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Guatemala, 17 de Marzo de 2005 – Nueva Época número 694
 
 

Tema del día


Una aclaración oportuna

 Erwin Pérez

El pasado 11 de marzo la Corte de Constitucionalidad publicó en el Diario Oficial, su opinión sobre los alcances y limitaciones del artículo 30 de la Constitución Política de Guatemala, que se refiere a la “publicidad de los actos administrativos”.

La opinión fue solicitada por el Congreso de la República en virtud de las variadas interpretaciones que se han hecho al referido artículo que, en esencia, indica que “todos los actos de la administración son públicos.

Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar…”

El centro de las divergencias de opinión se centran, o se centraban en la excepción que incluye el mismo artículo: “salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia”.

Los militares, muy convenientemente, interpretaron que el “salvo” del artículo significaba que ellos estaban exentos a toda fiscalización y que por lo tanto podían, amparados en la Constitución, hacer y deshacer a su antojo, sin que nadie se atreviera a exigirles rendición de cuentas de sus actos. De esa manera el artículo 30 fue tergiversado, manipulado y empleado para beneficio propio. Naturalmente la misma institución armada resultó dañada y denigrada, puesto que algunos de sus miembros, cometieron actos al margen de la legalidad y con ello arrastraron la “honorabilidad” de la que tanto se enorgullecen los oficiales del Ejército guatemalteco.

Para su fortuna y, sobre todo para el positivo avance de la democratización y la transparencia de los asuntos públicos, se han ido descubriendo paulatinamente los usos y abusos que se han cometido en y desde la institución armada. Como las frecuentes transferencias financieras que se realizaron desde los rubros de salud, educación y agricultura hacia las finanzas del Ejército, sin que dichos fondos hayan llegado verdaderamente a la institución castrense, sino que se hayan diluido en los bolsillos personales de varios ex funcionarios, tanto militares como civiles.

En la lógica de los involucrados en este tipo de saqueos, no existía la posibilidad de que se les investigara porque los “asuntos militares” eran secretos. En esta retorcida interpretación de la Constitución y en la corrupción contribuyeron y participaron, desde la esfera militar, algunos Ministros de la Defensa, Jefes del Estado Mayor de la Defensa y de la Presidencia, jefes financieros de dependencias castrenses, bodegueros y personal que cobró cheques sin haber ofrecido ni prestado servicio alguno.

De modo que cuando la acuciosidad de la fiscalización comienza a rebuscar los fondos extraviados se topa con que el ejército no puede darles información y menos documentos que comprueben o desmientan los actos de corrupción tantas veces denunciados. Es en ese momento cuando, denunciante y afectados acuden a la CC para que ésta de su interpretación oficial del artículo 30.

Dentro de las tres dudas planteadas a la CC, por el Congreso, se incluye si cuando el articulo 30 exceptúa de la publicidad los actos administrativos de los asuntos militares o diplomáticos “¿se refiere a compras y contrataciones de insumos para el Ejército de Guatemala?” la respuesta de los magistrados es: NO, sino que se refiere a “aquellos asuntos que son parte de la política de Estado para preservar la integridad física de la nación…”.

Los congresistas también deseaban saber si “¿puede el Ejército ampararse en el artículo 30 para mantener como secreto de Estado la documentación que se refiere a actos administrativos relativos a compras y contrataciones de uniformes, papelería, calzado, vehículos y demás enseres propios de su funcionamiento?” la respuesta vuelve a ser NO. porque para mantener en “secreto” determinados actos, se debe establecer que los mismos se sitúan en los supuestos del concepto de seguridad nacional.

Y el tercer cuestionamiento de los diputados estaba encaminado a conocer “¿cuál es el alcance del contenido del articulo 30 de la Constitución, cuando se habla de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional?, la respuesta reitera que sólo se aplica para asuntos de seguridad.

La opinión consultiva emitida por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad - luego de explicar que uno de los principios fundamentales del Derecho Guatemalteco lo constituye el de la Supremacía Constitucional, y luego de recordar “que el supremo interprete de la Magna Carta es la Corte de Constitucionalidad"- es muy clara en la interpretación jurídica y, en el campo político pone al descubierto la manipulación de cual han sido víctimas los guatemaltecos que bajo coerción pagan sus impuestos.

