Un viejo negocio de viejas amistades

Julio César Girón Barillas, un muy buen amigo del ex presidente de la República, Alfonso Portillo, está ahora metido en un proceso de investigación para determinar ¿cuáles fueron los motivos reales que motivaron a la empresa telefónica COMCEL, a emitir cheques por 3.5 millones de dólares a su favor? Las primeras respuestas oficiales de la empresa y del mismo Girón son verdaderamente preocupantes.

Después de varios intentos, finalmente la Fiscalía Contra la Corrupción, consiguió escuchar las declaraciones de dos ejecutivos de la empresa Comunicaciones Celulares, COMCEL, y la versión que da Julio Girón sobre los cinco cheques con los cuales la empresa lo favoreció, entre octubre de 1999 y junio de 2000. En el movimiento financiero también participó César Medina Farfán, otro amigo entrañable de Alfonso Portillo. El primer cheque emitido por COMCEL fue de US$500 mil depositado por Girón en una cuenta personal en el Total Bank, en Miami; el segundo por la misma cantidad se depositó en noviembre; el tercer pago fue 24 horas antes de que Portillo asumiera la presidencia; el cuarto cheque fue por US$1 millón depositado en la cuenta de medina Farfán y luego transferido a Girón; el quinto pago fue de US$915 mil en una cuenta en Panamá, en junio de 2000.

Para encontrar algún camino que nos lleve a elaborar una hipótesis posible de esas transacciones financieras ocultas por cinco años, es necesario reconocer a los actores del escándalo de corrupción más reciente -pero no el único- donde está involucrado Julio Girón quien fungió como Secretario Privado de la Presidencia, durante el gobierno del FRG.

Las cercanas relaciones de la empresa COMCEL con el poder político en el país no son nuevas. Es más la primer llamada por celular fue para Casa Presidencial. COMCEL, empresa formada con capital local y extranjero inició operaciones en 1990. Un año antes de esto el gobierno de la Democracia Cristiana, le adjudicó, luego de licitación, la banda "B" de telefonía celular y fue el propio Presidente de ese entonces, (octubre 1990) Vinicio Cerezo Arévalo quien hizo la primera llamada telefónica. Durante largo tiempo COMCEL gozó de los beneficios que otorga cualquier monopolio en un mercado.

El otro actor y, quizá el principal, es Julio Girón, inseparable amigo del ex presidente Portillo, estuvo a su lado en la campaña electoral, en los momentos difíciles y también en los momentos más fiesteros, como las visitas muy comentadas que hacían a la finca “El Chile” del ex presidente Arnoldo Alemán en Nicaragua. Girón adquirió tal nivel de poder e influencia que usaba el avión presidencial para viajes privados, que al parecer no quedaban oficialmente registrados. Estos vuelos, según investigaciones periodísticas, pudieron haber servido para transportar dinero de las arcas nacionales a cuentas bancarias en Panamá. Además de haber tenido influencia en varias de las decisiones presidenciales se convirtió en el fiel compañero de Portillo, incluso Girón fue quien ayudó a Portillo a salir de Guatemala hacia El Salvador para sacarlo del país a inicios del año pasado.

Tanto la empresa COMCEL como Julio Girón han reconocido que los millones de dólares desembolsados por la empresa sirvieron para financiar el “proyecto político” de Alfonso Portillo, quien fue llevado a la presidencia por el FRG. En este asunto, el FRG conducido por Ríos Montt, trata de distanciarse aclarando que la mayoría de funcionarios del Ejecutivo durante su gobierno fueron familiares y amigos cercanos del ahora ex presidente. Entre ellos se incluye una buena parte de militantes y dirigentes del ex gobernante Democracia Cristiana.

El escándalo en mención puede llegar a convertirse en una posibilidad para destapar más actos de corrupción u operaciones anómalas de las cuales no tienen conocimiento los guatemaltecos. Causa curiosidad por ejemplo, que si la empresa quiso dar dinero para la campaña electoral, lo haya hecho a las cuentas personales de un funcionario de gobierno, el Secretario Privado, y no a las arcas del partido político; igual o mayor curiosidad provoca qué sin recibir nada a cambio –como dicen ellos- la empresa haya regalado 3.5 millones de dólares y es más, que parte de ese dinero (US$915 mil) se hayan destinado a la campaña pre electoral de José María Coma, del grupo Transparencia donde también hay políticos de la Democracia Cristiana. Éste último personaje también es solicitado por el Ministerio Público pero, como nada novedoso en este país, ahora está desaparecido. Nadie lo ha visto y nadie sabe cómo localizarle.

Cualquier persona con cinco centavos de inteligencia puede percibir que no es posible creer que se dé tanto dinero sin esperar beneficios. Y para sustentar esa creencia, basta con recordar que durante el gobierno portillo-eferregista se redujo el monto que COMCEL debía pagar al Estado por el uso de la banda “B”. Antes la suma ascendía a Q42 millones anuales pero luego de un acuerdo extrajudicial la cifra se redujo a tan solo Q1 millón. Y por si eso fuera poco, en el 2003, último año de Portillo en la presidencia, COMCEL adquirió en propiedad la banda “B”.

