L A   C O N F L I C T I V I D A D   P R O V O C A D A   P O R   E L   T L C

Las discrepancias entre el actual gobierno de Guatemala y los grupos sociales organizados del país, se hicieron visibles y profundas en las últimas semanas. Históricamente el mes de marzo ha convulso en nuestro pasado político, llegando incluso en algunas ocasiones a desembocar en el rompimiento del orden Constitucional, y en otras ocasiones en golpes de Estado. En el momento actual la situación no ha llegado a tales extremos pero las relaciones políticas y los niveles de conflictividad social se agudizaron a tal grado que desde el gobierno se activaron mecanismo de represión violenta.

La divergencia de criterios surgió con la aprobación de la Ley de Concesiones, que algunos interpretan como el quiebre de toque para otorgar los megaproyectos a las empresas privadas, y el punto álgido del conflicto fue motivado por la ratificación del Tratado de Libre Comercio, entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, RD-CAFTA. Las posiciones encontradas quedaron visibles entre el Gobierno y el gremio empresarial proclive al TLC, con los sectores sociales que desde siempre han visto al acuerdo comercial como una amenaza para la clase trabajadora, los sectores populares más empobrecidos y para los pequeños y medianos productores.

Los empresarios

Un alto porcentaje de empresarios plantea que ese acuerdo será beneficioso, ya que lo ven como una oportunidad para poder tener una certeza jurídica, en cuanto a la apertura del mercado norteamericano a los productos guatemaltecos. El Tratado lo consideran un instrumento para el desarrollo de sus industrias y del país. Aún entre sus más fervientes defensores y promotores se nos incita a percibirlo como un mal menor, como algo que no está bien, pero que seguramente estaremos peor si no lo ratificamos. Parece haber consenso, entonces, sobre que el tratado es malo, sobre que pudo haber sido negociado de otra manera, pero que no podemos oponernos a él porque nos iría peor.

Aunque Guatemala tiene la economía más grande de la sub región, únicamente representa el 0.02% de las exportaciones a nivel mundial. El sector del vestuario y textiles genera más de US$2 mil millones en ventas anuales. Produce más de 140 mil empleos y es el primer generador de ingreso de divisas por productos de exportación. El sector agrícola no tradicional genera US$400 millones en ventas y emplea directamente a 200 mil personas.

En manufacturas se generan US$256 millones anuales con 50 mil empleos. Mientras que el sector de maderas y muebles vende US$30 millones al año, con 20 mil empleos; artesanos más de US8 millones y más de un millón de artesanos involucrados. En los últimos años, Guatemala ha recibido tres textileras brasileñas, cuatro de EEUU y asiáticas.

La Población Económicamente Activa, PEA, está calculada en 4.4 millones y su poder adquisitivo es reducido. Más de tres millones de ellos viven en pobreza.

Por su parte, las organizaciones sociales, consideran que la única ganadora del Tratado fue la oligarquía y el gran perdedor fue el Pueblo de Guatemala. Temen que se pierdan más de 100 mil empleos en el agro, el cual consideran, fue negociado para beneficiar a una minoría, integrada por empresarios. Plantean que el Gobierno, únicamente pensó en los arreglos comerciales, excluyendo el beneficio humano. Advierten que el TLC será un instrumento que prive a la ciudadanía del acceso a medicamentos genéricos, porque el Gobierno dio prioridad al lucro y los intereses de las transnacionales farmacéuticas; en componendas entre funcionarios de Estado y estas empresas.

Los sectores populares

Los trabajadores temen que las jornadas de trabajo se extiendan y sean poco remuneradas. Esto es quizás el mayor atractivo para los inversionistas extranjeros: mano de obra barata, trabajo a destajo sin la posibilidad de que las personas estén cubiertas en un marco de beneficios sociales y laborales. No habrá seguro social, sindicalización y regulación en horarios de trabajo. Ello generará riqueza para los productores, pero pobreza para los trabajadores, que no tendrán derecho a organizarse en agrupaciones sindicales.

