| Tema del día Una aclaración oportuna
Erwin Pérez El pasado 11 de marzo la Corte de Constitucionalidad publicó en el Diario Oficial, su opinión sobre los alcances y limitaciones del artículo 30 de la Constitución Política de Guatemala, que se refiere a la “publicidad de los actos administrativos”. La opinión fue solicitada por el Congreso de la República en virtud de las variadas interpretaciones que se han hecho al referido artículo que, en esencia, indica que “todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar…” El centro de las divergencias de opinión se centran, o se centraban en la excepción que incluye el mismo artículo: “salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia”. Los militares, muy convenientemente, interpretaron que el “salvo” del artículo significaba que ellos estaban exentos a toda fiscalización y que por lo tanto podían, amparados en la Constitución, hacer y deshacer a su antojo, sin que nadie se atreviera a exigirles rendición de cuentas de sus actos. De esa manera el artículo 30 fue tergiversado, manipulado y empleado para beneficio propio. Naturalmente la misma institución armada resultó dañada y denigrada, puesto que algunos de sus miembros, cometieron actos al margen de la legalidad y con ello arrastraron la “honorabilidad” de la que tanto se enorgullecen los oficiales del Ejército guatemalteco. Para su fortuna y, sobre todo para el positivo avance de la democratización y la transparencia de los asuntos públicos, se han ido descubriendo paulatinamente los usos y abusos que se han cometido en y desde la institución armada. Como las frecuentes transferencias financieras que se realizaron desde los rubros de salud, educación y agricultura hacia las finanzas del Ejército, sin que dichos fondos hayan llegado verdaderamente a la institución castrense, sino que se hayan diluido en los bolsillos personales de varios ex funcionarios, tanto militares como civiles. En la lógica de los involucrados en este tipo de saqueos, no existía la posibilidad de que se les investigara porque los “asuntos militares” eran secretos. En esta retorcida interpretación de la Constitución y en la corrupción contribuyeron y participaron, desde la esfera militar, algunos Ministros de la Defensa, Jefes del Estado Mayor de la Defensa y de la Presidencia, jefes financieros de dependencias castrenses, bodegueros y personal que cobró cheques sin haber ofrecido ni prestado servicio alguno. De modo que cuando la acuciosidad de la fiscalización comienza a rebuscar los fondos extraviados se topa con que el ejército no puede darles información y menos documentos que comprueben o desmientan los actos de corrupción tantas veces denunciados. Es en ese momento cuando, denunciante y afectados acuden a la CC para que ésta de su interpretación oficial del artículo 30. Dentro de las tres dudas planteadas
a la CC, por el Congreso, se incluye si cuando el articulo
30 exceptúa de la publicidad los actos administrativos
de los asuntos militares o diplomáticos “¿se
refiere a compras y contrataciones de insumos para el
Ejército de Guatemala?” la respuesta de los
magistrados es: NO, sino que se refiere a “aquellos
asuntos que son parte de la política de Estado
para preservar la integridad física de la nación…”.
Los congresistas también
deseaban saber si “¿puede el Ejército
ampararse en el artículo 30 para mantener como
secreto de Estado la documentación que se refiere
a actos administrativos relativos a compras y contrataciones
de uniformes, papelería, calzado, vehículos
y demás enseres propios de su funcionamiento?”
la respuesta vuelve a ser NO. porque para mantener en
“secreto” determinados actos, se debe establecer
que los mismos se sitúan en los supuestos del concepto
de seguridad nacional.
Y el tercer cuestionamiento de los
diputados estaba encaminado a conocer “¿cuál
es el alcance del contenido del articulo 30 de la Constitución,
cuando se habla de asuntos militares o diplomáticos
de seguridad nacional?, la respuesta reitera que sólo
se aplica para asuntos de seguridad.
La opinión consultiva emitida
por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad
- luego de explicar que uno de los principios fundamentales
del Derecho Guatemalteco lo constituye el de la Supremacía
Constitucional, y luego de recordar “que el supremo
interprete de la Magna Carta es la Corte de Constitucionalidad"-
es muy clara en la interpretación jurídica
y, en el campo político pone al descubierto la
manipulación de cual han sido víctimas los
guatemaltecos que bajo coerción pagan sus impuestos.
Una vez interpretado el artículo
30, éste puede ir más allá de los
actos de corrupción, y aplicado a eventos más
recientes, cabría preguntar si la manifestación
de anteayer, en Huehuetenango, ponía en riesgo
la “integridad física de la nación”
y que ello hizo que las fuerzas armadas reprimieran con
disparos – de plomo y no de caucho- a los manifestantes.
