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P O L Í T I C A

Se ha iniciado el proceso para definir el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el 2006 y, como suele ocurrir, se ha convertido en motivo de disputas, negociaciones y tensiones. Al respecto de la orientación que debe tener el mencionado presupuesto existen dos vertientes: una inclinada a favorecer la parte comercial del país, apoyada fervientemente por el Presidente Berger y el grupo empresarial –o pro empresarial- que le rodea y, en contra posición otra vertiente encabezada por el vicepresidente, Eduardo Stein, que destaca la necesidad de orientar el presupuesto al área social.

La diferencia de criterios no debe ser entendida como división y pugna entre el mandatario y Stein, sino debe leerse como la consecuencia natural de la formación política y social de los actores. Berger identificado plenamente con el gremio empresarial que promueve el neoliberalismo y el predominio del mercado, y de un Vicepresidente orientado mayoritariamente al fortalecimiento de las instituciones democráticas y con amplios conocimientos de la realidad del país.

Stein ha argumentado que si no se garantizan fondos al área social, el país no tendrá estabilidad política para el desarrollo, ni capacidad de insertarse en la globalidad mundial por ser un país con enormes desigualdades. Pensar en la agenda social implica atender también el desarrollo rural integral, transitar hacia la solución de la conflictividad agraria, el acceso de crédito productivo, más educación y más capacitación. Además transferir tecnología a la provincia y conectarla con los mercados, y eliminar la idea de que el desarrollo rural es sólo lo agrícola.

Si bien es cierto que no hay desintegración del duo presidencial, tampoco se puede obviar que el vicepresidente advirtió que si la agenda social no se cumple y no se incluye en el presupuesto algunos dentro del gobierno estarían “replanteando su pertenencia a esta administración”. La mezquindad o la lógica de la confrontación que algunos promueven, llevó a varios, inmediatamente, a difundir una renuncia vicepresidencial, incorporando de manera mecánica, la salida de Víctor Montejo de la SEPAZ, y el voto contra Cuba en Ginebra, Suiza. Esa hipotética situación, es una elaboración mental demasiado extrema o prematura, de quienes lo creyeron o hicieron creer.

Porque en el caso de la orientación presupuestaria, no se trata de una diferencia irreconciliable. En la Sepaz, era notoria la falta de visión política a pesar de que Víctor Montejo tiene una excelente formación académica; pero nunca comprendió el trabajo político interno y externo que debía promover para crear las condiciones de cumplimiento de los compromisos de la paz. Es notable cómo la SEPAZ desaprovechó la creación de la Comisión Nacional de los Acuerdos de Paz, y la estrategia política que le dio origen y fundamento.

Sobre el otro argumento, es bastante conocido que el voto contra Cuba fue una decisión personal del Presidente, para lo cual tiene todo el derecho que le da la Constitución, y que lo hizo luego de escuchar posturas encontradas, entre las que se incluye la del Vicepresidente a quien le parecía más conveniente abstenerse de votar. La decisión del Presidente, es todavía menos comprensible a la luz de lo que sucedió poco después, cuando en el mismo espacio del Consejo Económico y Social de la ONU, Guatemala apoyó a Cuba para que Naciones Unidas, revise el trato que reciben los prisioneros en Guantánamo, donde EEUU tiene retenidos a cientos de musulmanes.

Respecto de esta situación, se destacaron bastante las declaraciones del Embajador de Cuba en Guatemala, Ángel Abascal, quien dijo que si se votaba contra su nación sería una “traición moral”, por la cooperación que el régimen cubano da a nuestro país, ya que 170 jóvenes guatemaltecos de familias humildes, se graduarán próximamente como médicos, 100 más estudian otras carreras, y más de 500 médicos ubicados en 4422 comunidades de 125 municipios, dando atención profesional sin costo. El Presidente Fidel Castro fue mucho menos diplomático y arremetió fuertemente en contra del Gobierno guatemalteco, poniendo en duda su autoridad moral para emitir un voto en ese sentido.