La preocupación mayor que nos ocupa no es lo que pueda provocarle a COMCEL, Girón y compañía, el destape del escándalo, tampoco nos preocupa si las empresas que son la competencia de COMCEL aprovechan la oportunidad para desbaratar el mercado de su rival, tampoco si las investigaciones alcanzan para solicitar en el país las declaraciones del ex presidente Portillo. Que aunque son motivo de interés porque así se podría aprovechar la oportunidad para aclarar otras anomalías, nos llama la atención el grave nivel de vulnerabilidad en que se encuentra el sistema político.

Pareciera que cualquier empresa o persona puede venir a instalar al presidente de su predilección e interés para favorecer a cierta empresa, persona o sector. Bajo la sombra de una supuesta donación se pueden comprar voluntades y desfalcar Estados. Y para nuestra desgracia, sólo este caso ha quedado documentado y en investigación, porque muchas son las manzanas podridas que hay que sacar de este canasto de problemas. Una de ellas la sacó hace unos días el ex presidente Juan Francisco Reyes, al reconocer que parte de la campaña electoral del FRG –además de COMCEL- lo pagó el empresario Juan Luis Bosch. Según el ex vicemandatario, éste empresario también habría dado dinero a otros partidos y, en la última campaña habría financiado la candidatura del actual Presidente, Óscar Berger.

Motivos suficientes para reformar la ley que regula las finanzas de los partidos políticos los hay y de sobra. Pero como no hay democracia perfecta, son esos mismos partidos quienes en el Congreso deben transparentar sus ingresos y gastos de campaña. Ahora falta ver si sus financistas les dan permiso.

Titulares de primera plana

Berger se compromete a revisar concesiones. Evaluar los contratos mineros, reactivar la comisión de supervisión y tener más comunicación fueron los compromisos a los que llegó el Presidente Berger con los obispos Álvaro Ramazzini y Hugo Martínez, en casa presidencial donde estuvo Frank La Rue, director de COPREDEH. Ramazzini explicó que le insistió a Berger que debe pedirle por lo menos el 50% de sus ganancias a la minera. Sobre la marcha programada para el jueves, dijo se mantenía en pie, pues no es contra el gobierno sino para dar a conocer su postura. Analiza el ofrecimiento de seguridad personal que le hiciera el Ministerio de Gobernación, ante las amenazas que ha recibido. La Rue expresó su satisfacción con la cita y dijo que harán un esfuerzo para cumplir con los compromisos. En la plenaria anual de la Conferencia Episcopal, se analiza el tema de la minería los efectos del TLC y las amenazas a monseñor Ramazzini. (Luisa Rodríguez, O. López, L. Blas, PL: 3)

Ex PAC bloquean la Corte. Ex Patrulleros de Autodefensa Civil, provenientes de varios departamentos, manifestaron ante la Corte de Constitucionalidad, CC, e impidieron el ingreso del personal que allí labora, incluyendo a su presidente Cipriano Soto. Exigían que se les autorizara la indemnización y que según la CC se resolvería ayer. Soto les indicó que a menos que lo dejaran entrar, no podría resolver el recurso de inconstitucionalidad, planteada por grupos de derechos humanos. Los PAC insisten en rechazar la oferta del presidente Oscar Berger, quien prometió materiales de construcción como forma de pago. La semana pasada Soto pospuso la discusión del expediente sobre el pago a los ex patrulleros y anunció que la resolución se discutiría el 4 de febrero. (Luis Ismatul. SV: 4)

Seis muertos en finca de Suchitepéquez. En la finca El Corozo, Samayac, Suchitepéquez, unos 250 campesinos exigían la liberación de su compañero Pedro Tambriz Itzep, capturado el pasado viernes por guardias privados de la finca; por lo que el juez de Paz Héctor García, el auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos, Francisco García, y algunos agentes de la PNC, se presentaron para practicar un recurso de exhibición personal a favor del desaparecido. El propietario, José Fernández, ex candidato a la presidencia por el Partido Popular, PP, en los comicios de 1995, negó que Tambriz se encontrara allí. Mientras tanto sus familiares reconocieron el cadáver en la morgue del lugar, lo cual enardeció a los labriegos, quienes atacaron con palos, piedras y machetes a los guardias de la finca. En respuesta los agentes dispararon contra los campesinos, con el saldo de cinco personas muertas y ocho heridos. La policía capturó a Vicente Macario y Tomás Tambriz. Carlos Sandoval, representante legal de ese inmueble, así como de la finca Nueva Linda, señaló que los guardias tuvieron que accionar sus armas, para defender al propietario. (Michelle Garzaro. Con información de Walter Nájera. SV: 6)

Más de 300 evacuados por contaminación. Desde el domingo se inició un incendio en el relleno sanitario de la zona 3, causando daños a más de 3 mil personas del sector, 300 niños fueron evacuados y 21 escuelas suspendieron clases. Las pérdidas se estiman en más de Q5 millones. Para unas 3 mil personas este basurero es su única fuente de trabajo, ganan aproximadamente Q100 diarios en la recolección y clasificación de 25 productos reciclables. Por el incendio más de 50 refugios de los recolectores se quemaron. Ahora, más de 2300 toneladas de basura están siendo desviadas diariamente al vertedero de Villa Nueva. (Leonardo Cereser, Claudia Munaiz, PL: 2,3)