Una vez interpretado el artículo 30, éste puede ir más allá de los actos de corrupción, y aplicado a eventos más recientes, cabría preguntar si la manifestación de anteayer, en Huehuetenango, ponía en riesgo la “integridad física de la nación” y que ello hizo que las fuerzas armadas reprimieran con disparos – de plomo y no de caucho- a los manifestantes. Obviamente no estaba en riesgo la nación. Bajo esa óptica, es oportuno demandar, amparados en el Articulo 30, de las fuerzas armadas la publicación de quién o quiénes participaron en la represión, más importante aún quiénes la ordenaron y, luego, qué respuesta tiene ante la comunidad nacional e internacional el Presidente Óscar Berger, quien de acuerdo con el artículo 182 de la Carta Magna “es el Comandante general del Ejército”.

{ Los artículos de análisis son de exclusiva responsabilidad de su autor. }

Titulares de primera plana

MEDIO TITULAR
Prensa Libre

Sin acuerdo para detener el TLC

Siglo Veintiuno Se rompe diálogo; seguirán bloqueos
El Periódico Gobierno firme en materia del TLC
La Hora (16-03) Fue publicada sanción a TLC

Noticias principales

Negociación infructuosa. Luego de finalizada la reunión en el palacio Arzobispal, dirigentes del movimiento social, en conferencia de prensa, señalaron que el Ejecutivo había roto el diálogo. Contrario a esto, el vicepresidente Eduardo Stein, sostuvo que en la mesa los dirigentes dijeron lo contrario, que el diálogo no estaba terminado y que consultarían a sus bases. Por su parte el gobierno no cederá ante ninguna de las demandas planteadas, por lo que las protestas de la sociedad civil están previstas para el viernes. Además los dirigentes dijeron que las declaraciones del gobierno sobre que el Ministerio Público investigue las muertes de los campesinos y a quienes hicieron daño a la propiedad privada son expresiones de amenaza y constituyen la ruptura del diálogo. La propuesta del Ejecutivo es conformar un mecanismo multisectorial para monitorear el TLC y aprovechar las oportunidades de estos acuerdos y prever esquemas para los sectores vulnerables. (Martín R. Marvin C. Francisco G. PL: 3)

Demanda Social

Conmoción en Huehuetenango. El campesino Juan López Velásquez, fue asesinado de un tiro en la cabeza sobre el puente Naranjales en Colotenango, mientras protestaba contra el TLC, lo que ha causado incertidumbre, inseguridad y confusión. Eduardo Herrera, Secretario general del magisterio local, asegura que mantendrán las acciones de bloqueo en ese puente, hasta que se dilucide el crimen. En la cabecera departamental unas 100 personas se reunieron frente a la Gobernación, para demandar el esclarecimiento del asesinato de López. Según el director de la PNC, Erwin Sperisen, no descarta que en ese lugar exista un grupo de ex guerrilleros, que se negaron a entregar las armas, esto respaldado por autoridades locales. También señala que había quienes tenían distintivos del Che Guevara y estaban ubicados en puntos estratégicos; por lógica eran personas afines a la ex guerrilla. (Cristóbal Véliz. SV: 2/3)

Política

El gobierno no cede un paso en materia de TLC. Resulta clara la postura del Ejecutivo frente a las demandas de los manifestantes inconformes con el TLC. El gobierno Berger no cree que posean representatividad ni legitimidad, por lo cual no hay que hacerles caso. Aunque el Vicepresidente Stein multiplica los encuentros con líderes de la sociedad civil para renovar el diálogo, las posiciones de Berger y de ministros claves no cambian. Por ejemplo, el Secretario ejecutivo de la Presidencia dijo que los manifestantes sólo son una minoría que no representan la visión del futuro de las mayorías. Frente a la intransigencia del gobierno, el ex Secretario de la SAE Edgar Gutiérrez indicó que “lo peligroso de este discurso es que legitima acciones de fuerza”. También añade el ex funcionario que la negación de la representatividad del movimiento social podría crear la radicalización de este último, debido a la ausencia de canal de intermediación política y mediática. (Juan Carlos Llorca, EP: 2)

Instan a privilegiar diálogo. A través de un comunicado, el Consejo Asesor de Seguridad CAS, pidió al gobierno privilegiar el diálogo, y a los sectores sociales mantener en el marco de la ley su manifestación y rechazo. En el documento el CAS reconoce que el lunes recién pasado, los manifestantes fueron “duramente reprimidos, negándoles su derecho a la protesta legítima”. Esta instancia recomendó al Presidente reconsiderar sus políticas de atención a las protestas y evitar intimidar a la dirigencia del movimiento social. Por su parte, el Encuentro por la Paz y la Democracia hizo un llamado al diálogo para evitar más enfrentamientos entre autoridades y sociedad civil. (Francisco G. Jennyfer P. PL: 4)

