I N T R O D U C C I Ó N

A cada inicio de periodo presidencial, la confianza en el sistema democrático parece renovarse, aunque más bien se abren grandes expectativas sobre un cambio que vendrá y que nunca parece llegar, especialmente para mejorar el nivel de vida de los más pobres. En todo caso esas expectativas permiten una oxigenación sana – en el caso que el previo proceso electoral haya sido participativo y transparente- que da al nuevo gobierno respaldo y legitimidad ante los gobernados. Tanto el respaldo como la legitimad, lamentablemente se van desgastando en la medida que las autoridades adoptan medidas que son divergentes con ciertos sectores de la sociedad. Algunos Presidentes logran mantener por largos periodos, respaldos aceptables ante la población, otros en cambio pierden simpatía y legitimidad de manera acelerada.

Doce meses son suficientes para medir los niveles de legitimidad de un gobernante. Para el caso Guatemala y el Presidente Óscar Berger, las encuestas de popularidad y aceptación publicadas tras doce meses de gestión son reveladores, 59.1% de la población lo consideraba una buena persona, con buenas intenciones y simpático sin embargo, al calificar su gestión las cifras bajaban asombrosamente.

La mayoría percibe a un presidente que sirve a intereses de pocos; el 48.5% cree que beneficia sólo a los “sectores poderosos”. Es decir los pobres, gran mayoría en este país, no lo reconoce como su representante a pesar de la cantidad de votos obtenidos en las urnas.

L A S  D E C L A R A C I O N E S   D E L   P R E S I D E N T E

Además, al mandatario se le considera poco hábil en el manejo político de los asuntos nacionales, su limitada capacidad política ha resultado demasiado obvia en reiteradas oportunidades. Una deficiencia que bien podría cubrir si tan sólo siguiera algunos consejos elementales, como el evitar comentar sobre cualquier asunto que la prensa requiera, especialmente sobre aquellos asuntos de los cuales no tiene información o que le fue proporcionada de manera interesada, lo cual ya hace más compleja la selección.

El consejo de evitar comentarios improvisados lo tomó con disciplina durante la campaña electoral, incluso, llegó a cancelar su presencia en foros para no cometer imprudencias que le pudieran costar votos en aquel momento. Ahora como presidente se ha olvidado de esa prudencia y ha vertido opiniones precipitadas que generalmente lo han puesto en verdaderos aprietos políticos y en desventaja antes sus opositores.

Las muestras más recientes las dio con los ex patrulleros, con los grupos campesinos que se oponen a la explotación minera a cielo abierto y, con el partido de Ríos Montt en el Congreso. En el caso de los ex patrulleros, Berger quiso quedar bien con ellos y terminó pronunciando una frase lapidaria para las víctimas del conflicto armado, al asegurar que los ex patrulleros son “víctimas” y que por ello había ordenado destinar fondos por Q400 millones, que en principio eran para las verdaderas víctimas, hacia los reclamos de pago de los ex paramilitares. Es de entender que la reacción desde las organizaciones sociales y sobre todo de los Derechos Humanos fue inmediata y contundente puesto que a los ex patrulleros se les vincula más con secuestros, torturas, asesinatos, masacres y servicios de espionaje primario que como víctimas de la guerra.

La insistencia de mantener la explotación minera también llevó al mandatario a acarrearse dolores de cabeza. Se metió de lleno en la polémica y vertió opiniones nada favorables a su causa. Inútilmente intentó vender la idea de que la minería traería progreso y empleo a las comunidades rurales; en el tema se enfrentó con la iglesia; las columnas de opinión en los medios le reiteraron en numerosas oportunidades que otorgar concesiones mineras a cambio del 1% de regalías resultaba no sólo absurdo sino que, el estar defendiendo a las concesionarias lo alejaba de la popularidad y la aceptación.

El costo más grave de sus improvisadas declaraciones lo tuvo en el Congreso con el eferregismo, cuando con firmeza dijo que “definitivamente con el FRG no nos uniríamos, (como GANA) pero con otros partidos estamos abiertos, ´hasta con la izquierda´, pero no con partidos señalados de corruptos. Con esa sinceridad al descubierto, además de cerrar los canales de comunicación con el partido que posee la mayoría de votos opositores, el mandatario también creo las condiciones para que Ríos Montt se pusiera en situación de ventaja. Porque luego de las palabras presidenciales, el ex golpista podía, si así era su deseo, alejarse con justificación de cualquier alianza y denunciar al gobierno de turno como intolerante e irrespetuoso de los ciudadanos que votaron por el FRG.