ONU confía en alcanzar las “Metas del Milenio”. El representante del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, Juan Pablo Corlazzoli, soslayó ayer la importancia de que Centroamérica se compromete con las Metas del Milenio en 2015. Este compromiso, aprobado por la mayoría de países del mundo en 2000, busca reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre en 2015, además de universalizar la enseñanza primaria, la igualdad de género, reducir en dos terceras partes la mortalidad infantil y materna. Aunque saludó los aumentos presupuestales en educación y salud, Corlazzoli manifestó que el gobierno guatemalteco debe ir más lejos y atacar las causas estructurales de la pobreza y de la desigualdad. En éste sentido, recordó que la meta de la carga tributaria de 12 % del PIB constituye el piso y no el techo de lo que se podría recaudar. (Lorena Álvarez, EP: 8)

Justicia

Piden extradición de Llort. La Fiscalía Contra la Corrupción solicitó ayer la extradición de José Armando Llort, ex gerente del Crédito Hipotecario Nacional, CHN, por delitos, como peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y estafa. El ahora empresario en Miami habría lavado más de US$10 millones del CHN, además de beneficiar al menos a 20 empresas de familiares o amigos, para lo cuál habría utilizado 260 cuentas bancarias para desviar los fondos del CHN al Hamilton Bank, Florida. Llort habría recibido Q37 millones en 2002, de militares retirados, para cancelar deudas producidas por los sobregiros que beneficiaron a sus cercanos. El juez Víctor Hugo Herrera tendrá que analizar si corresponde enviar la petición de extradición a la Corte Suprema de Justicia para que luego la Cámara penal cumpla con la ley y que se traslade la petición a Estados Unidos. (Kenia Reyes, EP: 3)

Economia

CACIF pierde su rol coordinador. En 2004 el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, empezó a perder su rol como comité coordinador, lo que culminó con el retiro de los comerciantes, quienes fortalecerán y modernizarán su gremio de manera independiente. El regreso depende de las condiciones, indica Edgardo Wagner Durán, presidente de la Cámara de Comercio. Declara que a partir de 2004, empezaron a darse situaciones preocupantes para la cámara. CACIF perdió el control en la elección de la Junta Monetaria, JM. La Junta Directiva de la Cámara de Comercio lo conoció el 8 de noviembre y lo ratificó el 15 de noviembre. Institucionalmente no podía permitir que se le desalojara del espacio que le corresponde ante la JM, por mandato constitucional. Históricamente han sido tres instituciones para un puesto, ocupado de forma rotativa, pero el reglamento fue cambiado por el “genio malévolo” del Gobierno anterior. Wagner considera que no están promoviendo lucha de poderes, están defendiendo principios institucionales y derechos que tienen. (Enrique Canahuí. Pulso. SV: 2/3)

Óscar Berger aboga por la producción bananera. A iniciativa de Lucio Gutiérrez, presidente de Ecuador, se celebrará allí mañana la Cumbre de Países Productores de Banano de Latinoamérica, a la cuál asistirá el presidente Berger. El objetivo de la cumbre es elaborar una declaración conjunta en la cuál se rechaza la propuesta de la Unión Europea de instaurar un arancel de 230 Euros por tonelada a bananos latinoamericanos. Enrique Lacs, Viceministro de Economía, indicó que la puesta en marcha del arancel significaría que Guatemala quedaría fuera del mercado europeo, debido al trato preferencial que recibirían productores africanos. Con una producción que alcanza los US$210 millones de ventas, Guatemala figura dentro de los 15 mayores productores de banano del mundo. (Antonio Ordóñez, EP: 6)

Breves

CACIF busca regreso de Cámara de Comercio. Ayer el CACIF en sesión ordinaria le dio la bienvenida oficial a la Cámara de Turismo. Así mismo, se discutió la salida de la Cámara de Comercio de Guatemala, CCG, y además se analizaron las opciones para que la salida de la CCG sea temporal, según informó el Vicepresidente del CACIF Augusto García Noriega. (Hernán Guerra. PL: 20)

Gaceta del Diario Oficial

Presidencia De La República. Acuérdase crear La Comisión de Reestructuración del Fondo De Desarrollo Indígena Guatemalteco.

Ministerio de Relaciones Exteriores. Acuerdo por Canje de Notas entre la República de Guatemala y los Estados Unidos de América, referente a Ejercicio Militares de Ayuda Humanitaria durante el período de 1 de enero al 31 de diciembre del 2005 que incluyen Ejercicios de Ayuda Humanitaria, Médica, Dental y Veterinaria (MEDRETES), firmado con fechas 25 de octubre y 2 de noviembre de 2004.

Ministerio de Agricultura Ganadería Y Alimentación. Acuérdase crear como Unidad Especial de Ejecución dentro de la estructura del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación el Centro de Apoyo a la Inversión Productiva y Comercial del Sector Agropecuario, Forestal e Hidrobiológico -INFOAGRO-, el cual dependerá directamente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Ministerio de Agricultura Ganadería Y Alimentación. Acuérdase autorizar al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- a través de este instrumento, la suscripción de convenios Administrativos que considere necesarios con la Asociación Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales -AGREXPRONT-, a fin de delegar en esta entidad, la administración de recursos financieros y/o la ejecución de programas y proyectos que busquen impulsar el desarrollo del sector agropecuario, forestal e hidrobioloógico.