Obviamente no estaba en riesgo la nación. Bajo
esa óptica, es oportuno demandar, amparados en
el Articulo 30, de las fuerzas armadas la publicación
de quién o quiénes participaron en la represión,
más importante aún quiénes la ordenaron
y, luego, qué respuesta tiene ante la comunidad
nacional e internacional el Presidente Óscar Berger,
quien de acuerdo con el artículo 182 de la Carta
Magna “es el Comandante general del Ejército”.
{ Los artículos
de análisis son de exclusiva responsabilidad de
su autor. }
Titulares de
primera plana
| MEDIO |
TITULAR |
| Prensa Libre |
Sin acuerdo para detener el TLC |
| Siglo Veintiuno |
Se rompe diálogo; seguirán
bloqueos |
| El Periódico |
Gobierno firme en materia del TLC |
| La Hora (16-03) |
Fue publicada sanción a TLC |
Noticias principales
Negociación
infructuosa. Luego de finalizada la reunión
en el palacio Arzobispal, dirigentes del movimiento social,
en conferencia de prensa, señalaron que el Ejecutivo
había roto el diálogo. Contrario a esto, el
vicepresidente Eduardo Stein, sostuvo que en la mesa los
dirigentes dijeron lo contrario, que el diálogo no
estaba terminado y que consultarían a sus bases.
Por su parte el gobierno no cederá ante ninguna de
las demandas planteadas, por lo que las protestas de la
sociedad civil están previstas para el viernes. Además
los dirigentes dijeron que las declaraciones del gobierno
sobre que el Ministerio Público investigue las muertes
de los campesinos y a quienes hicieron daño a la
propiedad privada son expresiones de amenaza y constituyen
la ruptura del diálogo. La propuesta del Ejecutivo
es conformar un mecanismo multisectorial para monitorear
el TLC y aprovechar las oportunidades de estos acuerdos
y prever esquemas para los sectores vulnerables. (Martín
R. Marvin C. Francisco G. PL: 3)
Demanda Social
Conmoción en Huehuetenango.
El campesino Juan López Velásquez, fue asesinado
de un tiro en la cabeza sobre el puente Naranjales en Colotenango,
mientras protestaba contra el TLC, lo que ha causado incertidumbre,
inseguridad y confusión. Eduardo Herrera, Secretario
general del magisterio local, asegura que mantendrán
las acciones de bloqueo en ese puente, hasta que se dilucide
el crimen. En la cabecera departamental unas 100 personas
se reunieron frente a la Gobernación, para demandar
el esclarecimiento del asesinato de López. Según
el director de la PNC, Erwin Sperisen, no descarta que en
ese lugar exista un grupo de ex guerrilleros, que se negaron
a entregar las armas, esto respaldado por autoridades locales.
También señala que había quienes tenían
distintivos del Che Guevara y estaban ubicados en puntos
estratégicos; por lógica eran personas afines
a la ex guerrilla. (Cristóbal Véliz. SV: 2/3)
Política
El gobierno no cede
un paso en materia de TLC. Resulta clara la postura
del Ejecutivo frente a las demandas de los manifestantes
inconformes con el TLC. El gobierno Berger no cree que posean
representatividad ni legitimidad, por lo cual no hay que
hacerles caso. Aunque el Vicepresidente Stein multiplica
los encuentros con líderes de la sociedad civil para
renovar el diálogo, las posiciones de Berger y de
ministros claves no cambian. Por ejemplo, el Secretario
ejecutivo de la Presidencia dijo que los manifestantes sólo
son una minoría que no representan la visión
del futuro de las mayorías. Frente a la intransigencia
del gobierno, el ex Secretario de la SAE Edgar Gutiérrez
indicó que “lo peligroso de este discurso es
que legitima acciones de fuerza”. También añade
el ex funcionario que la negación de la representatividad
del movimiento social podría crear la radicalización
de este último, debido a la ausencia de canal de
intermediación política y mediática.
(Juan Carlos Llorca, EP: 2)
Instan a privilegiar diálogo.