Muchos se oponen al TLC porque se negoció mal y lejos de prever la posibilidad de que la población más vulnerable pudiera gozar de compensadores, pero el Gobierno del FRG abrió las puertas del país, incluso más de lo que los propios norteamericanos esperaban, por lo que los efectos negativos serán mayores. Especialmente, no se generó suficiente protección de la agricultura. Sobre estos efectos negativos, existe la posibilidad de que ingresen artículos agrícolas subsidiados, en el marco de protección de EEUU hacia sus productores; lo que deja en incapacidad de competencia a los pequeños y medianos productores agrícolas, sobre todo, a aquellos que generan artículos de consumo diario.

Especialmente grave es esa situación, ya que más de la mitad de la población económicamente activa está ligada a actividades agrícolas, mixtas, de economía de subsistencia y de mercado. La gente cosecha una parte para autoconsumo y otra para colocarla en el mercado.

Estados Unidos

El tercer protagonista de los sucesos fue determinante: Estados Unidos es por naturaleza y poder comercial el país más beneficiado, por ello El Presidente George Bush dijo en enero pasado que el DR-CAFTA constituía una prioridad de primera línea para su administración. El valor global de las relaciones comerciales, entre la economía norteamericana y la centroamericana, es de unos 20 000 millones de dólares anuales, cifra que no representa, precisamente, una cantidad como para ser considerada “prioridad de primera línea”. ¿Por qué, entonces, esta decisión de Washington? Este acuerdo de libre comercio con Centroamérica despierta más interés percibido como el punto focal principal de cara al objetivo de crear en el 2006 el Área de Libre Comercio de las Américas, (ALCA). La implementación de esta última se ha venido complicando por diversos motivos de protesta política, fundamentalmente por la lucha de la sociedad civil (sindicatos, grupos de oposición, partidos de izquierda) contra un acuerdo leonino, lesivo de los intereses de los trabajadores y atentatorio contra el medio ambiente.

Centroamérica se convierte así, en la estrategia de Washington, en territorio de expansión natural del Tratado de Libre Comercio NAFTA (que vincula a Canadá, EEUU y México). Espectro se busca consolidar a través del Plan Puebla-Panamá, cuyas inversiones cobran sentido en el marco jurídico de un TLC que subordine las legislaciones nacionales de cada uno de los países centroamericanos al acuerdo supranacional con los Estados Unidos que estimule y garantice los intereses de las empresas transnacionales, el DR-CAFTA pasa a ser así una pieza de gran importancia en el “patio trasero” de los norteamericanos.

Los organismos financieros internacionales no se quedaron atrás y dan sus recetas para aprovechar el TLC. A ello obedece que el economista jefe para Centroamérica del Banco Mundial, Felipe Jaramillo, presentó el Memorando Económico de Guatemala: “Retos para dinamizar el crecimiento económico”. El estudio busca encontrar las razones del estancamiento del crecimiento de la economía guatemalteca y soluciones para su redinamización. Según él, la única forma de reducir la pobreza, que abarca a más de 56% de la población, es mediante el crecimiento económico.

Por ello, el Banco define que se debe invertir más en áreas prioritarias como educación e infraestructura. Por otra parte, Jaramillo indicó que países exitosos como los tigres asiáticos consiguieron crecer gracias al crecimiento de las exportaciones, lamenta que la proporción de las exportaciones guatemaltecas, no han crecido desde 1990, y considera que la ratificación del CAFTA debería ayudar a mejorar este aspecto. También considera que la aprobación de la Ley de Concesiones ayudará a que se emprenden grandes proyectos de infraestructura por medio del sector privado, mientras que el Estado podrá concentrarse en educación y desarrollo rural.

En el Congreso de la República de Guatemala sería donde finalmente se debía ratificar el RD-CAFTA, y efectivamente así ocurrió. Ya se conocían desde el primero de marzo las posiciones de las bancadas de los partidos Alianza Nueva nación, ANN; la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG y la de algunos legisladores, por su abierta oposición al Tratado, lo que representaba una pequeña oposición en el pleno. Sin embargo fue la Comisión de Economía, la que anunció una supuesta consulta a las organizaciones sociales interesadas en el tema. Supuesta porque no puede ser considerada con seriedad una consulta en la que tres diputados, –cifra que ni siquiera significa el pleno de la Comisión de Economía- de un total de 158 escucharon a dos ponentes de las organizaciones sociales, durante 15 minutos cada uno.