Finalmente y como es su costumbre, el FRG le sacó mejor provecho a la situación y en lugar de distanciarse del bloque oficial, dispensó el arrebato presidencial y aseguró su compromiso era con la población, no sin antes poner en apuros a los diputados oficialistas que por esos días andaban recolectando los votos necesarios para aprobar dos leyes de interés económico para la GANA: la ley de concesiones, y aprobar el proyecto de ley que permitiría al gobierno reactivar el impuesto a los combustibles.

En los tres casos (ex PAC, minería y FRG) el Vicepresidente, Eduardo Stein se vio obligado a tratar de enmendar los errores del Presidente. Con los ex patrulleros, finalmente consiguieron que la mayoría de ellos, aceptara los proyectos colectivos en lugar del exigido pago en efectivo. además el vicemandatario trato de reducir el daño afirmando que “a los ex PAC no se les puede equiparar con las víctimas del conflicto armado, ni serán incluidos en el Programa Nacional de Resarcimiento PNR” el Presidente comparte esta idea, dijo Stein, lo que pasa que lo dijo en otras palabras.

En la conflictividad generada por la minería, además de Stein, también se tuvo que acudir a la intervención de Frank La Rue, Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos, (COPREDHE), quien no sólo limó las asperezas que Berger había creado con la iglesia desde enero, sino que además se sumó a una manifestación contra la minería en San Marcos.

Para saldar las divergencias surgidas con el FRG, tuvo que volver a intervenir Stein. Es interesante observar con detenimiento la reconfiguración que se ha ido produciendo en el FRG; han tenido la capacidad para consolidarse como fuerza política, a pesar de la salida de varios diputados, mantienen una actitud coherente y al ser los diputados más experimentados han podido empantanar discusiones o aligerarlas. La conclusión es que el partido de Ríos Montt ha logrado salir menos dañado de lo que se preveía en enero de 2004; ha demostrado tener una estrategia definida, contar con la capacidad y experiencia política para colocarse como fuerza determinante en el Congreso. Y para asuntos de votos en el Legislativo, con frecuencia la GANA no debe ver si quien se los da son aquellos mismos a quienes ha acusado de corruptos y que están conducidos por alguien acusado internacionalmente de genocidio. La necesidad de ser prácticos los hace ser poco selectivos; y, sin importar los riesgos que se corren en el momento o las repercusiones negativas que tendrán en las siguientes elecciones, con frecuencia promueven iniciativas con el indispensable apoyo del FRG.

L A   A C T I V I D A D   E N   E L   L E G I S L A T I V O

FRG persiste en su estrategia de proyectarse como un partido de principios y para ello, como se preveía, ha endosado toda la responsabilidad de los actos de corrupción en el ex presidente Alfonso Portillo, su familia y sus amigos. Para los eferregistas, quienes en realidad fueron del partido y que ocuparon puestos importantes en el Ejecutivo son realmente “unos cuantos” y, si cometieron alguna irregularidad están en prisión, y por ellos no parecen interesarse mucho. En ese saco incluyen a Byron Barrientos, ex ministro de Gobernación; a Carlos Wohlers, ex diputado y ex presidente del comité de disciplina del partido, llevado a prisión por su presunta participación en el saqueo de Q350 millones al Seguro Social, del cual fue presidente; incluso el ex vicepresidente Francisco Reyes López, ha quedado marginado a pesar de ser uno de los fundadores. Pese a ello, Reyes no se considera traicionado y con tajante seguridad acusa de su encarcelamiento a la familia Bosch-Gutiérrez.

La privilegiada posición del FRG se ve fortalecida por la debilidad de otras bancas. La Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, que inicialmente se proyectaba como sólida se ha ido fragmentando aceleradamente. Importantes líderes han salido, algunos en medio de escándalos de corrupción como el representante por Huehuetenango, Ottoniel Fernández y el ex presidente del Congreso, Rolando Morales, que renunciaron de la UNE por las diferencias con Álvaro Colom, quien tampoco ha quedado exento de anomalías, el ‘máximo’ líder del partido tiene cuentas pendientes con la justicia, por el tema del financiamiento de la SAT y la Contraloría para su campaña, y el tiempo político se le acortará de cara a las elecciones si no logra saldar sus asuntos.