En todo caso, destaca también que a pesar de la ambigüedad mostrada, dadas las claras intenciones políticas del Gobierno de EEUU para promover esa resolución de condena, Cuba no ha retirado, ni piensa retirar por el momento la ayuda y el apoyo que brinda a Guatemala, porque para el Gobierno cubano “las relaciones no se establecen a partir del chantaje político”.

Mucho antes de que los congresistas conozcan el proyecto del presupuesto deben saldar algunos asuntos pendientes, como la iniciativa de ley de la GANA que busca la restitución del Impuesto a la Distribución de los Combustibles y Petróleo Crudo, que aun no consiguen aprobar porque las bancadas mayoritarias pugna por sus propias enmiendas. La Ley de Concesiones también enfrenta dificultades y varias bancadas han exigido numerosas reformas para no darle “un cheque en blanco” al gobierno. En lo que si consiguió consenso fue en la aprobación de la Ley de Seguridad Alimentaría, parte de los 12 proyectos de ley de la llamada Agenda Complementaria que busca compensar los efectos negativos del TLC.

E C O N O M Í A

Durante el primer trimestre de 2005, las divisas por exportaciones crecieron 20% en comparación al mismo periodo de 2004. Los exportadores de café pudieron recuperarse de la recaída del año pasado y aumentaron sus exportaciones. El sector textil también aumentó sus exportaciones en un 15,7 %. Sin embargo, el resto de productos no han corrido con la misma suerte. El dinamismo de la productividad y la inversión sigue sin aparecer del modo que lo ofreció el Presidente Berger en la campaña.

Consecuentemente los ingresos fiscales siguen escasos, menores que en 2004, lo que dejó en un 5% por debajo de la meta de recaudación para el presente período. Pero en ese mismo período, la banca se vio beneficiada con utilidades de Q207.3 millones, 8% más que el mismo período en 2004. Carolina Roca, Superintendente de la SAT, aceptó que la recaudación fiscal mermó durante el primer trimestre del 2005 respecto de 2004. Según ella, el pago anticipado, en diciembre, del Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz, fue el factor determinante. Esto no es compartido por el Colectivo de Organizaciones Sociales, COS, que considera que la reducción gradual del IETAAP se tenía prevista, ya que el impuesto fue diseñado para no afectar los intereses de las empresas. Además en la baja recaudación influyó la caída del dólar y la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. La recaudación del primer trimestre 2004 fue de Q5 mil 066 millones, y en 2005 de Q4 mil 936.5 millones.

La apreciación del quetzal frente al dólar americano tiene efectos variables sobre la sociedad guatemalteca. Así, dentro de los más afectados se encuentran los exportadores, que ven su mercancía perder competitividad por el precio más alto. También las familias que reciben remesas son afectadas, por recibir menos quetzales por cada dólar enviado. Por otra parte, los importadores vieron su poder adquisitivo aumentar, igual a quienes viajan al extranjero. La apreciación del quetzal frente al dólar se debe a varios factores. La guerra en Irak, que cuesta a Estados Unidos billones de dólares, y su creciente déficit fiscal inundan de dólares al mundo entero, lo que crea depreciación. También, en el caso de Guatemala, la lenta recuperación económica, el aumento de las remesas y la llegada de capitales especulativos atraídos por las tasas de intereses en vigor contribuyeron al fenómeno.

El envío de remesas alcanzó la cifra de US$659.7 millones en el primer trimestre de 2005, un 9% más con relación al primer trimestre de 2004, que a su vez fue un 28% mayor que el de 2003. Las remesas son producto del trabajo de guatemaltecos en el exterior, muchos de ellos ilegales. Sin embargo, congresistas radicales estadounidenses han lanzado la propuesta de incluir las remesas como parte de la cooperación norteamericana a Guatemala. La reacción del vicepresidente fue inmediata. Calificó la idea de “absurda, inaceptable y abusiva”, “Es un dinero duramente ganado por trabajadores guatemaltecos, por el que han pagado impuestos allá y con el que contribuyen a la economía de EE.UU. Además, no reciben las prestaciones laborales.

