puede ser fácilmente comprobado con el resultado de
las diputaciones. La gente trató de que no hubiera una
hegemonía decisiva (aplanadora, en el lenguaje coloquial),
se produjo un voto dividido que trató de construir un Congreso
plural.
La forma en que esto se expresó desde
los diversos estratos del poder económico, fue en la construcción
de una plataforma única, con suficiente fortaleza para
derrotar al caudillo de la Tierra Arrasada. Para ello se desarrollaron
presiones de todo tipo y en distintos niveles, especialmente las
billeteras se cerraron para la mayoría y se concentraron
en el ungido: GANA; el único que no las aceptó fue
Álvaro Colom, quien vislumbró la posibilidad del
éxito, aún sin el apoyo del poder oligárquico.
Para ello no tuvo muchos escrúpulos para obtener el financiamiento
que una campaña dominada por el mercado necesita, el resultado
es conocido, Colom está debilitado y lo estará más
cuando se recrudezcan los ataque, en la medida que la campaña
nueva lo requiera.
Con el triunfo del proyecto empresarial
y la puesta en marcha del “gobierno de los empresarios”
como casi generalizadamente fue identificado el actual, parecía
que entrábamos en una nueva etapa de consolidación
democrática, en distintos niveles. Especialmente muchos
pensaron que el desastre eferregista y las evidentes muestras
de lo que podía pasar con un gobierno en manos de irresponsables
o maliciosas.
Los más optimistas incluso pensaron
que el gran poder económico comprendería la necesidad
de avanzar en la modernización de la estructura política
y que se plantearía desarrollar nuevas formas de relacionarse
con el poder político, abriendo la posibilidad de gestiones
de gobierno más autónomas. Pero especialmente que,
en función de convertir en exitoso el gobierno que sustituía
al de los “malos”, asumiría una posición
diferente frente a las necesidades de financiar el desarrollo.
Pero luego de los primeros doce meses de
gobierno pro empresarial, es evidente que el círculo vicioso
se repite. No se pasa del apoyo declarativo, expresado en privado
o en campos pagados, pero, en la concreta, ni hay inversión
productiva, ni su actitud frente a los impuestos ha cambiado,
simplemente no quieren pagar lo que les corresponde.
Entonces uno se pregunta, ¿qué
será necesario que pase en Guatemala para que el poder
económico cambie de actitud?, para que comprendan la necesidad
de la modernización y promover la redistribución
del ingreso. ¿De qué otra manera se puede promover
el desarrollo en estas democracias occidentales?
El gobierno ha tratado de dar pasos trascendentales
en búsqueda de la consolidación de un proyecto propio.
Lo trascendente del programa “Vamos Guatemala”, es
que se presentan tres pilares fundamentales, que pretenden abarcar
por primera vez a casi la totalidad de la población, esto
no significa que, en lo substancial, los que gobiernan estén
abandonando su posición ideológica basada en el
libre mercado, ya que lo que se busca es la inversión privada
mediante el manejo de concesiones, pero sí que se expresan,
aunque sea tímidamente o con las limitaciones que les permite
un margen estrecho de maniobra, un interés que parece genuino
por implementar mecanismos de compensación social.
Lo que resulta evidente es el enorme fracaso
de la comunicación oficial, pareciera que cuando debía
proponer calló y cuando debería conciliar propuso
primero y luego confrontó. Efectivamente la caída
de la aceptación del gobierno es fuerte y se profundiza
en la medida que el presidente se enfrenta a todo aquel que no
le da la razón, y se expone todos los días y a todas
horas al desgaste de dar declaraciones, sobre todos los temas
y sobre todas las acciones; por supuesto sin muchas posibilidades
de acertar.
Guatemala, enero 2005
El Balance Anual es una producción de Incidencia
Democrática, I.DEM
i.dem@i-dem.org, www.i-dem.org
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o citados, total o parcialmente, haciendo referencia a las fuentes
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