Por eso, la verdadera consulta se produjo en las calles, en donde las personas pudieron expresar libre y abiertamente su oposición a la ratificación del TLC. La reacción de las organizaciones sociales no fue hepática sino propositiva, se planteó al Ejecutivo la realización de una Consulta Popular, la cual daría legitimidad al acuerdo comercial. Naturalmente la Gran Alianza, GANA y los grupos empresariales se opusieron enfáticamente.

Quienes si acogieron la propuesta fueron los miembros de la Universidad de San Carlos. La USAC considera que el TLC constituye una amenaza a la soberanía, por redefinir las funciones del Estado y reducir su margen de maniobra. También indicó la universidad que la apertura en el sector agropecuario significará que los productores guatemaltecos no podrán competir con los productos estadounidense altamente subsidiados. Por las consecuencias que trae aparejadas el TLC, y atendiendo que la Constitución plantea que ante decisiones políticas trascendentales, se debe consultar a la sociedad; la USAC pidió formalmente se hiciera un referendo popular. La demanda fue rechazada por el presidente Oscar Berger.

El debate sobre la ratificación o no, se llevó a todos los espacios, y por supuesto la prensa jugó un rol determinante en la creación de mentalidades a favor. Aunque en las páginas de opinión se observaron columnas y artículos adversos. El grueso de las opiniones fue contra la Consulta Popular, argumentando entre otras cosas que Guatemala no tiene opciones en cuanto a poner condiciones al TLC. Consideraron impráctica la Consulta, por su costo en dinero, el mucho tiempo para prepararla, y que no tendría una participación mayoritaria, por lo que no representaría el sentir de la sociedad guatemalteca, y por último, que la gente diría NO, por el profundo sentimiento anti norteamericano.

Se reactivó de manera visible la posición ideológica que, a través de los medios, trató de satanizar y criminalizar la protesta social. Se buscó una victoria ideológica sobre las corrientes de izquierda, renovando el viejo discurso anti comunista que caracterizó a la derecha más reaccionaria y conservadora del país, en ese juego cayó, de manera ingenua o, intencionalmente el Presidente Berger, quien nuevamente se volvió a enfrentar directamente con los detractores de sus políticas.

Inicialmente las manifestaciones populares buscaban impedir la ratificación del TLC y fracasaron en su intento. Luego de varios días de manifestaciones, disturbios, bloqueos y cabildeos en contra de la ratificación del TLC EEUU, 126 diputados votaron a favor y 12 se opusieron infructuosamente. A pesar que la bancada oficial GANA consiguió el apoyo del FRG, Patriota, Unionistas, PAN y varios diputados independientes, los votos no eran suficientes, hasta que la UNE un partido político autodefinido como socialdemócrata, involucrado en serios escándalos de corrupción y dirigido por empresarios, decidió ratificarlo. Con ello consiguió aprobar, de urgencia nacional, el decreto 31-2005.

En las afueras del Legislativo las tensiones se volvieron agresiones. Policías antidisturbios trataron de replegar a los manifestantes con balas de caucho, gases lacrimógenos y disparos al aire. La PNC se posesionó del Centro Histórico, acordonó varias cuadras alrededor del Parlamento, para impedir el ingreso de manifestantes y que éstos ejercieran presión sobre los diputados que, a puerta cerrada, mantuvieron la plenaria. Los manifestantes por su parte, hicieron un gran esfuerzo por penetrar las defensas policíacas sin lograrlo, ante la actitud represiva de la PNC. Los cuerpos de socorro reportaron varias personas trasladadas por asfixia y con fuertes golpes a hospitales. Esa misma situación se dio en varios departamentos del país.
La ratificación del TLC estaba consumada, que en síntesis contempla:

1. Servicios: todos los servicios públicos deben estar abiertos a la inversión privada,
2. Inversiones: los gobiernos se comprometen a otorgar garantías absolutas para la inversión extranjera,
3. Compras del sector público: todas las compras del Estado deben estar abiertas a las transnacionales,
4. Acceso a mercados: los gobiernos se comprometen a reducir, y con el tiempo a eliminar, los aranceles y otras medidas de protección a la producción nacional,
5. Agricultura: libre importación y eliminación de subsidios a la producción agrícola,
6. Derechos de propiedad intelectual: privatización y monopolio del conocimiento y de las tecnologías,
7. Subsidios, “anti dumping” y derechos compensatorios: compromiso de los gobiernos a la eliminación progresiva de barreras proteccionistas en todos los ámbitos,
8. Política de competencia: desmantelamiento de los monopolios nacionales,
9. Solución de controversias: derecho de las transnacionales de enjuiciar a los países en tribunales internacionales privados.