Ministerio de Agricultura Ganadería Y Alimentación. Acuérdase emitir disposiciones para el Embalaje de Madera utilizado en el comercio internacional.

Sociedad Civil

El Gobierno de Guatemala
debe enfrentar la violencia con decisión

Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala
gpdn@optonline.net

El año 2004 fue, sin duda, el más violento de los años posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz de 1996. Las cifras que se han recogido en la prensa son escandalosas: 1960 muertes violentas, de las cuales 527 fueron de mujeres. Entre esas múltiples víctimas las hubo de todos los orígenes sociales y de todos los sectores en términos étnicos, religiosos, políticos y de edad. Para nosotros, los miembros de la RPDG, ha sido especialmente doloroso y preocupante el asesinato del Sr. Florentín Gudiel Ramos, destacado líder social de su comunidad y padre de Makrina Gudiel, hoy dirigente de la URNG y anterior compañera nuestra de trabajo en la búsqueda de la solidaridad internacional para Guatemala durante muchos años. Igualmente preocupantes son las amenazas que ella y su familia siguen sufriendo, al igual que muchos otros dirigentes sociales y políticos, sin que se garantice su adecuada protección. Exigimos, enérgicamente, que el gobierno y el Estado realicen las investigaciones del caso, lleven a juicio a los responsables del crimen y den la debida protección a la Sra. Makrina Gudiel y sus familiares.

Lejos del clima de tolerancia, respeto y paz que los Acuerdos de Paz de 1996 anunciaban, el país se encuentra sumido en el temor y la angustia, como lo acaba de señalar a principios de año, oportunamente, el Cardenal Rodolfo Quezada Toruño, Arzobispo Metropolitano de Guatemala. Lo que es peor, la ciudadanía vive hoy una atmósfera de incertidumbre semejante a los peores momentos de la brutal represión del decenio de 1980, agravada por el hecho de que hoy la autoría de los hechos violentos es más difícil de precisar. En el decenio de 1980, la responsabilidad por la violencia correspondía al Estado, particularmente a sus fuerzas militares y de seguridad; hoy, si bien hay agentes del Estado que han participado, particularmente fuerzas policiales en actos de la mal llamada "limpieza social", abusos de poder o utilización excesiva de la fuerza, la violencia también surge de grupos clandestinos, delincuencia organizada, delincuentes de la calle, incluidas las maras, y criminales con motivación política.

En este sentido, si bien el Estado tiene responsabilidad directa por los actos de sus agentes y debe actuar prontamente para evitar la impunidad de los mismos o superar, vía despido, la incapacidad de los funcionarios responsables, debe reconocerse, igualmente, que la proliferación de fuentes de violencia resulta ser también responsabilidad fundamental de todo Estado. Según la teoría política, los Estados se han formado para la protección de la vida, la integridad y los bienes de sus ciudadanos. Al no proporcionarse ésta, el Gobierno y el Estado, dejan de cumplir la razón de ser de los mismos. Esta fundamental obligación del Estado no puede ignorarse en cualquier análisis de tipo constitucional de las medidas que se tomen para brindar seguridad.

Nosotros, los miembros de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala estamos convencidos de que el Estado puede y debe detener la violencia que impera en el país. Para ello, urge fortalecer, tanto con recursos nacionales como internacionales, la capacidad del Estado para frenar la delincuencia; ampliar y fortalecer los mecanismos de investigación de los delitos más graves; promover el enjuiciamiento de todos aquéllos que resulten responsables; y combatir con determinación la impunidad. Adicionalmente, se deben atacar a fondo las causas fundamentales de la delincuencia, es decir, la pobreza y la marginación.

Para frenar la violencia es imprescindible aplicar la ley; pero sin cometer violaciones de derechos humanos. La Policía Nacional debe ser motivo de una profunda reorganización y debe ser dotada de los recursos indispensables para poder combatir la delincuencia. Se debe lograr la confianza de la población, respetando a la misma y ayudándola y protegiéndola, y se debe sustraer a las fuerzas de policía de actuar represivamente en conflictos sociales y económicos que han de ser resueltos por la vía de la negociación. La Policía Nacional debe dejar de ser instrumento de coerción de los poderosos, para convertirse en factor de equilibrio y moderación social y, principalmente, de firme combate a la criminalidad.

La falta de investigación criminal es apabullante. La impunidad se inicia en la falta de investigación o en las investigaciones mal hechas de los hechos criminales. El ejemplo de la investigación del asesinato de Monseñor Gerardi es un monumento tanto a la manipulación de la investigación por parte de intereses creados, es decir los sectores políticos involucrados en el asesinato, como a la incapacidad de hacer las pesquisas en forma profesional y oportuna. Este ejemplo resulta multiplicado por miles cuando se trata de investigar los delitos comunes que a diario ocurren en toda la República, incluidos los múltiples casos de linchamiento o de violencia colectiva, como la aplicada por las ex PAC, que han plagado el país en los años recientes.