Mientras tanto, el costo de la vida reporta un incremento. El valor de 422 productos y servicios, que el Gobierno utiliza para calcular el Índice de Precios al Consumidor IPC, subió 0.47 % respecto de febrero. Desde enero, el aumento alcanzó 2.58 %. Sin embargo, el costo de vida de los últimos 12 meses (inflación interanual) es mucho más elevado, pues alcanza 8.77 %. La Junta Monetaria programó para este año un incremento inflacionario de entre 4 y 6 %. Pero el aumento será más sensible en abril, porque se reflejará el alza del petróleo en el mercado internacional desde mediados de marzo.

Los efectos inflacionarios impactan en la economía familiar: combustibles más caros, alza de la tarifa eléctrica, encarecimiento de la canasta básica y productos que no pesan lo que valen. Mientras el presidente Oscar Berger dice estar apenado, las autoridades monetarias consideran ajustar la tasa de interés líder de política monetaria.

Aunque el vicepresidente Eduardo Stein, indicó que será prioridad enfocar el presupuesto 2006 hacia temas sociales (educación, salud, vivienda y desarrollo rural), Sin el Ministerio de Finanzas, advirtió que cumplir con los ofrecimientos está condicionado a los ingresos fiscales. Una de las metas de los últimos presupuestos ha sido cambiar los antecedentes adversos y mejorar el gasto social, pero nunca se han alcanzado las metas. Y no porque no existan los impuestos suficientes, sino porque el Estado ha sido incapaz de cobrarlos eficazmente. Ello ha redundado en la disminución de la inversión social. El crecimiento del gasto social el año pasado fue de 2.33% con respecto a 2003, cifra sustancialmente inferior a 2002 y 2003 Este desinterés por lo social ha causado reacciones. El vicepresidente de la comisión de Asuntos Exteriores, del Parlamento Europeo, Raúl Romeva, reconoció haber “visto como el Gobierno guatemalteco ha sustituido la agenda de la paz, la consolidación de los derechos humanos, por la agenda económica”.

Muestra de ello es el reciente viaje del presidente Berger, junto al resto de presidentes del istmo, a Estados Unidos para tratar de convencer a los congresistas estadounidenses de aprobar el TLC. El tratado comercial que tanto costó aprobar a los diputados en nuestro país ha sido mal visto por congresistas republicanos y demócratas, así como por productores de azúcar, éstos últimos estiman que con la entrada en vigencia del TLC el mercado estadounidense será invadido por unas 600 mil toneladas métricas de azúcar libre de impuestos. Al lado de los azucareros se situaron, por primera vez, defensores de Derechos Humanos que previeron y advirtieron de una catástrofe en el sector laboral, liderado por las mujeres centroamericanas y de República Dominicana.

Otra pauta de la prioridad hacia la economía y el mercado, en lugar de lo social, es el inicio de las negociaciones de otro Tratado Comercial. Esta vez con Taiwán, hasta ahora se ha ajustado el marco general del acuerdo y lo relativo al intercambio de bienes quedará pendiente para futuras rondas, sin olvidar que el acuerdo tendrá que quedar suscrito en septiembre, durante la visita que haga al país asiático el presidente Oscar Berger. Guatemala tiene un déficit comercial importante con la isla, dado que en 2004 las exportaciones a ese país sumaron US$10 millones, mientras que las importaciones llegaron a US$125 millones. Además se vislumbra una pésima negociación donde Taiwán abrirá la puerta al 3.2% de los productos guatemaltecos, mientras Guatemala hará lo mismo con el 54% Taiwanes, sin mencionar que los asiáticos pretenden dejar fuera de la negociación el azúcar, nuestro principal producto.