Directivos descubren deudas de 2004. Una deuda aún no cuantificada, en concepto de órdenes de pago y contratos dudosos, recibió la actual Junta Directiva, de la que dirigió el Congreso en 2004. Aseguran que analizan los contratos pendientes, para decidir si se realizan o no los pagos. Asimismo, estudian un proyecto de acuerdo en el que establecen las “normas y procedimientos de compras, viáticos al exterior e interior, fondos rotativos y cajas chicas”, por medio del cual esperan transparentar y ordenar el gasto legislativo, ya que hubo errores en varios de los procesos que se siguieron para la adquisición de diferentes bienes. (Fredy Portillo. SV: 4)

Pérez denuncia que Berger se afilió al PSN. El diputado Otto Pérez Molina, Secretario general del Partido Patriota, PP, denunció que desde el 4 de febrero pasado, el presidente Oscar Berger está afiliado a una de las organizaciones que lo llevó a la presidencia; el Partido Solidaridad Nacional, PSN. Pérez Molina indica que eso quebranta la institucionalidad del país, porque el presidente es símbolo de la unidad nacional. Planea llevar el caso al Tribunal Supremo Electoral, TSE, para que decida si con ello el mandatario incurre en irregularidades. También indica el diputado que si el caso lo amerita, se puede presentar una denuncia en el MP. Considera que el mensaje que envía el presidente a los funcionarios de gobierno y empleados públicos es que tomen el mismo camino y se sumen al proyecto. El PSN y el Movimiento Reformador MR, realizan asambleas para solicitar la inscripción de la GANA como partido, con la idea de participar en los comicios generales de 2007. (Oscar Ismatul. SV: 4)

Justicia

Investigan a líderes de organizaciones sociales. El MP inicio ayer las pesquisas con el objetivo de identificar y luego capturar a los autores de actos delictivos durante la protesta del lunes en el Centro Histórico. Juan Luís Florido, jefe del MP, dijo que sean líderes de organizaciones sociales o no, a final de cuenta los que violaron la Ley serán detenidos. Reafirmó la constitucionalidad del derecho a manifestar, pero se debía respetar a la propiedad privada, lo que no fue el caso el lunes. (Abner Guoz, EP: 3)

Acuerdan tribunal contra racismo. Ayer integrantes de cinco agrupaciones indígenas acordaron instalar de manera permanente el tribunal de conciencia contra el racismo y la discriminación. La instauración de este espacio persigue terminar con mentalidades, actitudes y practicas racistas. El tribunal tendría a su cargo analizar casos, escuchar testimonios y emitir sanciones y recomendaciones de carácter moral. Se espera que para el 8 de agosto la instancia quede instalada. (Olga López. PL: 8)

Economía

Iniciativas y sin recursos para la “agenda paralela”. Una semana después de haber ratificado el CAFTA, en la Comisión de Economía del Congreso se presentaron ayer ponencias de investigadores nacionales especializados en el tema para conocer los posibles impactos del TLC. En este marco, el presidente de la Comisión, Mariano Rayo, reconoció que la apresurada ratificación del CAFTA era una decisión política, por lo que consideraban que no se podía atrasar dicho proceso. Frente al consenso de los ponentes de la urgencia de poner en adelante un plan nacional de desarrollo, eso con o sin el CAFTA, Rayo dijo que solamente dos de los 13 puntos de la “agenda complementaria” fueron recibido por el Congreso por qué los otros “son procesos” que son complicados y no se pueden “sacar a la carrera”. De otro lado, si los académicos reconocieron beneficios al CAFTA, también resaltaron muchos aspectos que pueden ser negativos. (Lorena Álvarez, EP: 10)

Gaceta del Diario Oficial

Congreso de la República. Decreto 20-2005: Sede entre la República de Guatemala y el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC). Cuyo propósito es de brindar bienestar a la población ante los desastres naturales.

Congreso de la República. Decreto 21-2005: exonera los derechos arancelarios e impuesto al valor agregado por importación de vehículos aéreos, terrestres, marítimos que son declarados en comiso a favor del Organismo Judicial, los cuales pueden ser subastados o utilizados por dicho poder del Estado.