Aunque los votantes guatemaltecos han demostrado tener una muy corta memoria, en este momento Colom parecería destinado al fracaso electoral por el nivel de vulnerabilidad que tiene, pues los nichos electorales que el considera seguros están siendo constantemente bombardeados con información de prensa, encaminada a destruir su figura electoral. Eso sin contar con el natural interés oficialista de apartarlo de la lista de posibles contrincantes duros. En esa misma situación puede estar Leonel López Rodas, a quien también le han destapado algunas anomalías que, ciertas o no, es irrelevante para el efecto que las publicaciones tienen en el electorado; aunque en este caso el daño a su imagen no estaría tan dirigido a limitar sus posibilidades electorales, porque ha demostrado que no hay quien pueda, eventualmente, quitarle el PAN, que pareciera ser el sueño dorado de más de un político en el gobierno.

Pasar lista a todos los partidos resultaría extenso, sin embargo hay elementos de aplicación general que no pueden dejar de mencionarse, como el evidente daño que está causando al país y al espacioso proceso de transición democrático, el déficit democrático, las negociaciones bajo la mesa parecen ser la constante en la actual legislatura. Se menciona la comercialización de votos a cambio de prebendas, impunidad o puestos.

E L   T L C   C O N   E S T A D O S   U N I D O S

Los errores que ha cometido, en realidad, parecen ser cosa de poca importancia para el mandatario ya que su atención se situaba en otro asunto, más estratégico e impostergable: el comercio exterior. Febrero fue clave para definir y decidir las fuerzas políticas que lo acompañarían en la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, CAFTA (en inglés). En ese marco de apertura comercial, el mandatario viajó junto a varios empresarios y al Canciller, Jorge Briz a varias ciudades del sur de México (que de paso permitiría darle aire al alicaído Plan Puebla Panamá) y a la capital del vecino país para entrevistarse con su homologo Vicente Fox.

El objetivo primordial de la visita consistió en fortalecer el comercio con el vecino del norte y, entre los acuerdos alcanzados destacan algunos de infraestructura, comercio y seguridad. La agenda abordada no incluyó el trato con los migrantes ni se discutieron asuntos relacionados con este tema, a pesar que organizaciones de connacionales radicados en Estados Unidos han denunciado, en repetidas oportunidades, las graves acciones que los agentes mexicanos comenten con los centroamericanos que tratan de llegar a EEUU.

Por su parte, las organizaciones sociales sí han tenido una preocupación constante en un asunto que, de resultar cierto, podría significar un enorme retroceso para la conciliación de los guatemaltecos, para la justicia y para la estabilidad del país. Activistas humanitarios habían denunciado ya la existencia de una política criminal dirigida a eliminar a la delincuencia por medios extrajudiciales. Los continuos aparecimientos de cadáveres con señales de tortura y con el característico ‘tiro de gracia’, en barrancos, basureros y carreteras, hace pensar que se trata de una “limpieza social”. La reacción internacional vino directamente del Departamento de Estado de EEUU, a través del “Informe sobre Prácticas de Derechos Humanos en 2004”, que abona en la creencia de que efectivamente se está atacando a la delincuencia con los mismos métodos ilegales y clandestinos que se usaron durante el conflicto armado para eliminar opositores políticos.

De acuerdo con el informe divulgado desde Washington existieron “denuncias creíbles de tortura, abusos y otros malos tratos por miembros de la PNC durante el año”. Estas denuncias involucraban el uso excesivo de la fuerza durante operaciones policiales y acoso o encarcelamiento arbitrario de trabajadoras del sexo, personas sospechosas de ser pandilleros, y otros detectados en esquemas de extorsión. El dedo acusador también se inclinó hacia los detectives del Servicio de Investigación Criminal, SIC, quienes habrían torturado y golpeado a detenidos durante el interrogatorio a fin de obtener confesiones. Sin embargo, el informe insiste en repetidas ocasiones que “No hubo muertes políticamente motivadas de parte del Gobierno”.

La excepción que hace el informe de los asuntos políticos, en realidad no es del todo sólida pues aunque es cierto que no pareciera haber persecución por razones políticas, las organizaciones populares están viendo al gobierno de la GANA, como un retorno a la época de la represión contra el movimiento social. La idea queda reforzada con los desalojos a fincas ocurridos de forma masiva a principios del gobierno; los allanamientos a sedes sindicales y populares en enero pasado y a la intimidación y agresión denunciada por líderes locales.