A través de un comunicado, el Consejo Asesor de Seguridad
CAS, pidió al gobierno privilegiar el diálogo,
y a los sectores sociales mantener en el marco de la ley
su manifestación y rechazo. En el documento el CAS
reconoce que el lunes recién pasado, los manifestantes
fueron “duramente reprimidos, negándoles su
derecho a la protesta legítima”. Esta instancia
recomendó al Presidente reconsiderar sus políticas
de atención a las protestas y evitar intimidar a
la dirigencia del movimiento social. Por su parte, el Encuentro
por la Paz y la Democracia hizo un llamado al diálogo
para evitar más enfrentamientos entre autoridades
y sociedad civil. (Francisco G. Jennyfer P. PL: 4)
Directivos descubren deudas
de 2004. Una deuda aún no cuantificada,
en concepto de órdenes de pago y contratos dudosos,
recibió la actual Junta Directiva, de la que dirigió
el Congreso en 2004. Aseguran que analizan los contratos
pendientes, para decidir si se realizan o no los pagos.
Asimismo, estudian un proyecto de acuerdo en el que establecen
las “normas y procedimientos de compras, viáticos
al exterior e interior, fondos rotativos y cajas chicas”,
por medio del cual esperan transparentar y ordenar el gasto
legislativo, ya que hubo errores en varios de los procesos
que se siguieron para la adquisición de diferentes
bienes. (Fredy Portillo. SV: 4)
Pérez denuncia que
Berger se afilió al PSN. El diputado Otto
Pérez Molina, Secretario general del Partido Patriota,
PP, denunció que desde el 4 de febrero pasado, el
presidente Oscar Berger está afiliado a una de las
organizaciones que lo llevó a la presidencia; el
Partido Solidaridad Nacional, PSN. Pérez Molina indica
que eso quebranta la institucionalidad del país,
porque el presidente es símbolo de la unidad nacional.
Planea llevar el caso al Tribunal Supremo Electoral, TSE,
para que decida si con ello el mandatario incurre en irregularidades.
También indica el diputado que si el caso lo amerita,
se puede presentar una denuncia en el MP. Considera que
el mensaje que envía el presidente a los funcionarios
de gobierno y empleados públicos es que tomen el
mismo camino y se sumen al proyecto. El PSN y el Movimiento
Reformador MR, realizan asambleas para solicitar la inscripción
de la GANA como partido, con la idea de participar en los
comicios generales de 2007. (Oscar Ismatul. SV: 4)
Justicia
Investigan a líderes
de organizaciones sociales. El MP inicio ayer las
pesquisas con el objetivo de identificar y luego capturar
a los autores de actos delictivos durante la protesta del
lunes en el Centro Histórico. Juan Luís Florido,
jefe del MP, dijo que sean líderes de organizaciones
sociales o no, a final de cuenta los que violaron la Ley
serán detenidos. Reafirmó la constitucionalidad
del derecho a manifestar, pero se debía respetar
a la propiedad privada, lo que no fue el caso el lunes.
(Abner Guoz, EP: 3)
Acuerdan tribunal contra racismo.
Ayer integrantes de cinco agrupaciones indígenas
acordaron instalar de manera permanente el tribunal de conciencia
contra el racismo y la discriminación. La instauración
de este espacio persigue terminar con mentalidades, actitudes
y practicas racistas. El tribunal tendría a su cargo
analizar casos, escuchar testimonios y emitir sanciones
y recomendaciones de carácter moral. Se espera que
para el 8 de agosto la instancia quede instalada. (Olga
López. PL: 8)
Economía
Iniciativas y sin recursos
para la “agenda paralela”. Una semana
después de haber ratificado el CAFTA, en la Comisión
de Economía del Congreso se presentaron ayer ponencias
de investigadores nacionales especializados en el tema para
conocer los posibles impactos del TLC. En este marco, el
presidente de la Comisión, Mariano Rayo, reconoció
que la apresurada ratificación del CAFTA era una
decisión política, por lo que consideraban
que no se podía atrasar dicho proceso. Frente al
consenso de los ponentes de la urgencia de poner en adelante
un plan nacional de desarrollo, eso con o sin el CAFTA,
Rayo dijo que solamente dos de los 13 puntos de la “agenda
complementaria” fueron recibido por el Congreso por
qué los otros “son procesos” que son
complicados y no se pueden “sacar a la carrera”.
De otro lado, si los académicos reconocieron beneficios
al CAFTA, también resaltaron muchos aspectos que
pueden ser negativos. (Lorena Álvarez, EP: 10)
Gaceta del Diario Oficial
Congreso de la República.
Decreto 20-2005: Sede entre la República de Guatemala
y el Centro de Coordinación para la Prevención
de Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC).