De las 12 iniciativas presentadas por la oposición como compensadores del TLC solo el proyecto de Seguridad Alimentaria está lista para ser discutida en tercer debate. Otras dos esperan la segunda lectura, Catastro y la pensión económica para el adulto mayor. Asimismo, las iniciativas de la Ley Marco de Desarrollo Rural y de Institucionalización del Pacto Fiscal esperan ser conocidas por el pleno. De las siete restantes no existe ningún proyecto, ni los diputados que las propusieron tienen certeza de quién será el responsable de impulsarlas, ni de lo que podrían tratar. Los diputados de oposición consideran que el Ejecutivo debería elaborar las iniciativas, así como de protección a los pequeños y medianos agricultores.

Una vez conocida y confirmada la ratificación, los grupos populares confirmaron su disposición de mantener las movilizaciones y acrecentar las medidas de hecho. El día lunes 14 se llevaron a cabo multitudinarias manifestaciones, en los departamentos como en la capital. Los bloqueos se efectuaron principalmente en las carreteras que conducen a la costa sur, el Atlántico y hacia la capital. Mientras que en la ciudad las movilizaciones salieron desde tres puntos: un grupo partió de la Universidad de San Carlos, USAC, hacia el centro histórico. Las demandas de los universitarios se centraron en la necesidad de una consulta sobre el TLC. El segundo grupo partió desde el Trébol, rumbo a la embajada de EEUU, en donde se pronunciaron en contra del tratado y lanzaron consignas contra el gobierno estadounidense. La tercera movilización inició en la salida al Atlántico. Hacia el medio día, las marchas pacificas ingresaron al centro de la ciudad. Elementos del ejército y de la policía antidisturbios se apostaron en los alrededores de Casa Presidencial, Congreso y Palacio Nacional.

El primer choque con las fuerzas policiales, se dio cuanto los manifestantes trataron de llegar hasta el Congreso; gases lacrimógenos, bastonazos y balas de caucho lo impidieron. Se concentraron entonces en la plaza de la Constitución a escuchar el mitin previsto. A dos calles de allí ocurría un enfrentamiento provocado por un pequeño grupo, la policía lanzó de nuevo gases contra los protestantes. Pero el grueso de la población se manifestaba pacíficamente frente a Catedral, hasta allí llegaron los agentes a lanzar gases lacrimógenos. Los manifestantes se dispersaron. De ese momento hasta las 16:00 horas se escucharon en el Centro Histórico de la ciudad, sirenas, detonaciones, disparos y gritos.

La información recabada confirmó que la responsabilidad de los disturbios que desembocaron en daños a comercios y bienes públicos no fue de los manifestantes ni de los dirigentes. El vicepresidente Eduardo Stein expresó tener conocimiento que quienes provocaron los enfrentamientos fueron personas encapuchadas pero lo que no saben es si son estudiantes o infiltrados, de lo que si están seguros es que los lideres sociales trataron de mantener la protesta fuera de la violencia.

El Presidente Berger generó más confrontación con su discurso y el Vicepresidente Stein trató de mediar con poco éxito. En principio porque la polarización en torno al tema dibuja un ambiente verdaderamente hostil y porque la posición gubernamental estaba decidida. A la primera reunión de negociación Stein llevó al ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, quien notoriamente se encontraba molesto por verse obligado a enfrentar en una “mesa de acercamiento” a quienes horas antes había ordenado reprimir. Y aquí resulta importante recordar que la policía no sólo actuó contra “los encapuchados” sino contra la población que pacíficamente escuchaba el mitin frente a Catedral Metropolitana.

Es lógico, justo y natural que la demanda inmediata de los grupos reprimidos solicitaran la destitución del ministro Vielmann, del Director de la PNC, Erwin Sperisen, retirar al Ejército de las calles; garantizar el libre derecho de manifestación. Además pidieron no publicar en el diario oficial el decreto 32-2005 que sanciona el TLC. Finalmente que no se apruebe en el Congreso la ley de Concesiones y de minería, e integrar una comisión de alto nivel que investigue los abusos cometidos por el Ejército y la PNC durante las manifestaciones recientes.