A ello pueden agregarse preocupaciones aun mayores, la pugna entre dos tejidos de supuesta seguridad sectorial para proteger e informar, con antiguos pero eficaces métodos de inteligencia clandestina, a ciertos segmentos empresariales enemistados por el control político y los privilegios económicos. Se habla de aparatos privados de información y seguridad, con experiencia en el accionar público, incluso se afirma que algunos de sus miembros más destacados provienen de viejas estructuras militares y paramilitares y, de la penetración de varias instituciones del Estado. A ello se agrega la actividad de otros grupos clandestinos paralelos cuyos ligados a grupos del crimen organizado, tantas veces señalado de ser promotores de la violencia que azota el país. O al menos una importante parte de ella.

E L   S I S T E M A   D E   J U S T I C I A

Desde que el actual gobierno tomó posesión, incluso antes, las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad – abiertamente controlada en buena parte por allegado al FRG- parecían encaminadas a entorpecer el desarrollo normal de la agenda programática de la GANA. Sin embargo el mes pasado, una resolución de la CC parecía con dedicatoria para las organizaciones sociales y para las víctimas de una masacre.

Los magistrados decidieron anular el proceso judicial seguido contra 16 oficiales del ejército, acusados nada más y nada menos que de dar muerte a más de 165 personas. Una masacre cometida el diciembre de 1982, en el parcelamiento Dos Erres, Petén. Ampliamente documentada por el informe de la CEH, por el REMHI, y por grupos pro derechos humanos, la masacre de las dos erres, ha sido la primera de las 625 registradas, en la cual se ha conseguido que dos de los responsables rindan declaración testimonial.

El proceso judicial iniciado en 1996 contra 16 militares responsables, fue anulado por los magistrados aduciendo que se violentó un asunto de procedimiento, que permitía a los acusados, acogerse a la ley de amnistía. La misma Corte que habilitó la inscripción de Ríos Montt como candidato presidencial en 2003, fue la que ahora anuló un proceso jurídico que ha sido retardado intencionalmente con 34 recursos interpuestos por los oficiales. Ahora, la decisión de la CC es que debe repetirse una parte del proceso que podría llevar otra cantidad de años y retrasos. Dadas los señalamientos a un grupo de magistrados, no asombra que dicha masacre se haya cometido en momentos que Ríos Montt fungía como jefe de Gobierno, después de un golpe de Estado.

En la masacre habrían participado elementos de las fuerzas especiales contrainsurgentes, Kaibiles. Dos de ellos relataron que “la ejecución terminó como a las cinco de la tarde y cerramos el pozo. Al finalizar la ejecución quedamos listos para ir a cenar”. La opción que parece ser la que tomarán las partes demandantes será acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado será denunciado por negación de justicia. El asunto más alarmante es a futuro, ya que la anulación de este proceso podría significar un mal precedente para futuros casos similares.

A pesar de ese amargo episodio, los activistas humanitarios que pelean por derribar la impunidad y construir un mejor sistema de justicia, recibieron noticias positivas del exterior. Desde España se oficializó la orden de captura contra el ex presidente guatemalteco Romeo Lucas García (1978-1982) acusado de cometer u ordenar crímenes de lesa humanidad durante su gobierno. El ex presidente comparte las acusaciones con el ex ministro de Gobernación de su época, Donaldo Álvarez Ruiz; el ex director de la Policía Nacional, PN, Germán Chupina Barahona y, con otros civiles, entre ellos Pedro García Arrendo, ex jefe del ‘comando seis’.

Al ex jefe de Estado, la Audiencia Española le giró la orden de aprehensión en respuesta a una querella presentada por la Fundación Rigoberto Menchu Tum, FRMT, la que considera que España dio trámite a esta solicitud porque ve que existen suficientes pruebas para que sea juzgado. La querella también inculpa a Benedicto Lucas, hermano del ex presidente. El ahora prófugo se encuentra en Venezuela, supuestamente padeciendo de Alzheimer, y el gobierno de esa nación ha indicado que si se cumple con los requisitos legales no tendrán ningún inconveniente en aprehender al acusado y entregarlo a la justicia española.