Cuyo propósito es de brindar bienestar a la población
ante los desastres naturales.
Congreso de la República.
Decreto 21-2005: exonera los derechos arancelarios e impuesto
al valor agregado por importación de vehículos
aéreos, terrestres, marítimos que son declarados
en comiso a favor del Organismo Judicial, los cuales pueden
ser subastados o utilizados por dicho poder del Estado.
Congreso de la República.
Decreto 23-2005: Ley que declara área protegida el
refugio de vida silvestre “punta de manabique”
Congreso de la República.
Decreto 24-2005: Reformas a la ley del impuesto sobre la
renta, decreto número 26-92 del Congreso y sus reformas.
Congreso de la República.
Decreto 25-2005: Ley que declara como área protegida
el monumento natural Semuc-Champey.
Presidencia de la República.
Acuerdo Gub. 83-2005, se acuerda crear el quinto viceministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y vivienda.
Ministerio de Gobernación.
Acuerdo gubernativo 95-2005 acuérdase Reformar el
acuerdo gub. 585-97, reglamento de organización de
la Policía Nacional Civil.
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación. Acuerdo
gubernativo 87-2005 rea dentro del esquema del MAGA, el
programa Vaso de Leche Escolar, que dependerá del
Viceministerio de Seguridad Alimentaria.
Agenda
Hasta
31 de marzo : El
museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida expone
muestra fotográfica sobre imágenes de Brasil.
Finca la Aurora, zona 13, de martes a viernes de 9:00 a
16:00 horas y el sábado y domingo de 9:00 a 12:00
horas. Abierto hasta el 31 de marzo. Entrada libre.
Jueves
17 : Lectura de Poesía erótica
por Ana María Rodas y Carolina Escobar Sarti. Fondo
De Cultura Económica (6ª Av. 8-65, Zona 9) 19:00
horas. Entrada libre.
Cifras económicas
| |
CIFRAS |
Promedio Tasa Activa Bancaria
|
13.50 |
| Promedio Tasa Pasiva Bancaria |
5.00 |
Tipo de Cambio Compra (Banco de Guatemala) |
7.59628 |
| Tipo de Cambio Venta (Banco de Guatemala) |
7.61817 |
Editoriales
Prensa Libre
Defensa del orden público. La obligación
constitucional de mantener el orden público recae en
la Policía Nacional Civil PNC, un cuerpo cuyo historial
de corrupción, represión e inacción lo
mantiene en el centro de los señalamientos y los reclamos
sociales. Su papel es controversial y polémico. La
policía no debe tener, jamás, carta blanca para
lanzarse a reprimir sin haber agotado las instancias indispensables
para proteger la vida humana, porque una actitud violenta
sin antecedentes de esfuerzo genuino para evitarlo, sólo
lleva a más violencia y confrontación. (PL:
14)
Siglo Veintiuno
Diálogo que
nunca vio la luz. Cuando el Gobierno y representantes
de la sociedad civil anunciaron el lunes anterior el inicio
de un diálogo, fueron muchos los guatemaltecos que
anticiparon el fracaso de dicho esfuerzo. Las razones para
dudar de los alcances eran razonables, porque desde el viernes
anterior, cuando el Congreso aprobó el tratado, también
quedo zanjado el destino del RD-CAFTA, capitulo Guatemala.
Quizá el error en este caso corresponda achacarlo
al Gobierno respecto a que las cartas estaban echadas y
de que era imposible dar marcha atrás en ningún
aspecto de la negociación del TLC. (SV: 14)
El Periodico
Lo acertado de promulgar
el TLC. El TLC constituye nuestra única
oportunidad para transformar nuestras capacidades en beneficios
para todos. Como parte del fenómeno de globalización,
rechazar el CAFTA equivaldría a rechazar el desarrollo
económico y social así como condenarnos a
la marginación. Partes de la sociedad civil siempre
ha tratado de demonizar a Estados Unidos, pero esos tratan
de ocultar las dádivas, las ayudas y los apoyos que
siempre nos proporcionó este país. Si bien
hubiera sido mejor debatir a nivel nacional el CAFTA, pero
no hacerse eso no significa que el TLC sea malo. Ha de esperarse
que en un futuro próximo los inconformes dejen de
taparse los ojos y los oídos. (EP: 16)
Opinión
Carolina
Escobar Sarti.