Sin embargo, la intención del Gobierno hacia las demandas ciudadanas, siempre fue clara: minimizar la importancia de las organizaciones sociales, cuestionar su liderazgo y disolver las manifestaciones contra el TLC, a cualquier costo y por cualquier medio. Esa forma de pensar no es producto de la improvisación, sino corresponde a una visión tergiversada de la realidad actual. Quienes piensan enfrentar las oposiciones de esa manera no pueden ser sino los mismos que están impulsando la remilitarización de la fuerza pública de seguridad.

Estos grupos están tratando de polarizar el escenario político, donde los extremismos de derecha se consoliden por medio de un triunfo ideológico. Bajo esa óptica es que a los grupos sociales, quienes nada o muy poco tiene que ver con los partidos de izquierda en el Congreso, se les está adjudicando la etiqueta de militantes de izquierda. La CGTG por ejemplo, no ha compartido jamás con los partidos de izquierda (ANN o URNG).

Lo más trágico y lamentable, es que se pretende consolidar una victoria ideológica, por encima de las posibilidades o no de revertir la ratificación del TLC. No se puede comprender de otra manera el que las fuerzas policíacas fueran más allá de mantener el orden; ya que de manera evidente hicieron uso excesivo e innecesario de la fuerza. Los militares, por órdenes de Vielmann, en coordinación con el director de la PNC, lograron su objetivo: impedir que continuará la protesta contra el Tratado.

No obstante esa anunciada derrota en la lucha contra el TLC existen elementos positivos. Por primera vez en muchos años confluyeron organizaciones populares, sindicales y campesinas en una misma lucha. Cobró vida un nuevo intento por aglutinar las distintas expresiones y tendencias de un atomizado sector social: el Movimiento Indígena, Sindical, Campesino y popular, MISCP.

Aunque algunos miembros de la derecha y la derecha extrema argumenten que el MISCP no es otra cosa que la versión renovada y aumentada de agrupaciones como la UASP, hay que valorar que tuvieron coyunturalmente la capacidad de proponer etapas y mecanismos de protesta; llegar a un consenso sobre el qué y el cómo de su lucha; lograron consensuar –algo que no ocurría en años- una agenda que centró la demanda; se focalizaron en uno o dos temas de negociación.
Desmenuzando aun más la alianza se pueden identificar puntos de confluencia entre las distintas agrupaciones campesinas, que son al final de la jornada, las que poseen –junto a la CGTG, desde el sector sindical- la posibilidad de movilizar a la masa social que realizó la protesta. Las frías cifras nos refieren entre 15 y 20 mil manifestantes actuando simultáneamente en distintas partes del país.

El Presidente Berger fue el más perjudicado porque insistió repetidamente que el “grupito” no superaba los cien inconformes, que según él, cambiarían de opinión respecto al TLC cuando les llegaran los “dolarotes”. Trató de minimizar la capacidad de convocatoria de las organizaciones populares y descalificó la participación de lideres sindicales.

Otro punto a favor de las organizaciones sociales es que lograron hacerle llegar a la población el riesgo de vulnerabilidad en que queda el país. No por el “libre comercio” en si, pero sí por las asimetrías entre las economías de los países participantes y, por la negociación realizada. En un análisis más simple podríamos indicar que la población también se dio cuenta que el gobierno de la GANA, y el Presidente Berger, no tienen ni la voluntad ni la habilidad necesaria para entablar diálogo con sus opositores. Al contrario, quienes se opusieron en las calles a la ratificación del TLC, no consiguieron hablar con el Presidente y la decisión del gobierno fue tomar el camino de la violencia y la represión. En esa decisión tiene mucha responsabilidad el Ministerio de Gobernación, la Secretaría de Análisis Estratégico, SAE, y el grupo de empresarios que forman parte del actual gobierno, al no advertir el grado de explosividad en que se colocó al país.

Tras los acontecimientos, entre los que se encuentra el asesinato de un campesino que protestaba en Colotenango, Huehuetenango. Y el uso excesivo de la fuerza para dispersar a los manifestantes en la ciudad, el Consejo Asesor de Seguridad, tomó posición abierta a través de un comunicado publicó en el cual sugirió al gobierno privilegiar el diálogo, y a los sectores sociales mantener en el marco de la ley su manifestación y rechazo. El CAS hace énfasis en que los manifestantes fueron “duramente reprimidos, negándoles su derecho a la protesta legítima”. Además recomendó al Presidente reconsiderar sus políticas de atención a las protestas y evitar intimidar a la dirigencia del movimiento social.