El enjuiciamiento de los responsables ha sido tan ineficaz e ineficiente que la función del ministerio público, lejos de combatir la impunidad por los crímenes cometidos, tanto de motivación política como comunes, ha sido uno de los principales factores de la misma. Adicionalmente, el Ministerio Público ha perdido legitimidad y autoridad moral al renunciar durante años a tomar acciones de cara a los delitos por motivación política. Los 200,000 muertos de Guatemala claman por la determinación clara y precisa, y del castigo correspondiente, de los responsables de los mismos. No se trata de crímenes comunes, como se ha comprobado al exhumar a miles de víctimas en los múltiples cementerios clandestinos a lo largo y ancho del país; se trata de que Guatemala es el único país de América Latina en donde se ha establecido que hubo genocidio. Si el Estado guatemalteco no es capaz de impartir justicia de cara al mismo, al igual que en la ex Yugoslavia y en Rwanda, el caso tendrá que ser abordado por un tribunal penal internacional.

Aun con las transformaciones arriba sugeridas, el Gobierno y el Estado deben reconocer que la violencia no se combate solamente con acción policial y judicial. La falta de trabajo, la abyecta pobreza y la marginación económica son en última instancia el caldo de cultivo principal de la violencia; no se puede ignorar que la violencia delincuencial es una respuesta a la violencia económica. Urge la creación masiva de oportunidades de ingreso: tierra, empleos y micro crédito son los instrumentos para atenuar la tensión social.

Reconocemos que los desafíos que se le presentan a los tres Poderes del Estado de Guatemala son monumentales; pero ha llegado el momento de dejar de lamentarse y pasar a la acción, ante el peligro cierto de que el Estado pueda colapsar.

Con esta preocupación, proponemos al Estado y la sociedad guatemalteca las siguientes medidas:

a) La aceptación inmediata y sin restricciones del apoyo ofrecido por las Naciones Unidas, por medio de la CICIACS, como instrumento destinado a la eliminación de los grupos armados clandestinos, y de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, para dar un seguimiento constante y cuidadoso a la protección y promoción de los derechos humanos en Guatemala. Si bien hemos sabido de la firma del acuerdo entre el Gobierno y la Oficina de la Alta Comisionada, es lamentable que no se le permita a ésta presentar informes sobre la situación de los derechos humanos, al mejor estilo de los regimenes militarizados que plagaron el país;

b) La conformación inmediata de un foro en el que participen el Estado y los diversos sectores de la sociedad civil, que tenga como objetivo el análisis y la propuesta de soluciones a los problemas que generan la inseguridad ciudadana. Este foro debería estar dirigido por una Comisión para la Convivencia Pacífica, que, como su nombre lo indica, buscaría tanto medidas de control como medidas de promoción, tales como la responsabilidad y la solidaridad ciudadanas;

c) El fortalecimiento de la capacidad de dar protección a la población, investigar los diversos delitos, enjuiciar a sus responsables, juzgarlos adecuadamente y castigar a quienes resulten culpables de crímenes, tanto de motivación política como común; y

d) Acelerar el cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en los Acuerdos de Paz en todos los ámbitos, incluidas las reformas constitucionales correspondientes, particularmente en materia de derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, resarcimiento a las víctimas de la represión, vigencia del estado de derecho, fortalecimiento de la sociedad civil y aspectos sociales y económicos, que permitan el urgente combate a la marginación y la pobreza.

En nuestra condición de Red con carácter internacional, ofrecemos nuestra mayor colaboración al Estado y la sociedad guatemaltecos para acompañar todas las acciones que se tomen en correspondencia con los planteamientos que aquí hemos formulado. La paz social es indispensable.

Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala
15 de enero de 2005

Agenda

Miércoles 26:  Joaquín Orellana, Alejandra Flores y Rodolfo Kepfer participan en el conversatorio De quijotes, poetas y locos: creatividad y locura. En el Centro Cultural de España (vía 5, 1-23 Z. 4) A las 19:00 horas. Entrada libre.

Miércoles 26:  Convergencia “31 de enero” a la serie de actividades “A 25 años de la masacre en la embajada de España - la lucha sigue”. Inauguración de la exposición fotográfica “Porque el color de la sangre jamás se olvida” y estreno de dos videos relativos a los sucesos del 31 de enero de 1980. Centro Cultural Universitario (2ª Av. Entre 12 y 13 calles, Z. 1) a las 17:30. Entrada libre.

La Justicia no puede esperar más. El Ministerio Público anunció avances en la persecución de algunos casos de corrupción que han estremecido a la opinión pública. Se ofrece la esperanza que algún día se aplique la justicia contra ex funcionarios señalados por su cuestionable desempeño. Incluye a Armando Llort, ex presidente del Crédito Hipotecario Nacional, sindicado de varios ilícitos, algunos escandalosos. Se indagará a los políticos Álvaro Colom y Leonel López Rodas, por su participación en el desvío de fondos del Estado para financiar sus campañas electorales en el 2003, ahora con indicios de lavado de dinero. Hay noticias positivas en el caso del desfalco por Q906 millones por oficiales del Ejército. Son logros notables pero no bastan, hace falta que las investigaciones sean sólidas, que las evidencias resulten irrefutables y que los casos se lleven hasta sus últimas consecuencias. (SV: 10)