Por aparte, el Ministerio Público ha sufrido cambios significativos en sus fiscalías más importantes. La renuncia de la jefa de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, María del Rosario Acevedo Peñate, genera controversias, sospechas y temores. Indicó que su salida obedece a “diferencias” con el jefe del MP, Juan Luís Florido, quien, según ella, ha cuestionado el manejo de algunos casos de gran impacto. Tras la salida de Acevedo, comenzaron a circular las posiciones encontradas de dicho retiro. Hubo quienes se mostraron satisfechos pues consideraban poco transparente en sus resoluciones.

Cabe recordar que por sus manos pasaron casos de trascendencia, pero el más recordado es el secuestro y asesinato en 1996 del empresario Augusto Ordóñez Porta, que sigue sin resolverse, de acuerdo con la familia de la víctima porque en el MP se han retrasado intencionalmente las investigaciones. Algunos detalles revelan que en el bufete jurídico de José Arturo Morales laboraba Miguel Ángel Ordóñez, esposo de Acevedo, a quien se le acusó de implantar pruebas con el fin de desvincular a ex militares, entre ellos al ex ministro de la Defensa, Marco Tulio Espinosa, como responsables del crimen. Ambos, junto a Acevedo, fueron señalados de integrar “la Oficinita”, la cual implantaba pruebas en procesos de secuestros y otros casos de alto impacto en que se acusaban a militares.

En la presunta estructura paralela participaban abogados, militares y fiscales. Según datos de Prensa Libre, este grupo infiltrado en el MP, desviaba la investigación, implantaba pruebas falsas y fabricaba historias para defender a los suyos. No obstante, a Acevedo se le reconocen varios logros en la Fiscalía: condena a muerte contra ocho secuestradores, tres de Beverly Sandoval; tres por el plagio del hijo menor de los propietarios de la editorial De León Palacios, y dos por el secuestro de la estudiante Quetzalí Estrada. A pocas horas de la renuncia de Acevedo el MP perdía a otro fiscal, Alfredo Vásquez, fiscal de delitos contra bancos.

A pesar de los cambios, el MP mantuvo su ritmo en los juicios que se siguen contra ex funcionarios del FRG, acusados de corrupción. En ese sentido ha logrado mantener tras las rejas preventivas a Eduardo Weymann, ex Ministro de Finanzas; a Marco Tulio Abadío, ex Superintendente de la SAT; a los eferregistas implicados en la estafa al seguro social y, sigue recibiendo denuncias y documentación en contra de Alfonso Portillo.

Sobre este último personaje, las inquietudes se están alborotando en el medio pues la masiva información que se ha develado de cuánto, cómo, de dónde y para dónde se extrajeron recursos públicos hacen pensar que el MP tiene la posibilidad de solicitar una orden de captura internacional contra el ex presidente eferregista. No obstante, las inquietudes surgen pues el MP no parece estar pensando en eso, por el momento, aunque Portillo ya lleva un año fuera del país.
Al ex presidente se le llevan cerca de 50 expedientes, entre los más conocidos están: la Conexión Panamá, los confidenciales vuelos del avión presidencial, las transferencias financieras al EMP, los financiamientos a los bancos gemelos, sobre valoraciones, compras irregulares, contrato de Comcel, saqueo al CHN, más de 30 demandas de “su amigo” Alvarado Macdonal, el jueves negro, más recientemente el millón y medio de dólares que le pagó Taiwán y, ahora se suma a la lista una nueva denuncia presentada por la diputada Nineth Montenegro por el desfalco de Q588 millones al Estado Mayor Presidencial.

En lo que si ha tenido un avance el MP es en la identificación del cadáver del militar Raúl Cerna, ex jefe de finanzas del Estado Mayor Presidencial, asesinado en Abril de 2004 y cuyo cuerpo fue enterrado en la absoluta irregularidad, sin presencia de familiares o ‘amigos’ militares. Cerna era considerado pieza clave en la investigación que se sigue para comprobar el manejo ilegal de más de cien millones de quetzales del presupuesto del EMP y de las millonarias transferencias que se hicieron hacia ese ente (Q900 millones), que según José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, “terminaron en los bolsillos de la cúpula militar de turno, los Ríos, Rojas y Salán y de Girón y de Portillo”.

Las investigaciones del asesinato de Cerna no llegan por supuesto a identificar a los culpables, aunque el círculo se ha cerrado a cuatro hipótesis, tres de ellas se inclinan por el asesinato planificado en un muy cerrado círculo de militares y civiles.