La música de la democracia. Aquí
suena la música de la democracia, aunque muchos guatemaltecos
ni siquiera tengan oído musical. Y digo democracia,
porque, amén de que ésta sea más una
ilusión que una realidad, el sistema político
que tenemos cumple ciertos requisitos formales que nos permiten
llamarla así. En cuanto a la música de nuestra
democracia, está, por ejemplo, las canciones de cuna
que emiten algunos protagonistas de diversos sectores del
país, para tratar de evangelizarnos sobre las bondades
de sus planteamientos ideológicos, políticos,
económicos, religiosos o morales; esas las escucho
con cautela, porque casi siempre buscan adormecernos. Está
la música de la resistencia, esa que recoge los sonidos
en múltiples e inmensos timbales y tamborones que
saltan en medio de grandes sinfonías. Como la que
estamos escuchando ahora con lo del TLC. Lástima
que en más de una ocasión esta música
haya terminado convertida en marcha fúnebre. Marzo
ha sido agitado para Guatemala. Las manifestaciones de descontento
contra un TLC aprobado por una mayoría de diputados
sin haber sido previamente consultado con la población,
se han dado en todo el territorio nacional. ¿No saben
los que dijeron que sí a ciegas al TLC, que lo que
la población tiene es incertidumbre sobre su futuro?
Parece que no hemos aprendido a calmar nuestras incertidumbres
sino a través de la violencia y eso dice mucho de
quiénes somos como país. Viniendo el mandato
de donde vino, y siendo nuestros gobiernos lo que son y
han sido, era de suponer que el TLC se aprobara. Mientras
un país no es país sino colonia, así
suceden las cosas. (PL: 16)
Adrián
Zapata. El costo político
nacional del TLC. En el debate que tiene enfrentados
a opositores y promotores del TLC no hay espacios de encuentro.
Según Berger con el tratado ya ni siquiera habrá
migrantes, todos viviremos felices en nuestra patria. Para
los dirigentes sociales la ratificación del TLC constituye
la partida de defunción de la soberanía nacional.
Al momento de analizar el costo político nacional
que el TLC tiene para los guatemaltecos. Primero, fue una
negociación hecha por un gobierno que representaba
a las mafias y que su visión antiempresarial, así
como la necesidad que en ese momento tenía de ser
"recertificado", difícilmente lo pudo haber
colocado en una posición de defensa de los intereses
nacionales. Segundo, las asimetrías existentes entre
las partes negociantes hacen del término "negociación"
un eufemismo. Tercero, se desgastó aún más
la legitimidad democrática. La percepción
ciudadana es que las negociaciones con la "oposición"
tuvieron las leyes compensatorias como la pantalla de otros
arreglos entre políticos "perseguidos"
y gobierno "perseguidor". Los "representantes
del pueblo" se tuvieron que encerrar entre bayonetas
que los protegían de la "plebe" para, en
la intimidad, acceder a las presiones del procónsul
que con ojo avizor los vigilaba y estuvo presto a congratularse
cuando los padres de la patria agacharon la cabeza y levantaron
la mano. Cuarto, el TLC ya debilitó aún más
nuestro sistema político y polarizó la sociedad.
Gobierno y empresarios alineados en la defensa de los intereses
tradicionales del gran capital (nacional y extranjero) y
sectores sociales empujados por la intolerancia a una oposición
progresivamente antisistémica. Ante la ratificación
del Tratado, es urgente buscar acuerdos nacionales que nos
viabilicen como país en el concierto mundial, pero
no a costa de beneficiar a cada vez más restringidas
minorías, en perjuicio de los excluidos de siempre.
Gobierno y empresarios deberían entender que acuerdos
no significa subordinación a sus visiones e intereses
y que la inconformidad social no se resuelve manteniendo
a pendencieros en Gobernación. (SV: 15)
Edgar
Gutiérrez. TLC, el día
después. Una de las transformaciones más
importantes que ocurrirá a raíz de la ratificación
del TLC es que afectará las estructuras de poder
económico y el régimen político. La
liberalización desprotegerá rápidamente
a los monopolios y oligopolios tradicionales que no podrán
sentarse más sobre el estilo tradicional de “administración”
de la competencia exterior. Si bien podrán realizar
alianzas, no se encontrarán en una posición
de fuerza sino como socios subordinados. Para hacer frente
a los desafíos del TLC, se debe diseñar un
nuevo marco institucional para el Estado. De quedarse en
la situación actual el Estado no tiene los recursos
para emprender compensadores sociales que de toda forma
no bastarán. El crecimiento económico que
trae desarrollo se sustenta en encontrar nuevas áreas
de actividades económicas, y fue demostrado que el
sector privado fracasa a menudo en descubrir nuevos mercados.