Congreso de la República. Decreto 23-2005: Ley que declara área protegida el refugio de vida silvestre “punta de manabique”

Congreso de la República. Decreto 24-2005: Reformas a la ley del impuesto sobre la renta, decreto número 26-92 del Congreso y sus reformas.

Congreso de la República. Decreto 25-2005: Ley que declara como área protegida el monumento natural Semuc-Champey.

Presidencia de la República. Acuerdo Gub. 83-2005, se acuerda crear el quinto viceministerio de Comunicaciones, Infraestructura y vivienda.

Ministerio de Gobernación. Acuerdo gubernativo 95-2005 acuérdase Reformar el acuerdo gub. 585-97, reglamento de organización de la Policía Nacional Civil.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Acuerdo gubernativo 87-2005 rea dentro del esquema del MAGA, el programa Vaso de Leche Escolar, que dependerá del Viceministerio de Seguridad Alimentaria.

Agenda

Hasta 31 de marzo : El museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida expone muestra fotográfica sobre imágenes de Brasil. Finca la Aurora, zona 13, de martes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y el sábado y domingo de 9:00 a 12:00 horas. Abierto hasta el 31 de marzo. Entrada libre.

Jueves 17 : Lectura de Poesía erótica por Ana María Rodas y Carolina Escobar Sarti. Fondo De Cultura Económica (6ª Av. 8-65, Zona 9) 19:00 horas. Entrada libre.

Cifras económicas

CONCEPTO
CIFRAS
Promedio Tasa Activa Bancaria
13.50
Promedio Tasa Pasiva Bancaria
5.00
Tipo de Cambio Compra (Banco de Guatemala)
7.59628
Tipo de Cambio Venta (Banco de Guatemala)
7.61817

Editoriales

Prensa Libre

Defensa del orden público. La obligación constitucional de mantener el orden público recae en la Policía Nacional Civil PNC, un cuerpo cuyo historial de corrupción, represión e inacción lo mantiene en el centro de los señalamientos y los reclamos sociales. Su papel es controversial y polémico. La policía no debe tener, jamás, carta blanca para lanzarse a reprimir sin haber agotado las instancias indispensables para proteger la vida humana, porque una actitud violenta sin antecedentes de esfuerzo genuino para evitarlo, sólo lleva a más violencia y confrontación. (PL: 14)

Siglo Veintiuno

Diálogo que nunca vio la luz. Cuando el Gobierno y representantes de la sociedad civil anunciaron el lunes anterior el inicio de un diálogo, fueron muchos los guatemaltecos que anticiparon el fracaso de dicho esfuerzo. Las razones para dudar de los alcances eran razonables, porque desde el viernes anterior, cuando el Congreso aprobó el tratado, también quedo zanjado el destino del RD-CAFTA, capitulo Guatemala. Quizá el error en este caso corresponda achacarlo al Gobierno respecto a que las cartas estaban echadas y de que era imposible dar marcha atrás en ningún aspecto de la negociación del TLC. (SV: 14)

El Periodico

Lo acertado de promulgar el TLC. El TLC constituye nuestra única oportunidad para transformar nuestras capacidades en beneficios para todos. Como parte del fenómeno de globalización, rechazar el CAFTA equivaldría a rechazar el desarrollo económico y social así como condenarnos a la marginación. Partes de la sociedad civil siempre ha tratado de demonizar a Estados Unidos, pero esos tratan de ocultar las dádivas, las ayudas y los apoyos que siempre nos proporcionó este país. Si bien hubiera sido mejor debatir a nivel nacional el CAFTA, pero no hacerse eso no significa que el TLC sea malo. Ha de esperarse que en un futuro próximo los inconformes dejen de taparse los ojos y los oídos. (EP: 16)