Gustavo Berganza. Enviciados con el militarismo. Las voces más conspicuas de la derecha exigen mano dura al gobierno. No conciben que el Ministro de Gobernación y el jefe de la policía tengan las manos atadas para aplicar toda la fuerza represiva del Estado a los grupos que se atrevan a manifestar sus reclamos públicamente. Al fastidio que les causan las demostraciones públicas de inconformidad, de colectivos sociales en contra de políticas que impulsan el actual régimen, se une la amenaza real de una delincuencia que mantiene en jaque a los guatemaltecos. Fenómeno ante el cual los encargados de la seguridad ciudadana no han sabido reaccionar para disminuirlo. En este clima, en el que se entremezclan los deseos de cerrarle el espacio a los grupos subalternos, para hacer conocer sus demandas con la necesidad de mostrar que la violencia común y organizada no han cuarteado el ánimo de quienes nos gobiernan, surge la idea de incorporar cuadros militares a la PNC. Una idea que muestra cuán fuerte es todavía la mentalidad contrainsurgente en las élites nacionales. (EP: 15)

Marielos Monzón. De obispos y mercaderes. La actitud del Gobierno en torno a la concesión para explotaciones mineras a cielo abierto hizo crisis. Públicamente las autoridades expresan un interés en dialogar, pero a la vez toman acciones concretas que contradicen sus palabras. Después de la tragedia en Los Encuentros, Sololá, en lugar de asumir la responsabilidad y corregir el rumbo, el presidente Berger, acusó a monseñor Álvaro Ramazzini, de ser el instigador de la movilización y de buscar el enfrentamiento. Lo señaló de atentar contra el Estado de Derecho y la unidad nacional. El cardenal Quezada Toruño sintetizó con esta frase: ”si me critican los pobres me siento mal, si me critican los poderosos me siento bien”. Antes de acusar y señalar a la Iglesia y a un obispo, el Gobierno debería cambiar el rumbo, reconocer que no puede imponer una modalidad minera altamente perjudicial para el país y rechazada por la mayoría de la población. Bien haría el Gobierno en respetar la legislación vigente y los compromisos internacionales, como el Convenio 169. El monopolio del poder, la información y el ejercicio de la fuerza no aseguraN que siempre puedan imponer todo. Si el gobierno quiere encontrar al responsable de los hechos de Sololá no debe buscar al obispo Ramazzini, basta con mirarse en el espejo. (PL: 16)

América Central

Nicaragua - EU. Inician operación Nuevos Horizontes. En el marco de un programa conjunto, el barco USS Cape Knox llegó el domingo a un puerto de Nicaragua con equipo de construcción y material médico. La operación humanitaria: Nuevos Horizontes, se desarrollará en la provincia de Chinandega, fronteriza con Honduras, y tiene entre otros objetivos, construir 4 colegios y 2 clínicas con equipos médicos y veterinarios en las que los estadounidenses prestarán sus servicios. El programa, hasta junio, involucra mayormente a reservistas estadounidenses. [Houston Chronicle]

El Salvador. Flores expondrá plan de trabajo a OEA el jueves. La cancillería anunció ayer que Francisco Flores, dará a conocer su visión y plan de trabajo ante el Consejo Permanente (embajadores de los 34 países miembros). El canciller Francisco Laínez, manifestó confiar de “que en base a su experiencia y capacidad, él estará presentando algo que en realidad tome en cuenta todo lo que se ha venido discutiendo sobre la OEA: sobre las inquietudes que hay, sobre los problemas que afronta el hemisferio y más que todo sobre la forma de ayudar para que las democracias sean sanas y las instituciones se fortalezcan”. A continuación, Flores empezará una nueva gira en el continente “para hablar directamente con los mandatarios, escucharlos, tratar de exponer su programa y el ir viendo cuáles son los apoyos a los que se puedan conseguir". [Houston Chronicle]

Nicaragua. Sandinistas ratifican respeto a libertad de expresión. 24 horas antes de reanudar el diálogo tripartito en un intento de resolver la crisis política que atraviesa Nicaragua desde noviembre pasado, el FSLN confirmó su voluntad de proteger la libertad de expresión en el país y Edwin Castro, su vocero, añadió que jamás permitiría que dicha libertad sea restringida por una reforma de ley. De ésta manera, quiso terminar las dudas, en relación a una propuesta de ley llevada en noviembre por el FSLN y el Liberal Constitucionalista que pretendía reformar la constitución con el fin de eliminar las exoneraciones fiscales de las cuales gozan los medios de comunicación en el país, cuál proyecto provocó una campaña agresiva de ésos últimos en su contra. [Prensa Latina]

El Salvador. Propone FMLN distribuir mejor el presupuesto salvadoreño. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional dio a conocer ayer su intención de proponer al parlamento que se mejore la distribución del presupuesto nacional en el 2005. El FMLN quiere exigir al actual gobierno de Elías Antonio Saca, para que tome cuenta “las necesidades del pueblo salvadoreño, las cuales deben ser incluidas con urgencia en el presupuesto nacional”. El Salvador cuenta con un índice de pobreza de 42% y una tasa de desempleo de 43%. También la Comisión Política del FMLN lamentó que no haya debate de ideas y argumentaciones, sino compras de voluntad. [Prensa Latina]