Por eso el Estado debe jugar un nuevo papel y se necesita
su intervención en la economía, pero no de
forma patrimonialista como se hace desde hace más
de 200 años. (EP: 17)
América Central
Honduras.
Reclaman incrementos salariales empleados públicos.
En demanda de un aumento salarial retroactivo desde 2001,
aumento aprobado con antelación por el Congreso,
miles de funcionarios agremiados a la Asociación
Nacional de Empleados Públicos de Honduras, ANDEPH,
paralizaron seis ministerios además de los servicios
de salud. El ministro de finanzas, William Chong Wong, indicó
que el gobierno se niega a cumplir sus compromisos por qué
podría comprometer un acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional, FMI, muy esperado por la administración
Maduro. De cumplirse los pagos atrasados, que suman 34,1
millones de dólares, dicen fuentes oficiales que
ya no se les aliviaría la deuda externa del país,
que asciende a 960 millones de dólares. Se prevé
que la huelga dure hasta hoy. De seguir las manifestaciones
podría profundizarse la crisis de gobernabilidad
que vive el país, dado que se sumaron al paro estudiantes,
médicos campesinos y ambientalistas. (Prensa latina)
Nicaragua.
Admite jefe del ejército “enfriamiento”
de relaciones con EEUU. El general Omar Halleslevens,
jefe del ejército de este país centroamericano,
confesó ayer a la prensa que se enfriaron “un
poco” las relaciones con Estados Unidos, como lo demuestra
la ausencia de funcionarios norteamericanos en diversas
actividades organizadas por el Estado nicaragüense.
El conflicto se centra en que los estadounidenses ejercen
presiones fuertes para que Nicaragua elimine la totalidad
de su arsenal de SAM-7, por miedo a que ésos caen
en manos de supuestos terroristas. Por su parte, el año
pasado el presidente Bolaños mando destruir más
de mil de los misiles subministrados por la Unión
Soviética al entonces gobierno sandinista, pero la
oposición liberal y sandinista, mayoritaria en la
Asamblea Nacional, declaró la medida lesiva para
la soberanía y consiguió hasta el momento
bloquear la destrucción de los cohetes. En el marco
de la visita a Nicaragua de la subsecretaria de Estado para
Asuntos Políticos y Militares Rose Likins, el general
Halleslevens informó los funcionarios estadounidenses
que el país centroamericano desea conservar al menos
20 % de su arsenal de SAM-7, por lo que los norteamericanos
están molestos desde este momento. (Prensa latina)
Panamá.
Obreros se oponen a incremento de edad de jubilación.
Cientos de trabajadores sindicalizados manifestaron ayer
su rechazo a la posible reforma de la seguridad social,
reforma que quiere emprender el gobierno de Martín
Torrijos. Mariano Mena, dirigente sindical, rechazó
“cualquier propuesta que represente un cambio a los
parámetros actuales en la institución y que
afecten a los trabajadores". La reforma contempla aumentar
la edad de jubilación así cómo aumentar
las cuotas de los trabajadores a la seguridad social. Frente
al déficit que enfrenta la institución social,
los sindicalistas proponen entre otras cosas que el gobierno
utilice sus acciones de las empresas privatizadas de electricidad
y telecomunicaciones para sacarla de la crisis financiera.
(Houston Chronicle)
Honduras.
Cardenal critica a compañías mineras.
Oscar Andrés Rodríguez, Cardenal y Arzobispo
de la ciudad de Tegucigalpa, criticó fuertemente
que se haya otorgado concesiones mineras a empresas canadienses
y estadounidenses que explotan 31 % del territorio del país.
El prelado sentenció que "la finalidad de nuestros
recursos naturales, agua, bosques y minas no es la de servir
únicamente como bienes mercantiles para unos pocos...
son bienes sociales y ecológicos que deben aprovecharse
para generar bienestar a las generaciones futuras”.
Añadió que la “explotación indiscriminada
de nuestros recursos minerales y forestales, sin una comprometida
ética social, pone en grave peligro la finalidad
primaria de la creación: sustentar la vida de las
generaciones humanas”. (Houston Chronicle)
Resto del mundo
Cisjordania.
Palestinos anunciarán hoy tregua condicional. El
Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas,
declaró que hoy se anunciará el texto acordado
por los trece grupos militantes palestinos sobre una tregua
que irá acompañada de ciertas condiciones.