Opinión

Carolina Escobar Sarti. La música de la democracia. Aquí suena la música de la democracia, aunque muchos guatemaltecos ni siquiera tengan oído musical. Y digo democracia, porque, amén de que ésta sea más una ilusión que una realidad, el sistema político que tenemos cumple ciertos requisitos formales que nos permiten llamarla así. En cuanto a la música de nuestra democracia, está, por ejemplo, las canciones de cuna que emiten algunos protagonistas de diversos sectores del país, para tratar de evangelizarnos sobre las bondades de sus planteamientos ideológicos, políticos, económicos, religiosos o morales; esas las escucho con cautela, porque casi siempre buscan adormecernos. Está la música de la resistencia, esa que recoge los sonidos en múltiples e inmensos timbales y tamborones que saltan en medio de grandes sinfonías. Como la que estamos escuchando ahora con lo del TLC. Lástima que en más de una ocasión esta música haya terminado convertida en marcha fúnebre. Marzo ha sido agitado para Guatemala. Las manifestaciones de descontento contra un TLC aprobado por una mayoría de diputados sin haber sido previamente consultado con la población, se han dado en todo el territorio nacional. ¿No saben los que dijeron que sí a ciegas al TLC, que lo que la población tiene es incertidumbre sobre su futuro? Parece que no hemos aprendido a calmar nuestras incertidumbres sino a través de la violencia y eso dice mucho de quiénes somos como país. Viniendo el mandato de donde vino, y siendo nuestros gobiernos lo que son y han sido, era de suponer que el TLC se aprobara. Mientras un país no es país sino colonia, así suceden las cosas. (PL: 16)

Adrián Zapata. El costo político nacional del TLC. En el debate que tiene enfrentados a opositores y promotores del TLC no hay espacios de encuentro. Según Berger con el tratado ya ni siquiera habrá migrantes, todos viviremos felices en nuestra patria. Para los dirigentes sociales la ratificación del TLC constituye la partida de defunción de la soberanía nacional. Al momento de analizar el costo político nacional que el TLC tiene para los guatemaltecos. Primero, fue una negociación hecha por un gobierno que representaba a las mafias y que su visión antiempresarial, así como la necesidad que en ese momento tenía de ser "recertificado", difícilmente lo pudo haber colocado en una posición de defensa de los intereses nacionales. Segundo, las asimetrías existentes entre las partes negociantes hacen del término "negociación" un eufemismo. Tercero, se desgastó aún más la legitimidad democrática. La percepción ciudadana es que las negociaciones con la "oposición" tuvieron las leyes compensatorias como la pantalla de otros arreglos entre políticos "perseguidos" y gobierno "perseguidor". Los "representantes del pueblo" se tuvieron que encerrar entre bayonetas que los protegían de la "plebe" para, en la intimidad, acceder a las presiones del procónsul que con ojo avizor los vigilaba y estuvo presto a congratularse cuando los padres de la patria agacharon la cabeza y levantaron la mano. Cuarto, el TLC ya debilitó aún más nuestro sistema político y polarizó la sociedad. Gobierno y empresarios alineados en la defensa de los intereses tradicionales del gran capital (nacional y extranjero) y sectores sociales empujados por la intolerancia a una oposición progresivamente antisistémica. Ante la ratificación del Tratado, es urgente buscar acuerdos nacionales que nos viabilicen como país en el concierto mundial, pero no a costa de beneficiar a cada vez más restringidas minorías, en perjuicio de los excluidos de siempre. Gobierno y empresarios deberían entender que acuerdos no significa subordinación a sus visiones e intereses y que la inconformidad social no se resuelve manteniendo a pendencieros en Gobernación. (SV: 15)

Edgar Gutiérrez. TLC, el día después. Una de las transformaciones más importantes que ocurrirá a raíz de la ratificación del TLC es que afectará las estructuras de poder económico y el régimen político. La liberalización desprotegerá rápidamente a los monopolios y oligopolios tradicionales que no podrán sentarse más sobre el estilo tradicional de “administración” de la competencia exterior. Si bien podrán realizar alianzas, no se encontrarán en una posición de fuerza sino como socios subordinados. Para hacer frente a los desafíos del TLC, se debe diseñar un nuevo marco institucional para el Estado. De quedarse en la situación actual el Estado no tiene los recursos para emprender compensadores sociales que de toda forma no bastarán. El crecimiento económico que trae desarrollo se sustenta en encontrar nuevas áreas de actividades económicas, y fue demostrado que el sector privado fracasa a menudo en descubrir nuevos mercados. Por eso el Estado debe jugar un nuevo papel y se necesita su intervención en la economía, pero no de forma patrimonialista como se hace desde hace más de 200 años. (EP: 17)