Esa fiebre por los Tratados Comerciales debería servir a la búsqueda de nuevos proveedores de combustible ante la crisis actual que ha puesto la economía familiar contra la pared y al Gobierno con una verdadera amenaza de explosión social, o en el mejor de los casos, restará credibilidad y confianza al proyecto político GANA.

Lo que ha disparado los precios internacionales es la enorme demanda de China e India, así como la falta de nuevas refinadoras. Como alternativa, la cartera de energía preparó una campaña de ahorro que incluirá cambios legislativos para utilizar combustibles alternos, como el biodiésel o el bioetanol, además se espera perforar nuevos pozos en el país y aumentar la explotación interna. Y es que el riesgo es grave, en caso que se llegue a US$60 por barril, el país deberá pagar unos US$40 millones adicionales de los US$148 que paga, porque importamos casi 25 millones de barriles.

Lo más importante de entender son los efectos político-sociales. El gobierno parece no darse cuenta de los alcances del problema. Los estallidos sociales son el resultado, y la historia lo ha demostrado, de actitudes miopes y de no haber querido interpretar las señales de peligro cuando aparecen. Ante ello parece contradictorio que el partido oficial tenga en agenda la restitución del impuesto a la distribución de combustibles. No le ha sido fácil, obstáculo tras obstáculo ha impedido su aprobación. El argumento de la GANA es que con el establecimiento de este tributo los precios de las gasolinas bajarán, en especial el diesel.

La agenda parlamentaria que se ha propuesto la presidencia del OL es muy ambiciosa, pero el ritmo que hasta ahora ha tenido le es desfavorable para llegar a la aspiración de conseguir la aprobación de diez leyes antes del receso de medio año. En primera línea se tenía la Ley General de Concesiones, que fue extraída, según oficialmente para someterla a una presunta consulta de los distintos sectores sociales. Algo aun no plenamente establecido, hizo que el presidente dijera públicamente que la iniciativa sería retirada. Las dos versiones existentes al respecto son difusas: la primera fue expuesta por Hugo Beteta, SEGEPLAN, quien contradijo al mandatario al asegurar que la consulta a las organizaciones sociales no implicaba el retiro de la iniciativa, la cual se aprobaría aun cuando no se hubieran escuchado a todas las regiones del país. La segunda es más privada porque se refiere a la decisión unipersonal e inconsulta de cierto Comisionado presidencial de dar en concesión el parque turístico Tikal. Algo así como vender el venado antes de atraparlo. Esto desde luego es un extremo no comprobado pero que coincide con las declaraciones abruptas del mandatario que ya contaba, al momento de retirar la ley, con un buen trecho del camino recorrido en el Legislativo. Aunque la consulta también puede ser una simple táctica de limpia, para bendecir el proyecto económico que puede servir de salvavidas a la insalubre economía del Estado para realizar obra.

Lo sucedido es muy similar a lo ocurrido con la abolición de la pena de muerte. Aunque no llegó a formar parte de la agenda parlamentaria, la idea presidencial de eliminar esa pena, desató debates luego que Berger anunciara que enviaría al Legislativo el proyecto de ley con tal propósito. Finalmente el mandatario se retractó de su idea y, el momento solo sirvió para polemizar y dividir las opiniones de los ciudadanos, que siguen viendo como el Estado es incapaz de solventar el vacío legal existente desde que se decidió (junio 2000) retirarle al Presidente la facultad de conmutar la pena, y no definir quien sería responsable de las solicitudes de gracia a la cual tienen derecho los reos.

Con menor grado de importancia los congresistas trataron la kilométrica interpelación al Ministro de Salud, Marco Tulio Sosa que concluyó con la expulsión de la bancada de la UNE del diputado interpelante, Mario Bolaños y, el nuevo proyecto de Ley que busca criminalizar y penalizar los bloqueos de carreteras, pues frecuentemente es utilizado para exigir atención del gobierno a las demandas sociales.