Los grupos palestinos llevan tres días reunidos en
El Cairo con la ANP. Abbas declaró que esta tregua,
que él llamó "periodo de tranquilidad",
se declarará a cambio de que Israel "cese todas
sus agresiones contra los palestinos, permita el retorno
de los deportados y vuelva a las posiciones que tenía
antes del 28 de septiembre de 2000", es decir, antes
del estallido de la segunda intifada. El Presidente palestino
no dijo cuál sería la duración de ese
"periodo de tranquilidad", pero dejó entender
que puede ser ilimitado. [El Economista]
Italia.
Berlusconi dice, tras hablar con Bush, que retirada fue
sólo "un deseo". El primer ministro,
Silvio Berlusconi, redujo en sólo 24 horas a "un
deseo" su anuncio de retirada paulatina de las tropas
italianas en Irak a partir del próximo mes de septiembre,
tras mantener una conversación con el presidente
Bush. "Nunca se ha fijado una fecha y la de septiembre
es sólo la deseable", dijo Berlusconi. Aseguró
que la retirada se hará de acuerdo con los aliados
y dependiendo de la capacidad para garantizar la seguridad
que vayan adquiriendo los iraquíes. Todos los analistas
insisten en que Berlusconi, ante las importantes elecciones
regionales de abril, miró a los sondeos antes de
anunciar ese repliegue. Las encuestas señalan que
el 70% de los italianos pide el retorno de las tropas. [El
Mundo.es]
EEUU.
Cámara Representantes aprueba 81,000 millones dólares
para Irak. La Cámara de Representantes de
EU aprobó una partida presupuestaria extra de 81,400
millones de dólares para la reconstrucción
y gastos militares en Irak y Afganistán. La propuesta
de ley en la que se incluye este fondo pasará ahora
al Senado. De resultar aprobada esta cantidad, el coste
de las guerras en Irak y Afganistán se elevará
para Estados Unidos por encima de los 300,000 millones de
dólares, una cantidad muy superior a lo calculado
inicialmente. De los 81.400 millones de dólares,
76.800 se destinarán a gastos de defensa. [EFE ]
Irak
- Afganistán. Mueren 108
en prisiones controladas por EEUU. Por lo menos
108 personas han muerto en cárceles estadounidenses
en Irak y Afganistán, en la mayoría de los
casos bajo circunstancias violentas. De los fallecidos,
por lo menos 26 han sido investigadas como homicidios delictivos
que involucraron la interrogación y el abuso de prisioneros
por el personal estadounidense. 29 fueron atribuidas a causas
naturales o accidentes y 22 fueron atribuidas a ataques
con morteros lanzados por los insurgentes. Por lo menos
20 fueron atribuidas a "homicidios justificables",
casos en que los investigadores consideraron que los soldados
estadounidenses utilizaron apropiadamente la fuerza máxima.
"Pese a los informes de los militares sobre las muertes
y abusos de detenidos, es increíble que nuestro gobierno
sigue pretendiendo que lo sucedido es obra de unos cuantos
soldados desobedientes", dijo el director ejecutivo
de la ACLU, Anthony D. Romero."Nadie al más
alto nivel de nuestro gobierno ha sido responsabilizado
por la tortura y los abusos, y ello es inaceptable",
añadió. [El Universal]
Afganistán.
Visita de Rice oscurecida por bomba. La explosión
de una bomba en el sur de Afganistán mató
hoy a al menos cinco personas mientras la secretaria de
Estado norteamericana, Condoleezza Rice, en una visita,
prometió el compromiso de Washington para respaldar
la transición a la democracia. Rice alabó
el progreso que ha hecho Afganistán desde que las
fuerzas estadounidenses ayudaron a la oposición a
expulsar a la milicia talibán. La explosión
en Kandahar, que además hirió a más
de 30 personas, fue el peor ataque en el país desde
agosto. A la vez, el presidente Hamid Karzai anunció
que las elecciones parlamentarias serán en septiembre,
y no en mayo como estaban previstas, debido a "problemas
logísticos". [Reuters; Nuevo Herald]
América
Latina. Progreso contra la corrupción.