América Central

Honduras. Reclaman incrementos salariales empleados públicos. En demanda de un aumento salarial retroactivo desde 2001, aumento aprobado con antelación por el Congreso, miles de funcionarios agremiados a la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras, ANDEPH, paralizaron seis ministerios además de los servicios de salud. El ministro de finanzas, William Chong Wong, indicó que el gobierno se niega a cumplir sus compromisos por qué podría comprometer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, muy esperado por la administración Maduro. De cumplirse los pagos atrasados, que suman 34,1 millones de dólares, dicen fuentes oficiales que ya no se les aliviaría la deuda externa del país, que asciende a 960 millones de dólares. Se prevé que la huelga dure hasta hoy. De seguir las manifestaciones podría profundizarse la crisis de gobernabilidad que vive el país, dado que se sumaron al paro estudiantes, médicos campesinos y ambientalistas. (Prensa latina)

Nicaragua. Admite jefe del ejército “enfriamiento” de relaciones con EEUU. El general Omar Halleslevens, jefe del ejército de este país centroamericano, confesó ayer a la prensa que se enfriaron “un poco” las relaciones con Estados Unidos, como lo demuestra la ausencia de funcionarios norteamericanos en diversas actividades organizadas por el Estado nicaragüense. El conflicto se centra en que los estadounidenses ejercen presiones fuertes para que Nicaragua elimine la totalidad de su arsenal de SAM-7, por miedo a que ésos caen en manos de supuestos terroristas. Por su parte, el año pasado el presidente Bolaños mando destruir más de mil de los misiles subministrados por la Unión Soviética al entonces gobierno sandinista, pero la oposición liberal y sandinista, mayoritaria en la Asamblea Nacional, declaró la medida lesiva para la soberanía y consiguió hasta el momento bloquear la destrucción de los cohetes. En el marco de la visita a Nicaragua de la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos y Militares Rose Likins, el general Halleslevens informó los funcionarios estadounidenses que el país centroamericano desea conservar al menos 20 % de su arsenal de SAM-7, por lo que los norteamericanos están molestos desde este momento. (Prensa latina)

Panamá. Obreros se oponen a incremento de edad de jubilación. Cientos de trabajadores sindicalizados manifestaron ayer su rechazo a la posible reforma de la seguridad social, reforma que quiere emprender el gobierno de Martín Torrijos. Mariano Mena, dirigente sindical, rechazó “cualquier propuesta que represente un cambio a los parámetros actuales en la institución y que afecten a los trabajadores". La reforma contempla aumentar la edad de jubilación así cómo aumentar las cuotas de los trabajadores a la seguridad social. Frente al déficit que enfrenta la institución social, los sindicalistas proponen entre otras cosas que el gobierno utilice sus acciones de las empresas privatizadas de electricidad y telecomunicaciones para sacarla de la crisis financiera. (Houston Chronicle)

Honduras. Cardenal critica a compañías mineras. Oscar Andrés Rodríguez, Cardenal y Arzobispo de la ciudad de Tegucigalpa, criticó fuertemente que se haya otorgado concesiones mineras a empresas canadienses y estadounidenses que explotan 31 % del territorio del país. El prelado sentenció que "la finalidad de nuestros recursos naturales, agua, bosques y minas no es la de servir únicamente como bienes mercantiles para unos pocos... son bienes sociales y ecológicos que deben aprovecharse para generar bienestar a las generaciones futuras”. Añadió que la “explotación indiscriminada de nuestros recursos minerales y forestales, sin una comprometida ética social, pone en grave peligro la finalidad primaria de la creación: sustentar la vida de las generaciones humanas”. (Houston Chronicle)

Resto del mundo

Cisjordania. Palestinos anunciarán hoy tregua condicional. El Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, declaró que hoy se anunciará el texto acordado por los trece grupos militantes palestinos sobre una tregua que irá acompañada de ciertas condiciones. Los grupos palestinos llevan tres días reunidos en El Cairo con la ANP. Abbas declaró que esta tregua, que él llamó "periodo de tranquilidad", se declarará a cambio de que Israel "cese todas sus agresiones contra los palestinos, permita el retorno de los deportados y vuelva a las posiciones que tenía antes del 28 de septiembre de 2000", es decir, antes del estallido de la segunda intifada. El Presidente palestino no dijo cuál sería la duración de ese "periodo de tranquilidad", pero dejó entender que puede ser ilimitado. [El Economista]

Italia. Berlusconi dice, tras hablar con Bush, que retirada fue sólo "un deseo". El primer ministro, Silvio Berlusconi, redujo en sólo 24 horas a "un deseo" su anuncio de retirada paulatina de las tropas italianas en Irak a partir del próximo mes de septiembre, tras mantener una conversación con el presidente Bush. "Nunca se ha fijado una fecha y la de septiembre es sólo la deseable", dijo Berlusconi. Aseguró que la retirada se hará de acuerdo con los aliados y dependiendo de la capacidad para garantizar la seguridad que vayan adquiriendo los iraquíes. Todos los analistas insisten en que Berlusconi, ante las importantes elecciones regionales de abril, miró a los sondeos antes de anunciar ese repliegue. Las encuestas señalan que el 70% de los italianos pide el retorno de las tropas. [El Mundo.es]