S E G U R I D A D   Y   D E R E C H O S   H U M A N O S

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló públicamente en su “Informe sobre Prácticas de Derechos Humanos en 2004” que “Hubo informes creíbles de muertes ilegales de parte de las fuerzas de seguridad”. Esto causó nerviosismo en más de un funcionario ligado a la seguridad pero todo se resolvió a través de una parca aclaración vía fax, en la que Gobernación aseguró no tener “conocimiento oficial”. Aunque el informe es un respaldo a la institucionalidad del Estado pues lo exime de toda responsabilidad de los crímenes al indicar que éstos no son política de Estado, las organizaciones civiles que velan por los Derechos Humanos dan su versión sobre los asesinatos: “se está dando una limpieza social”.

Las empresas privadas de seguridad

Se ha despertado cierta alarma de que estamos en riesgo de retornar a las épocas más oscuras del autoritarismo y la represión, y para agravar más la cosa, se ha determinado la conexión entre algunas empresas de seguridad “fantasmas” y la comisión de algunos delitos, lo que agrega nuevos aspectos a la inseguridad que vive la población. La Policía dio a conocer que dos empresas de seguridad privada son sospechosas de estar involucradas en robos, asaltos, extorsiones y envíos de anónimos para atemorizar a vecinos de las zonas 1 y 13, con la intención de que, los vecinos se vean inclinados a contratar sus servicios. Hay en el Congreso un proyecto de ley para que se regule el funcionamiento de las empresas de seguridad, las cuales superan en más del 50% el número de agentes de la policía.

La tarea no será fácil pues guardias superan en número a las fuerzas del Ejército y de la PNC juntos. Se estima que unos 110 mil agentes conforman esas empresas privadas y de ellos de 60 mil guardias no están registrados. Es evidente que no existe un control eficaz sobre su armamento, el personal que contratan, y los servicios que prestan, tampoco cumplen las condiciones indispensables para su funcionamiento, como la capacitación del personal y pago de prestaciones debido en parte a una ley obsoleta que no se ajusta a la realidad; y la escasa capacidad de supervisión gubernamental. De las 226 empresas de seguridad, pero sólo 123 cuentan con autorización.

Por su parte, la PNC está de nuevo en el foco de atención de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, por la notoria remilitarización que está sufriendo. Para el 8 de marzo estaba previsto que un grupo de Reacción rápida saliera a las calles de Guatemala y a los departamentos. Este grupo, está compuesto por 512 policías y 500 soldados lo que significa extender los “patrullajes conjuntos”.

El asunto va mucho más allá de la coordinación entre ejército y policía, porque dentro de la policía civil, y hay que subrayar el término ‘civil’, porque éste es producto de los acuerdos de paz. En la PNC hay asesores sobre asuntos de seguridad e información que provienen de las fuerzas armadas. La trayectoria que ha tomado la PNC aunque no debería extrañarnos, porque su director es un ex comisionado militar, aunque sí debe ser motivo de preocupación, porque se está retrocediendo en los pocos avances que ha tenido la seguridad, especialmente si consideramos que Guatemala tiene una historia reciente de persecución y represión política, originada desde las esferas militares.

Ejército

En este sentido no hay que olvidar un importante elemento de análisis. La Corte de Constitucionalidad, CC, resolvió en los primeros días de marzo, que el “secreto militar” no contempla los gastos en que incurrió la institución armada, por lo que esto abre la posibilidad para que se investiguen las denuncias contra los militares Enrique Ríos Sosa, (hijo de Ríos Montt) Sergio Hugo Cárdenas, Eduardo Arévalo Lacs (ex ministro de Defensa y Gobernación) y Henry Galindo, acusados de malos manejos que se habrían cometido durante la gestión del FRG.

Un análisis inicial de la decisión de la Corte de Constitucionalidad de delimitar el secreto militar, fortalece la institucionalidad armada. El secreto militar, queda a partir de ahora, sólo para los temas de seguridad y soberanía nacionales. Tal como ocurre en los países democráticos, donde se discuten públicamente el presupuesto castrense y el uso de éste.