L O S   V A I V E N E S   D E   L A   E C O N O M Í A

Ha pasado un año desde que Óscar Berger junto a su equipo de gobierno, notoriamente influenciado por un segmento del gremio empresarial, asumieron la responsabilidad de dirigir el Estado. Antes ellos ofrecieron, entre otras muchas cosas, reducir la violencia y la delincuencia. No lo han logrado, su ofrecimiento no ha pasado de las palabras a los hechos. Es comprensible que exista dificultad para reducir y menos eliminar un problema por demás complejo, sobre todo si a quienes se puso al frente de las instituciones encargadas de brindar seguridad, carecen de la capacidad técnica para cumplir con la tarea.

Peor aun si el puesto fue dado en pago por los financiamientos recibidos durante la campaña electoral. No obstante, la población ha sabido esperar y tolerar cierto margen de retraso en el cumplimiento de ese ofrecimiento. Además se han observado inversiones de tiempo y dinero para sanear la Policía Nacional Civil, PNC; para dotarla de equipo, vehículos, preparación y para reclutar personal con un perfil más elevado que el que poseen los actuales agentes del orden.

En otras palabras, se ve voluntad y se entienden las dificultades, a pesar de que la realidad presenta cifras alarmantes de asesinatos (cerca de 70) en los primeros dos meses. Hay inexperiencia e incapacidad técnica y limitaciones. Sin embargo, cuando volteamos la vista hacia el tema económico la tolerancia y la compresión de los ciudadanos se revierten y, no se llega a entender cómo es posible que un gobierno impulsado por el sector económico tradicional, no tenga el respaldo de éste último.

La delincuencia y la inseguridad en el país, además de los daños diariamente visibles, también afectan significativamente el clima de inversiones. Nadie quiere llevar su capital a un sitio donde corre riesgos. Pero lo peor del asunto para el gobierno es que ni siquiera quienes le apoyaron estén dispuestos a invertir, a genera empleo y muchos menos a pagar impuestos. Sus razones tendrán, entre ellas naturalmente, las políticas.

De modo que la economía no ha crecido como se esperaba en el primer año. El Presidente parece angustiado ante la escasez de fondos, es más ya se solicitó y autorizó un aumento al presupuesto. Berger busca alternativas, pagar a los ex PAC con proyectos colectivos es una opción, reducir gastos en dependencias públicas es otra, aumentar de nuevo los impuestos es una opción que se muestra apetecible, aunque poco viable; y, gestionar donaciones es algo que se plantea como trabajo permanente.

Lo más cercano e inmediato es aprobar en el Congreso una ley de concesiones que sea útil para entregar numerosos servicios y trabajos públicos a empresas privadas, nacionales o extranjeras. Reactivar el impuesto a los combustibles, para conseguir más fondos también es un proyecto pendiente en el Congreso. El problema es que ambos necesitan de negociación política pues el bloque oficial de diputados no es suficiente para los votos y, mientras se trabaja en obtener el beneplácito de otras bancadas, el gobierno está tronándose los dedos, porque sabe que los fondos pueden acabarse antes de diciembre.

La tronazón de dedos se escucha en todo el país. En el campo y en la ciudad los precios de los productos de la canasta básica siguen en aumento, las disputas entre las empresas que distribuyen gas propano para uso doméstico han puesto al descubierto una resolución del Ministerio de Energía y Minas que llama la atención a una de la empresas por estar falsificando el peso exacto de los cilindros.

Ante esa preocupante realidad, resulta incomprensible que el Fondo Monetario Internacional haya presentado un informe en el cual destacó la buena “salud” de nuestra economía. El problema de fondo e histórico es que la “salud” no es pareja para todos. De hecho, Guatemala es el país más desigual de América Latina. Y la desigualdad económica, se repite en la educación, en los servicios públicos, en los servicios de salud, en las oportunidades de empleo, en las escuetas políticas de vivienda y hasta en los precios del transporte colectivo.

Para focalizar en dónde reside la “salud” de nuestra economía hay que ver afuera de nuestras fronteras y contar los dólares que envían los guatemaltecos, legales o ilegales, desde Estados Unidos. Las remesas son fondos que no provienen del crecimiento productivo del país. Las mensualidades que reciben las familias en nuestro país. Datos oficiales indican que en 2004 llegaron a Guatemala US$2550.6 millones.

Pero el Presidente Berger tiene puestas sus esperanzas en el TLC, lo promueve e impulsa como si este tratado fuese a ser el remedio de todos los males.