EEUU. Cámara Representantes aprueba 81,000 millones dólares para Irak. La Cámara de Representantes de EU aprobó una partida presupuestaria extra de 81,400 millones de dólares para la reconstrucción y gastos militares en Irak y Afganistán. La propuesta de ley en la que se incluye este fondo pasará ahora al Senado. De resultar aprobada esta cantidad, el coste de las guerras en Irak y Afganistán se elevará para Estados Unidos por encima de los 300,000 millones de dólares, una cantidad muy superior a lo calculado inicialmente. De los 81.400 millones de dólares, 76.800 se destinarán a gastos de defensa. [EFE ]

Irak - Afganistán. Mueren 108 en prisiones controladas por EEUU. Por lo menos 108 personas han muerto en cárceles estadounidenses en Irak y Afganistán, en la mayoría de los casos bajo circunstancias violentas. De los fallecidos, por lo menos 26 han sido investigadas como homicidios delictivos que involucraron la interrogación y el abuso de prisioneros por el personal estadounidense. 29 fueron atribuidas a causas naturales o accidentes y 22 fueron atribuidas a ataques con morteros lanzados por los insurgentes. Por lo menos 20 fueron atribuidas a "homicidios justificables", casos en que los investigadores consideraron que los soldados estadounidenses utilizaron apropiadamente la fuerza máxima. "Pese a los informes de los militares sobre las muertes y abusos de detenidos, es increíble que nuestro gobierno sigue pretendiendo que lo sucedido es obra de unos cuantos soldados desobedientes", dijo el director ejecutivo de la ACLU, Anthony D. Romero."Nadie al más alto nivel de nuestro gobierno ha sido responsabilizado por la tortura y los abusos, y ello es inaceptable", añadió. [El Universal]

Afganistán. Visita de Rice oscurecida por bomba. La explosión de una bomba en el sur de Afganistán mató hoy a al menos cinco personas mientras la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, en una visita, prometió el compromiso de Washington para respaldar la transición a la democracia. Rice alabó el progreso que ha hecho Afganistán desde que las fuerzas estadounidenses ayudaron a la oposición a expulsar a la milicia talibán. La explosión en Kandahar, que además hirió a más de 30 personas, fue el peor ataque en el país desde agosto. A la vez, el presidente Hamid Karzai anunció que las elecciones parlamentarias serán en septiembre, y no en mayo como estaban previstas, debido a "problemas logísticos". [Reuters; Nuevo Herald]

América Latina. Progreso contra la corrupción. El presidente de Transparencia Internacional, Peter Eigen, declaró que los países de América Latina están experimentando progresos muy positivos contra la corrupción. "En regiones como Latinoamérica no es ya tan necesario el aumento de la regulación como la creación de programas de sanciones efectivos que conviertan la corrupción en una actividad demasiado peligrosa para ser rentable." Al presentar el informe Corrupción Global 2005, la responsable del programa de contratación de TI, Juanita Olaya, estimó que "Latinoamérica tiene una sociedad civil muy clara y definida, que tiende a ser muy activa", factor que está provocando una mayor respuesta de la población ante la corrupción existente. [El Universal]

OEA. 7 de abril, elección del secretario general. El próximo 7 de abril se elegirá al nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, acordó el Consejo Permanente de este organismo, luego de aprobar una resolución que modificó la fecha originalmente propuesta (30 de marzo), a petición de Chile. Chile solicitó el cambio debido a que el canciller de su país tenía programada una visita a Ramallah, Palestina. Los tres aspirantes a ocupar la secretaría general del organismo multilateral son el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Ernesto Derbez; el ministro del Interior de Chile, José Miguel Insulza, y el ex presidente de El Salvador Francisco Flores. [La Jornada]