J U S T I C I A

En el ámbito de la justicia la situación ha sido mejor, aunque existen hechos que lamentar. La primera condena por racismo fue sumamente positiva para la lucha contra la discriminación, especialmente hacia los pueblos indígenas. Mayor relevancia cobró el caso por tratarse de la Premio Nóbel de la Paz, Rigoberta Menchú quien salió triunfante en el proceso donde se condenó a 3 años y 2 meses de prisión conmutables a los responsables (entre ellos un nieto de Ríos Montt, y cuatro mujeres eferregistas, incluida una diputada al PARLACEN). La sentencia ha sido bien vista y ha generado un nivel mínimo de confianza hacia la justicia. En ese propósito también ha contribuido el cambio de presidencia en la Corte de Constitucionalidad. Donde el magistrado Cipriano Soto culminó su periodo y, la presidencia de la CC pasó a manos de Francisco Flores Juarez, en su discurso expresó que lo primero que hará en la institución será una auditoría para rescatar la confianza de la población.

Sin embargo, su ofrecimiento se vio empañado porque los magistrados dictaron una sentencia que favorece la impunidad. Se trata de un juego jurídico que trata de que aquellos funcionarios (los magistrados incluidos) que hayan cometido delitos durante sus funciones no sean perseguidos penalmente, y definieron que al declararse improcedente un antejuicio, se cierra también la posibilidad de que el caso se reactive en el futuro.

La parte lamentable es que los operadores de justicia han sido de nuevo blanco de ataques, intimidaciones y asesinatos, como el juez de alto impacto de Chiquimula que fue asesinado al salir de su residencia. La vulnerabilidad de los jueces y magistrados fue uno de los temas principales que trataron los presidentes de los tres organismos del Estado un su reunión mensual. El resultado fue provechoso, pues el presidente del Ejecutivo ofreció Q30 millones para la seguridad de los juzgadores, se creará además un cuerpo élite, se tendrá a disposición un helicóptero y habrá seguridad perimetral y personal si fuese necesaria.

La preocupación de la inseguridad, sin embargo, abarca a toda la ciudadanía. Continúan las muertes, los asaltos y las operaciones delictivas de los pandilleros. Las fuerzas de seguridad parecen esforzarse por reducir la criminalidad pero los planes hasta ahora han dado resultados cuestionables. Incluso la Procuraduría de los Derechos Humanos ha comenzado a cuestionar la forma en que la PNC realiza los operativos, porque existen crecientes denuncias de abuso policial y exceso de fuerza. Lo más dramático es que se ha implantado pruebas a las personas detenidas para que estas permanezcan en prisión. Lo delicado del asunto es que el Director de la PNC ha reconocido esa práctica, sin detenerse a pensar en las repercusiones negativas que conlleva esa forma de conseguir elevar el número de detenciones para presentarlos posteriormente como logros.

Más allá de lo visible, preocupa que de nuevo, tal como en los años de la guerra, efectivos militares se hagan cargo de la seguridad interna. Se retomaron los patrullajes conjuntos, se trasladó un grupo élite de la policía a instalaciones militares y, todo ello es consecuencia, dicen voces al interior de la PNC, de un grupo de asesores ex militares que se instalaron en la Policía Nacional ‘Civil’. Quienes además, cuentan las fuentes, sugirieron al director de la Institución, Erwin Sperisen, alterar las estadísticas de los crímenes cometidos durante el 2004, para cambiar la imagen de la policía.

En el combate al crimen organizado y al narcotráfico la situación es distinta, esta lucha ha cambiado desde la visita de Donald Rumsfeld, los decomisos se reactivaron pero las capturas siguen sin aparecer o las aprehensiones son de personas de poca importancia en la estructura del crimen organizado. Preocupación. Nada de que preocuparse pues se tiene garantizada la rectificación de Guatemala como un luchador contra el narcotráfico, pero eso si, no hay que perder de vista la lucha contra el terrorismo, punto de agenda primordial en la Casa Blanca.