El secreto militar hizo imposible la investigación y castigo de delitos cometidos por personal militar, entre los que se incluyen las graves violaciones a derechos humanos cometidos durante el enfrentamiento armado. El ejército se beneficiará porque podrá cambiarse la imagen de desprestigio, mientras que la justicia logra avanzar en campos para impedir que existan territorios que permiten la impunidad en la comisión de delitos.

El fallo de la CC habré la puerta para que los militares que creen y confían en una institución moderna y limpia de toda acusación puedan cerrar filas, pero dejando fuera a los malos elementos que han llevado a las fuerzas armadas a la deshonra y a lo más bajo de la aceptación ciudadana.

Pruebas para deshacerse de los implicados han salido a la luz pública en los medios de comunicación. Sólo en marzo nos enteramos que el Estado Mayor Presidencial sirvió para múltiples saqueos, (a parte de los mencionados durante los últimos cuatro años). Portillo el ex presidente y su EMP, hicieron gastos millonarios en licores. Gozaron de las mejores carnes y mariscos, además de excesivos gastos de representación y de combustibles.

En la identificación de los malos elementos contribuyó la confirmación del fallo condenatorio contra los militares acusados de asesinar a Monseñor Gerardi. El caso tiene un doble sentido positivo. Por un lado le hace limpieza al Ejército y por otro construye confianza en el sistema de justicia. En donde también contribuye la sentencia condenatoria contra cinco seguidores de Ríos Montt, acusados de racismo, entre ellos un nieto del ex militar.

La visita del Secretario de Defensa, Rumsfeld

La buena noticia para los militares la trajo el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, a finales del mes. Con cheque de US$3.3 millones en mano, el encargado de la Defensa de la potencia más grande del mundo llegó a nuestro país en la cintura de la Semana Santa, cuando todos en Guatemala estaban enfrascados en asuntos religiosos o en placenteras vacaciones.

Se sabía que venía a tratar tres asuntos básicos: la lucha contra el narcotráfico, la guerra contra el terrorismo y, a romper el bloqueo financiero que se le impuso al ejército guatemalteco hace más de veinte años. Pero la agenda al parecer fue mucho más allá de esos puntos. Además el Secretario Rumsfeld, vino a poner algunas cosas en orden, como el próximo voto contra Cuba en Ginebra; la participación más activa y directa del Ejército en la seguridad interna, especialmente contra las pandillas juveniles y contra posibles amenazas para la seguridad estadounidense.

De resultar cierto lo anterior, más el aumento de la lucha contra el tráfico de drogas y personas, el ejército requeriría aumentar el numero de efectivos al doble de lo existente actualmente. 30 ó 40 mil hombres, es lo que estima el Ministro de Defensa, Carlos Aldana. Paralelamente más equipo de comunicaciones, transporte, armas, municiones, salarios, establecimientos, bases, uniformes, botas y todo lo relacionado con vituallas y logística.

Es previsible, en ese marco, un aumento desmedido en el presupuesto militar, mayor influencia política en la seguridad y el retorno del ejército al viejo papel de controlar todo el territorio nacional. A menos que: 1) no se tenga contemplado –en la Casa Blanca- incrementar el poderío militar de Guatemala, sino establecer en nuestro país una o dos bases militares –Atlántico y pacífico- 2) convertir al ejército en una guardia nacional, que pueda actuar en asuntos internos y reducir más el ejército para que éste se mantenga pero sin mayor campo de presencia. O bien que 3) las fuerzas armadas mantengan el estatus de Ejército pero que se conviertan en la herramienta directa de Washington para atender asuntos en la región.

En el ámbito político el Secretario de Defensa también parece haber dejado instrucciones claras y de cumplimiento inmediato para que se desprestigie por medio de los mass media, a los grupos de izquierda que simpatizan con Hugo Chávez de Venezuela o con Fidel Castro en Cuba. En quienes el gobierno estadounidense tiene puestas sus preocupaciones, desde que la Secretaria de Estado, Condolezza Rice, se refirió ante el Senado sobre la situación de la región latinoamericana. En la lógica más simple podría verse a Guatemala como la frontera sur, más arriesgada y vulnerable que tiene Estados Unidos.