India. Mueren hasta 300 en una estampida humana. Más de 150 mil peregrinos hindúes participaban en una procesión anual, y entre 250 y 300, incluyendo muchas mujeres y niños, podrían haber muerto hoy aplastados o incinerados en una estampida humana y un incendio cerca de un templo en el oeste de India. "Esto no incluye a las personas que podrían haber muerto calcinadas en las tiendas que quedaron destruidas en las cercanías", dijo un reportero. [Reuters]

Irak. Fuerzas de seguridad iraquíes usan tortura. Detenciones ilegales, tortura y aislamiento de los prisioneros -incluidos niños-, son algunas de las "rutinas" practicadas por las fuerzas de seguridad de Irak, denuncia Human Rights Watch. Los abusos incluyen someter a los presos a interrogatorios con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda; son pateados, golpeados, abofeteados y azotados por todo el cuerpo con tubos, palos de madera, palos de hierro y cables. Los asesores policiales extranjeros, en su gran mayoría pagados por el gobierno EU, "se han hecho la vista gorda ante estos abusos generalizados", añadió. El gobierno de Ayad Alaui "parece estar participando plenamente en estas graves violaciones de derechos humanos, o al menos es cómplice", dice. "Ni el gobierno de Estados Unidos, ni el del Reino Unido han encarado este tema." [BBC; Nuevo Herald]

Irak. Asesinan a juez y a once policías en Bagdad. Pistoleros ametrallaron el vehículo en el que se encontraban Qais Hashim Shameri, y su hijo cuando salían de su domicilio. Poco después, un tiroteo entre la Policía iraquí y un grupo de insurgentes que repartía panfletos en los que instaban a la población a no participar en las elecciones del domingo, concluyó con al menos once agentes muertos y seis heridos, varios de gravedad. El mando militar estadounidense en Bagdad informó de la muerte de un soldado en un atentado perpetrado ayer, con una bomba de fabricación casera. Además, reconoció que cinco de sus marines fallecieron y dos más resultaron heridos, uno de gravedad, cuando el carro de combate "M2 Bradley" en el que patrullaban se accidentó anoche. [Observa]

EU. Bush quiere otros 80 mil millones para Irak y Afganistán. Fuentes legislativas han revelado el proyecto del Gobierno cuando el Ejército confirma sus planes de mantener al menos 120 mil efectivos en los próximos dos años en Irak para continuar la lucha contra la insurgencia. La solicitud, que eleva el costo de ambos conflictos a unos 280 mil millones de dólares hasta ahora, será presentada formalmente al Congreso en febrero en el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2006. [CNN+]

EU. Rechazan nombramiento de nuevo procurador. Dos de las organizaciones de derechos humanos más importantes de EU -Human Rights Watch y Human Rights First- se pronunciaron contra la ratificación de Alberto Gonzáles como Procurador general. Gonzáles, como abogado de la Casa Blanca, "ejerció un papel clave al ofrecer la justificación legal a las políticas que llevaron a la tortura y el abuso contra detenidos bajo custodia de EU", declaró HRW, que es la primera vez en su historia que se opone formalmente al nombramiento de un miembro del gabinete. "Gonzáles aconsejó al presidente que las leyes de derechos humanos y elementos esenciales de la Convención de Ginebra no son obligatorias para los funcionarios estadounidenses en la lucha contra el terrorismo", declaró HRF. El Comité Judicial del Senado votará esta semana. [La Jornada]

EU. Reitera la prensa que sí existe un nuevo servicio secreto. El Pentágono desmintió por segundo día que exista alguna "unidad que responda directamente al secretario de Defensa para operaciones clandestinas". Pero CNN informó que la nueva "división para apoyo estratégico" fue creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Las actividades fueron acordadas con la CIA, y puede desarrollar operaciones antiterroristas secretas en todo el mundo. Según el New York Times, la creación de esta unidad especial es fruto del deseo del secretario de Defensa, Rumsfeld, de recopilar información más con ayuda de agentes que de medios técnicos. Entre otras cosas deben espiar objetivos y, con la información obtenida, apoyar las operaciones de combate de unidades especiales. El Washington Post señaló que el servicio secreto del Pentágono debe poner fin a la "casi total dependencia" de la CIA. Entre los reclutados hay "caras tristemente célebres" cuya relación con EU podría ser vergonzante en caso de ser descubierto. [La Jornada]

Bolivia. Otra región busca la autonomía. Líderes cívicos del sureño departamento de Tarija, anunciaron que promoverán un cabildo simultáneo al de Santa Cruz, en demanda también de su autonomía regional. "Vamos a demandar medidas concretas en el camino de la autonomía", comentó Roberto Ruiz, presidente del Comité Cívico, al denunciar que ese departamento estaba cansado de la "desatención permanente" del gobierno central. Tarija, una de las regiones de menor desarrollo, posee 85.6% de las reservas de gas natural del país. [El Universal]

España. Revelan carta de Scilingo en la que admite crímenes y torturas. El ex capitán argentino admitió en marzo de 2004 sus crímenes y torturas a prisioneros en la Escuela de Mecánica de la Armada en una carta enviada al periodista Horacio Vertbitsky. El autor del libro 'El Vuelo', quien entrevistó al ex militar en varias ocasiones, compareció hoy como primer testigo en el juicio de Scilingo por genocidio, terrorismo y torturas. El periodista explicó que cuando conoció a Scilingo, éste era un hombre destruido por haber participado, en 1977, en dos de los vuelos de la muerte, donde lanzaban al mar a los prisioneros, vivos y drogados. El original de la carta manuscrita, entregada por Verbitsky al Tribunal, fue ratificado como auténtico por el propio Scilingo. [Prensa Latina]