El presidente de Transparencia Internacional, Peter Eigen,
declaró que los países de América Latina
están experimentando progresos muy positivos contra
la corrupción. "En regiones como Latinoamérica
no es ya tan necesario el aumento de la regulación
como la creación de programas de sanciones efectivos
que conviertan la corrupción en una actividad demasiado
peligrosa para ser rentable." Al presentar el informe
Corrupción Global 2005, la responsable del programa
de contratación de TI, Juanita Olaya, estimó
que "Latinoamérica tiene una sociedad civil
muy clara y definida, que tiende a ser muy activa",
factor que está provocando una mayor respuesta de
la población ante la corrupción existente.
[El Universal]
OEA.
7 de abril, elección del secretario general.
El próximo 7 de abril se elegirá al nuevo
secretario general de la Organización de Estados
Americanos, acordó el Consejo Permanente de este
organismo, luego de aprobar una resolución que modificó
la fecha originalmente propuesta (30 de marzo), a petición
de Chile. Chile solicitó el cambio debido a que el
canciller de su país tenía programada una
visita a Ramallah, Palestina. Los tres aspirantes a ocupar
la secretaría general del organismo multilateral
son el secretario de Relaciones Exteriores de México,
Luis Ernesto Derbez; el ministro del Interior de Chile,
José Miguel Insulza, y el ex presidente de El Salvador
Francisco Flores. [La Jornada]
Bolivia.
Terminan los bloqueos en carreteras. Las carreteras
amanecieron hoy expeditas tras 18 días de bloqueos
por parte de los sindicatos campesinos, pero la incertidumbre
sobre la crisis política se mantiene tras el pedido
del presidente Carlos Mesa de anticipar las elecciones para
el 28 de agosto. El congreso decidirá hoy el pedido
de Mesa en una sesión conjunta aunque, por separado,
algunos legisladores anticiparon que se podría rechazar
la propuesta. Los bloqueos fueron en exigencia de que la
ley de hidrocarburos incluye un 50% de regalías a
las petroleras en lugar del 18% actual. Se suspendieron
después de que la Cámara de Diputados aprobara
una propuesta que se acerca a la demanda de los sindicatos,
pero que fue calificada como "suicida" por Mesa
ante lo cual decidió acortar en dos años su
mandato. [La Voz]
Anexo
El Consejo Asesor de Seguridad (CAS)
A la Presidencia
de la República, organizaciones de la sociedad civil,
la comunidad internacional y a la opinión pública
en general
Preocupado por los hechos de violencia
suscitados en el contexto de las protestas en contra de
la suscripción del Tratado de Libre Comercio, manifiesta:
1. Desde el
modelo de seguridad democrática, el gobierno debe
privilegiar la prevención y el diálogo; la
reacción mediante el uso proporcional de la fuerza
debe ser el último recurso, debidamente focalizada
y aplicada durante el tiempo estrictamente necesario. Reconocemos
que en este momento es posible contener acciones fuera de
la ley para garantizar el bienestar y seguridad de la mayor
parte de la población, en correspondencia con las
normas reconocidas nacional e internacionalmente [1].
2. Durante
los hechos del 14 y 15 de marzo, consideramos que estos
principios fueron violentados. Aunque algunas personas incurrieron
en hechos delictivos al agredir a las fuerzas policiales,
dañaron la propiedad privada y limitaron la libre
locomoción, el grueso de participantes se encontraba
manifestando pacíficamente, y fue duramente reprimido,
negándole su derecho a la protesta legítima.
3. Preocupa
además, las advertencias intimidatorias dirigidas
a los líderes de organizaciones populares, hechas
públicas antes de la realización de la marcha,
creando con ello, un clima de confrontación e inseguridad.
Así mismo, que las acciones de diálogo se
den sólo después de los hechos de violencia.
4. La misión
institucional del CAS incluye tanto la asesoría directa
a la Presidencia como la consulta a la sociedad en temas
de seguridad y defensa. En cumplimiento de la misma, se
propone lo siguiente:
a.
Que todas las partes involucradas en el conflicto privilegien
los mecanismos de diálogo sobre la confrontación
y el uso de la violencia.
b.
Que la Presidencia de la República reconsidere sus
políticas de atención a las protestas sociales,
tomando en cuenta el derecho a la protesta pública,
el respeto que el ciudadano merece al ejercerla. Y al mismo
tiempo desarrolle las acciones necesarias para garantizar
el bienestar de la población más vulnerable.
c.
Que las organizaciones sociales, sin renunciar al derecho
de petición y protesta, fortalezcan los mecanismos
internos para que sus acciones se desarrollen en el marco
de la ley.
Ciudad de Guatemala, 16 de marzo 2005
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