Bolivia. Terminan los bloqueos en carreteras. Las carreteras amanecieron hoy expeditas tras 18 días de bloqueos por parte de los sindicatos campesinos, pero la incertidumbre sobre la crisis política se mantiene tras el pedido del presidente Carlos Mesa de anticipar las elecciones para el 28 de agosto. El congreso decidirá hoy el pedido de Mesa en una sesión conjunta aunque, por separado, algunos legisladores anticiparon que se podría rechazar la propuesta. Los bloqueos fueron en exigencia de que la ley de hidrocarburos incluye un 50% de regalías a las petroleras en lugar del 18% actual. Se suspendieron después de que la Cámara de Diputados aprobara una propuesta que se acerca a la demanda de los sindicatos, pero que fue calificada como "suicida" por Mesa ante lo cual decidió acortar en dos años su mandato. [La Voz]

Anexo


El Consejo Asesor de Seguridad (CAS)

A la Presidencia de la República, organizaciones de la sociedad civil, la comunidad internacional y a la opinión pública en general


Preocupado por los hechos de violencia suscitados en el contexto de las protestas en contra de la suscripción del Tratado de Libre Comercio, manifiesta:

1.  Desde el modelo de seguridad democrática, el gobierno debe privilegiar la prevención y el diálogo; la reacción mediante el uso proporcional de la fuerza debe ser el último recurso, debidamente focalizada y aplicada durante el tiempo estrictamente necesario. Reconocemos que en este momento es posible contener acciones fuera de la ley para garantizar el bienestar y seguridad de la mayor parte de la población, en correspondencia con las normas reconocidas nacional e internacionalmente [1].

2.  Durante los hechos del 14 y 15 de marzo, consideramos que estos principios fueron violentados. Aunque algunas personas incurrieron en hechos delictivos al agredir a las fuerzas policiales, dañaron la propiedad privada y limitaron la libre locomoción, el grueso de participantes se encontraba manifestando pacíficamente, y fue duramente reprimido, negándole su derecho a la protesta legítima.

3.  Preocupa además, las advertencias intimidatorias dirigidas a los líderes de organizaciones populares, hechas públicas antes de la realización de la marcha, creando con ello, un clima de confrontación e inseguridad. Así mismo, que las acciones de diálogo se den sólo después de los hechos de violencia.

4.  La misión institucional del CAS incluye tanto la asesoría directa a la Presidencia como la consulta a la sociedad en temas de seguridad y defensa. En cumplimiento de la misma, se propone lo siguiente:

   a. Que todas las partes involucradas en el conflicto privilegien los mecanismos de diálogo sobre la confrontación y el uso de la violencia.

   b. Que la Presidencia de la República reconsidere sus políticas de atención a las protestas sociales, tomando en cuenta el derecho a la protesta pública, el respeto que el ciudadano merece al ejercerla. Y al mismo tiempo desarrolle las acciones necesarias para garantizar el bienestar de la población más vulnerable.

   c. Que las organizaciones sociales, sin renunciar al derecho de petición y protesta, fortalezcan los mecanismos internos para que sus acciones se desarrollen en el marco de la ley.

Ciudad de Guatemala, 16 de marzo 2005


 
 
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Fuentes del país citadas:
Escritos: Prensa Libre (PL); Siglo Veintiuno (SV); El Periódico (EP); La Hora (LH); Diario de Centroamérica (DC); Al Día (AD); Tiempos del Mundo (TM) • Radiales: Emisoras Unidas (EU), Radio Punto, (RP), Sonora (S) y Guatemala Flash (GF) • Agencias de noticias: Cerigua • Fuentes internacionales frecuentemente citadas: Escritos: El País; El Mundo (España); La Nación (Costa Rica); Granma (Cuba); La Jornada; El Universal ; El Financiero; Reforma (México); El Mercurio (Chile); Página 12 (Argentina); La Opinión de Los Ángeles (Estados Unidos) • Agencias: CNN, BBC, AFP, EFE, REUTERS y AP Otros servicios informativos a su disposición: Reportes Especiales • Reporte Semanal • Investigaciones
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Reporte Diario de análisis de tendencias, servicio informativo de Incidencia Democrática, IDem
Director: Enrique Álvarez Editor: Erwin Pérez Coordinador de producción: Arnoldo Villagrán Analistas: Silvia Orozco, Roberto Mercatante, Dania Rodríguez, Javier De León, Arnoldo Villagrán, Erwin Pérez y Enrique Álvarez Diseño: Elisa Álvarez y Arturo Magaña Fotos e ilustraciones: Roberto Mercatante Correo electrónico: i.dem@i-dem.orghttp://www.i-dem.org
Los documentos podrán ser reproducidos o citados, total o parcialmente,
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