Chile. Piden desafuero Pinochet por cuentas. Querellantes en casos de derechos humanos pidieron que el ex dictador Augusto Pinochet sea despojado de su fuero como ex gobernante para ser indagado por los delitos financieros en que habría incurrido al tener cuentas secretas en el extranjero. Los juristas Carmen Hertz y Alfonso Insunza presentaron la solicitud argumentando que cometió malversación de fondos públicos, fraude al fisco, exacciones ilegales, negociación incompatible y fraude tributario, con lo cual habría engrosado su fortuna. De este modo se adelantaron a los servicios estatales de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado, los que, pese a que presentaron querellas criminales contra el ex general, no han pedido su detención ni desafuero. [Reuters]

Anexo

Cuba Va

Ángel Guerra Cabrera
aguerra12@prodigy.net.mx

Con 5 por ciento de crecimiento económico en 2004, Cuba continúa la recuperación sostenida desde 1994 después de la crisis provocada por el derrumbe soviético. El turismo, la producción de petróleo y de níquel han crecido exponencialmente desde entonces; la inversión estatal y extranjera han permitido reanimar muchas industrias y crear nuevas.

La economía cubana ha sido capaz de rescatar y perfeccionar los sistemas de educación y salud, así como de posibilitar el arranque de decenas de nuevos programas sociales como la municipalización de la universidad, cursos de especialización para jóvenes desvinculados del trabajo y la atención a las personas de la tercera edad. Entre ellos destaca la apertura de dos nuevos canales de televisión educativa que, además de apoyar la labor del maestro en el aula, dedican horas de su programación a difundir películas y materiales de cultura general. En este periodo se dio mantenimiento o se construyeron miles de escuelas, y en la actualidad se hace lo mismo en todos los hospitales del país. Los planes de extensión cultural en la comunidad y de impulso a la actividad artística y literaria se expanden año tras año.

El logro de una mortalidad infantil de 5.8 en 2004 -únicamente superada por Canadá en América- se ubica entre los resultados sociales más sobresalientes.

Quedan pendientes otros problemas como el déficit de vivienda, que fue objeto de un pormenorizado análisis en la sesión de fin de año de la Asamblea Nacional, y el equipamiento de un sistema de transporte colectivo eficiente. En economía la tarea por excelencia es lograr la indispensable correspondencia del salario con el aporte individual y otorgar al peso cubano mayor fuerza liberadora. En esa dirección la reciente desdolarización ha sido un paso importante que habrá de ser seguido de otros. El desafío es dar solución en los próximos años a un grupo de problemas de incidencia social, lo cual fortalecerá el gran consenso logrado por la revolución en un ambiente en que no existen contradicciones políticas de fondo entre el gobierno y la inmensa mayoría de la población.

En este contexto, los acuerdos firmados con Venezuela y China a finales de 2004 y el descubrimiento de un importante yacimiento de crudo en aguas al norte de La Habana se convierten en palancas promisorias para salir definitivamente de la crisis creada por el desplome soviético. Los acuerdos con Caracas, además de suministrar a precios fijos y preferenciales el combustible que no aporta la producción nacional, abarcan prácticamente todos los rubros de las dos economías nacionales tomando en cuenta las asimetrías respectivas y sientan un precedente para que otros países de América Latina se rijan en sus intercambios por sus principios de solidaridad y fraternidad, que subordinan el mercado al ser humano. Ellos se inscriben en el espíritu integracionista de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), iniciativa del presidente Hugo Chávez, en contraposición con los objetivos recolonizadotes del ALCA. Los acuerdos con China incluyen el otorgamiento de un crédito blando por 500 millones de dólares para la construcción de una empresa mixta de producción de níquel, más otros créditos y posposiciones en el pago de préstamos anteriores a bajo interés.

Estos acuerdos y un crédito otorgado por Brasil ponen de relieve la quiebra de la unipolaridad estadounidense, inclusive en lo relativo a Cuba. No obstante, también subrayan el incremento de la agresividad de la política de Washington hacia La Habana. Un ejemplo claro es la provocación montada por su oficina diplomática en la capital cubana, que entre los adornos navideños desplegados el pasado diciembre en sus jardines colocó un aro que aludía a sus 75 colaboradores sentenciados por los tribunales cubanos a distintas penas de cárcel. A esto el movimiento estudiantil y otros sectores de la sociedad respondieron con mítines de repudio en las afueras de la representación yanqui. Las realizaciones de Cuba en 2004 van acompañadas del colosal esfuerzo adicional que ha requerido su logro bajo el efecto de grandes desastres naturales y de un incremento sustancial del precio del petróleo, a los que se añaden el acoso económico y político imperial durante décadas y la amenaza de una agresión militar directa que exigen una cuantiosa inversión en recursos humanos y financieros.

[La Jornada, 20-01-05]

aguerra12@prodigy.net.mx